El 30
de junio de 2014, 22 personas fueron masacradas por militares en una bodega del
municipio de Tlatlaya, Estado de México. Dos años después, las razones del
multihomicidio siguen en el limbo de la justicia y con múltiples candados para
ser investigada a fondo, luego de que el
Quinto Tribunal Colegiado en Material Administrativa del Distrito Federal cerró
la posibilidad de conocer el expediente penal militar del caso, pese a que los
hechos fueron reclasificados por el actual ombudsman Luis Raúl
González Pérez, como “graves violaciones a derechos humanos”.
Dicho
bloqueo se da pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
emitiera una Recomendación (51/2014), en la que señala a la SEDENA como
responsable del asesinato de civiles armados que ya se habían rendido, además
de las recomendaciones que realizó en su momento a la Procuraduría General de
la República (PGR), las cuales fueron aceptadas por dichas dependencias.
De esta forma, los tres magistrados del Tribunal impidieron que
se realizara la primera sentencia en el expediente A.R. 31/2016, pues avalan
que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) excluya del conocimiento
público los documentos penales, “exterminando así cualquier posibilidad de
dar nueva información sobre los sucesos”.
La bodega donde 22 civiles fueron masacradas presuntamente por miembros del Ejército Mexicano. FOTO: AFP
Ante el impedimento de acceder al expediente del caso, la CNDH
fijó hace unos días postura al respecto, en la que señala que “si bien la
sentencia es preocupante, son más alarmantes los argumentos propuestos por la
magistrada María Elena Rosas, quien fue la encargada de redactar el proyecto.
Para la magistrada, y para sus pares que avalaron íntegramente su inventiva, no
hay autoridad alguna que pueda declarar que Tlatlaya o cualquier otro caso
similar se trata de graves violaciones a derechos humanos; a su entender, ni
siquiera la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede llegar a tal
conclusión, pues legalmente está habilitada sólo para investigar hechos que
puedan ser graves violaciones pero no así para concluir si se constituyeron o
no”, dice el comunicado.
Y es
que dos años después, en Tlatlaya la justicia corre a cuenta gotas, ya queel pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario
en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres
elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por
homicidio calificado y encubrimiento, dando por probados los hechos pero
alegando falta de elementos para resposabilizar en lo individual a los
soldados.
Esta
resolución llevó a que CNDH exigiera ala PGR reincorpore
las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la Recomendación
51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado
de México por tortura relacionados con este caso”, resaltando que el 6 de julio
de 2015 emitió medidas cautelares a la Sedena, “para efecto de que las órdenes,
directrices e instrucciones militares se apeguen al marco constitucional, legal
y normativo de su competencia y se evite la utilización de lenguaje que pueda
prestarse a confusiones o ambigüedades que deriven en acciones violatorias a
derechos humanos”, medidas que según el organismo “fueron aceptadas y
debidamente atendidas”.
Murillo Karam, el entonces Procurador General de la República, tampoco pudo dar respuestas claras sobre la matanza en Tlatlaya. FOTO: Claroscuro
Organizaciones fijan postura
Diversos
organismos defensores de los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto
en el que señalan la falta de efectividad de la Procuraduría General de la
República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación “frente a un Ejército
renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad”
En el documento,
reiteran que ningún responsable del caso Tlatlaya se encuentra procesado “y no
se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar
responsabilidades a todos los niveles”, pese a que la PGR ha
anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución
arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas en los hechos, sin que hubiera
consecuencias legales.
“Esto es
producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la
Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la
existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad
castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la
oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada, señala el comunicado, en el que exigen que “las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia”
Diversas ONG’s han manifestado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México. FOTO: Cuartoscuro
ONU, preocupada
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha externado su profunda preocupación por el hecho de que a casi
dos años de la comisión de “graves violaciones de derechos humanos” en Tlatlaya.
En su
informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las
medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las
recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la
ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,
indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por
los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de
rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se
mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las
víctimas”.
Ravina Shamdasani, vocera del Comisionado de la ONU, dijo que de
acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) de las 22 personas que fueron abatidas por elementos
del 102 batallón de infantería, al menos 12 habrían sido ejecutadas
sumariamente.
Nueva “versión”
Luego de que este jueves un diario nacional diera a conocer una “nueva
versión” tras publicar la entrevista a una sexoservidora que habría ido a
prestar sus servicios al lugar de la masacre, en la que afirma quetanto Clara como su hija Érika, quien fuera abatida en el
ataque, se encontraban en la bodega por voluntad propia, señalando que Erika no
había sido secuestrada como su madre argumenta en su declaración, además de que
señala que la occisa portaba un arma que ella misma habría disparado, el Centro
Prodh y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunciaron el
intento de revictimización de Clara Gómez González.
“Denunciamos
los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de
los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. Sin la
valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría
salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se
esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables” señalan en el
comunicado emitido.