Dilma Rousseff, la presidenta apartada del poder desde el pasado 12 de mayo cuando asumió el gobierno interino de Michel Temer, dijo que no renunció a su cargo, ni piensa hacerlo “porque soy la prueba viva de que aquí en Brasil ha habido un golpe. Si renuncio, ¿dónde está ese golpe?”.
En entrevista con el diario español El País, Rousseff dice que Temer y sus colaboradores “han entrado en el Gobierno como una horda de hunos”.
La mandataria, que está siendo juzgada por el Senado por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015, dijo que el de Temer “es un gobierno que se dice de salvación nacional pero en realidad es de sálvese quien pueda”.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo y su juicio de destitución, de acuerdo con un n nuevo cronograma aprobado este miércoles por el Senado, podría resolverse a fines de agosto, junto con el cierre de los Juegos Olímpicos.
De acuerdo con el nuevo plan de trabajo definido por los senadores -que aún puede sufrir alteraciones- la votación final para decidir si Rousseff debe perder el cargo podría ocurrir en torno al 22 de agosto, un día después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
El proceso fue abierto el pasado diciembre y, tras recorrer un largo camino por ambas cámaras del Congreso, se encuentra en la fase de instrucción: recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado, que es asesorada por el presidente de la Corte Suprema.
Esta comisión pretende concluir sus trabajos el 4 de agosto, cuando elaborará una recomendación que someterá luego al plenario de la Cámara alta. Una vez allí, esa recomendación deberá cosechar en el plenario de 81 senadores al menos 41 votos (mayoría simple) para avanzar, en una votación prevista para el 9 de agosto.
De aprobarse un parecer en favor de la continuidad del proceso, en un plazo de por lo menos diez días deberá agendarse la fecha del “juicio final”, una votación que determinará si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, para lo que necesita una mayoría especial de 54 votos (dos tercios), o el caso es archivado.
Esa votación final -cuya fecha exacta será definida en su momento por el presidente de la Corte Suprema- podría ocurrir en torno al 22 de agosto, teniendo en cuenta los plazos previstos por la ley.
En la etapa actual del proceso está previsto que Rousseff sea interrogada por la comisión especial la semana próxima, pero la mandataria puede no comparecer y ser representada por su abogado, algo que todavía no ha sido definido.
No obstante, ella confiesa a El País que lucha para volver al poder. Refiere que es crucial convencer a los senadores y “para ello utilizamos el oxígeno del debate a fin de acabar con los parásitos de la democracia”.
“Hay que enseñar lo que nos jugamos aquí. No es solo el impeachment. Es la historia. Aquí se está registrando la historia. El sistema político brasileño está en colapso: el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, está apartado del cargo. El fiscal general ha solicitado la prisión del presidente del Senado, Renan Calheiros. Mi vuelta tiene que ver con mi mandato, pero también con la reconstrucción de la democracia en Brasil”, comentó Rousseff.
Dijo que de volver a su cargono habrá más acuerdos con la coalición del PMDB de Michel Temer y Eduardo Cunha y los otros partidos de centro que votaron a favor del impeachment. “Eso se acabó en el país. Si vuelvo, tengo que pensar en cómo entregar Brasil al nuevo presidente electo. Vamos a tener que discutir si es posible gobernar con 35 partidos, si es posible gobernar sin hacer antes una reforma política”, dijo.
Aunque sus detractores la acusan de violar la Constitución mediante el manejo irregular de las cuentas públicas, Rousseff sostiene que el proceso de impeachment es un “golpe” orquestado por sus opositores y exaliados de centro-derecha para hacerse del poder sin ir a las urnas
Si los senadores deciden la destitución de Rousseff, su vicepresidente -y exaliado- Michel Temer completará el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.