Matteo Renzi es el primer ministro más joven que ha gobernado la República Italiana. Su administración ha buscado inyectar dinamismo y competitividad a la economía mediante reformas laborales, educativas, financieras y administrativas. Por lo pronto, ya hay señales de recuperación, pero aún queda mucho por hacer.
La Italia que este 2016 cumple 70 años de haberse constituido como república, se perfila con grandes retos en el ámbito socio-económico, pero también con nuevas herramientas institucionales que podrían resultar muy útiles para hacerles frente a esos desafíos de manera decisiva y sistemática.
La caída del fascismo y el final de la Segunda Guerra Mundial dejaron una Italia humillada por la ocupación aliada, sumergida en la pobreza y abatida por el caos que reinaba entre las fuerzas políticas que hasta entonces se habían organizado en la resistencia. El referendo del 2 de junio de 1946 constituyó el primer paso en el terreno institucional, después de la destrucción que el fascismo y la guerra habían significado.
La democracia italiana nació con un sistema parlamentario bicameral donde ambas cámaras gozaban de los mismos poderes, y un sistema electoral de representación proporcional que alentó la formación de múltiples partidos políticos e impuso la necesidad de armar y sostener coaliciones legislativas a fin de formar gobierno.
Los problemas que ahora se asocian a este tipo de diseños institucionales no eran obvios en esos inicios. Rápidamente, después de conformada la nueva república democrática, ésta se convirtió en miembro de la OTAN, ONU y de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. La alianza con los Estados Unidos le permitió recibir beneficios económicos a través del Plan Marshall, el esquema que hizo factible la reconstrucción de Europa.
El despegue económico durante las décadas de 1950 y 1960 ha sido llamado milagroso, pues en poco menos de una generación Italia pasó de ser una economía agrícola devastada por la guerra, a ocupar uno de los primeros lugares entre los países industrializados gracias a la producción de bienes de lujo de la más alta calidad.
Los años 90 estuvieron marcados por escándalos de corrupción conocidos como tangentopoli, y por investigaciones de Mani Pulite de funcionarios presuntamente implicados en actos de corrupción. Fue un duro golpe a la estructura política italiana y virtualmente acabaron con la Democracia Cristiana y los socialistas. Pese a la inestabilidad, sucesivas coaliciones de centro-izquierda pudieron imponer la disciplina económica necesaria para que Italia ingresara a la zona del Euro.
La debacle política vio la recomposición de fuerzas así como el surgimiento de otras. Casos destacados son la Liga del Norte y la Alianza Nacional (los neo-fascistas), pero el que más resuena fuera de Italia es el caso de Silvio Berlusconi, quien al frente de Forza Italia y de diversas coaliciones de centro-derecha, se convirtió en uno de los principales protagonistas del escenario político italiano.
Diversas coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda se alternaron entre 2001 y 2011. El desempeño económico ya venía arrastrando deficiencias con tasas de crecimiento mediocres (de 1.26% promedio entre 1992 y 2008), en buena medida derivadas de bajos niveles de productividad, una elevada deuda pública y altas tasas de inflación.
La crisis financiera del 2008 golpeó a una Italia ya bastante débil e indujo a una recesión como no se había visto desde la guerra. La contracción económica significó una presión adicional sobre las finanzas públicas, que obligó al Banco Central a inyectar liquidez a los bancos nacionales para que pudieran financiar al gobierno a través de la compra de bonos de deuda.
La recuperación ha sido difícil para el país y los ciudadanos han tenido que enfrentar crecientes niveles de desempleo, impuestos más elevados y recortes al gasto público.
El descontento social con el estancamiento económico se vio reflejado en el repudio a la partitocracia, a la que se percibía como más interesada en preservar sus privilegios y en formar y derrocar gobiernos, que en atender las necesidades de los electores. La clase política no desestimó por completo este descontento y buscó introducir reformas a la ley electoral.
Italia ha visto la formación y recomposición de nueve partidos políticos “grandes”, cerca de 32 “pequeños”, y más de 45 partidos regionales. Un par de referendos en los que de manera abrumadora los votantes exigían un cambio a las reglas electorales impulsaron diversas reformas a favor de un sistema mixto, es decir, una combinación de representación proporcional y mayoría relativa.
Estas reformas, no obstante, parecen haber hecho poco contra los problemas que buscaban atacar. La renuncia de Berlusconi en medio de la emergencia económica provocada por la crisis dio lugar a un gobierno de transición (2011-13) puramente tecnocrático, convocado por el presidente Giorgio Napolitano, uno de los políticos más prominentes de izquierda.
Las elecciones generales de 2013 no dieron a ninguna de las coaliciones la mayoría necesaria para formar gobierno. El gabinete de Enrico Letta (Partido Democrático) duró 300 días puesto que su propio partido le retiró el apoyo para favorecer al actual Primer Ministro Matteo Renzi. Renzi, un político con una carrera relativamente corta en Florencia, se convirtió a los 39 años en el Primer Ministro más joven que ha gobernado Italia.
El gobierno de Renzi ha buscado inyectar dinamismo y competitividad a la economía a través de amplias reformas laborales, educativas, financieras y administrativas. Aunque la economía italiana empezó a dar señales de recuperación, los bajos niveles de inversión y consumo así como el estancamiento de la productividad total de los factores y las altas tasas de desempleo entre los jóvenes aún generan preocupación en el gobierno y en la Unión Europea.
Se han introducido reformas institucionales con el potencial de transformar el sistema a profundidad. La reforma electoral aprobada el 4 de mayo del 2015 otorga al partido que gane el 40% del voto popular, los asientos adicionales para crear una mayoría en la Cámara de Diputados. Si ningún partido alcanzara ese porcentaje, habría una segunda vuelta en la que los dos partidos con el mayor número de votos competirían por la mayoría.
El complemento de la nueva ley electoral es una reforma constitucional que elimina la igualdad de poderes que existía entre la Cámara de Diputados y el Senado. Esta reforma aprobada el pasado 12 de abril, convierte al Senado en una cámara de representación regional con facultades legislativas más limitadas y sin la capacidad para derrocar al gobierno en turno a través de un voto de no-confianza.
La primera prueba de fuego para esta reforma constitucional vendrá a más tardar en octubre próximo cuando se someta a referendo. Las consecuencias más importantes, sin embargo, solo podrán verse en el largo plazo.