Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron las observaciones que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la llamada “ley 3de3”.
Las correcciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se refieren a eliminar la obligatoriedad de que presenten declaraciones patrimonial y de intereses, los empresarios, becarios y beneficiarios de programas sociales que reciban o administren recursos públicos.
Con la mayoría de votos del PRI y PAN se avaló el dictamen de la también conocida “ley 3de3″, por lo que se prevé sean debatidas y en su caso aprobadas en la sesión del periodo extraordinario convocado para este martes a las 13:00 horas en el Pleno del Senado.
Las observaciones al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fueron aprobadas por la mayoría de votos de los senadores del PRI, PAN y la senadora independiente Martha Tagle Martínez y la abstención de los senadores del PRD.
En ese sentido, dicho articulado señala que únicamente “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Organo interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley.
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación en la materia”.
Al respecto, el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que su bancada presentará en la sesión extraordinaria de este martes, un voto particular en contra de las observaciones del Ejecutivo Federal.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero Morales, reconoció que haber incluido a los empresarios como sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de interés fue una buena reserva, pero con una mala redacción.
Se comprometen a “certificación ética”
El sector empresarial se comprometió con
el gobierno federal a impulsar un programa anticorrupción para empresas en el
que en todas las licitaciones con el gobierno se entreguen certificados de
ética comercial, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y así
evitar la aplicación de la Ley 3 de 3 para particulares.
Entre los compromisos están consecuencias
como la inhabilitación para las empresas que falseen información, publica el
diario El Universal.
Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, anunció que el pasado 21 de junio se reunió en
Los Pinos con Enrique Peña Nieto para hacerle dicha propuesta y externarle sus
preocupaciones respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Le pareció positivo. No está dentro
de la ley, es simplemente una política empresarial que proponemos entre las
empresas”, dijo Castañón a El Universal.
Para evitar que alguien corrompa y
alguien sea corrompido, los funcionarios deberán tomar cursos para evitar
prácticas corruptivas siempre que una empresa desee participar en alguna
licitación o concurso público, y así poder extenderles el “certificado de
buenas prácticas”.