El ambientalismo nunca había sido tan peligroso. Según los hallados publicados el lunes por la ONG Global Witness, 2015 fue el año más sangriento registrado para los activistas medioambientales y defensores de la tierra. Se sabe que por lo menos 185 medioambientalistas en 16 países diferentes han sido asesinados, según el grupo, una tasa de más de tres por semana.
La cifra representa un aumento del 60 por ciento en relación con el número de muertos en 2014. Y esos son solo los asesinatos que sabemos. Global Witness dice que esa cifra en realidad podría ser un cálculo significativamente muy bajo. La cifra verdadera podría ser “mucho mayor”, dado que muchos de tales asesinatos suceden en las profundidades de los bosques tropicales o en poblados remotos y son difíciles de documentar.
Latinoamérica y el Sudeste de Asia sufrieron la peor parte de los homicidios, con Brasil (50), Filipinas (33) y Colombia (26) experimentando las mayores pérdidas.
Casi 40 por ciento de los asesinados provenían de comunidades indígenas, según el informe. Los grupos que tratan de resistirse al desarrollo y la explotación de la tierra en áreas ricas en recursos son especialmente vulnerables. En la región de Mindanao en Filipinas, una región en gran medida indígena y con bastante carbón, níquel y oro, 25 activistas fueron asesinados en 2015. La violencia tiene implicaciones globales; según la Fundación IBON, las industrias extranjeras controlan el 97 por ciento de toda la producción mineral de Filipinas.
Tal vez no sorprenda que pocos de estos asesinatos son procesados en las cortes, o siquiera investigados. Según el informe: “Muchas autoridades se hacen de la vista gorda o impiden activamente las investigaciones de estos homicidios debido a la colusión entre intereses corporativos y estatales, los principales sospechosos en estos asesinatos”. Con base en los datos disponibles, Global Witness determinó que los homicidios tenían las mismas posibilidades de ocurrir a manos de paramilitares, ejércitos, policías y seguridad privada. Felipe Milanez, ex editor adjunto deNational Geographic Brazil, dijo alGuardian que “asesinar se había vuelto políticamente aceptable para alcanzar metas económicas” y que él “nunca [había] visto, trabajando los últimos 10 años en el Amazonas, una situación tan mala”.
La caída en los índices de las materias primas mundiales podría dar una explicación parcial. El informe cita al economista Ademar Ramos de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, quien argumenta que el desplome en los precios de las materias primas y el acceso al petróleo barato en realidad han llevado a las compañías a expandir sus prácticas de extracción y asumir mayores riesgos con el fin de recuperar las ganancias perdidas. Junto con un clima regulador mermado en lugares como Perú y Brasil, los intereses comerciales han pisoteado las prácticas preexistentes de tenencia de la tierra y en algunos casos han atacado a quienes disienten.
La minería, la agroindustria, la tala y los derechos de aguas fueron los cuatro sectores industriales más explícitamente implicados en esta ola de violencia. La minería —de estaño, carbón, cobre, plata y oro— fue vinculada a 42 asesinatos. La agroindustria fue vinculada a 20 asesinatos sabidos. La actividad de tala expandida estuvo vinculada a 15 homicidios. Y las iniciativas de presas hidroeléctricas en Centroamérica estuvieron vinculadas a otros 15, sin incluir el asesinato de alto perfil de la activista indígena hondureña Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman al Medioambiente y opositora a una presa quien fue acribillada en su hogar en marzo de 2016.
Global Witness presentó cierta cantidad de recomendaciones, instando a la intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una mayor aplicación de la ley por parte de los gobiernos y un mayor escrutinio a los tratados comerciales internacionales. El grupo pidió una intervención urgente, advirtiendo que el crecimiento demográfico y económico junto con el aumento en las temperaturas globales ayudarían a exacerbar esta tendencia problemática en años venideros.