El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU llamó este martes al gobierno mexicano a realizar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial de la violencia registrada durante las manifestaciones de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejaron 10 muertos.
En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que escuchará los planteamientos y razonamientos de la CNTE en una reunión programada para este miércoles con el fin de “avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por sus movilizaciones en fechas recientes”.
En ese sentido, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, reconoció la decisión de Gobernación de reunirse con el magisterio disidente aunque aclaró que este será político y no en materia educativa, para distender la situación, principalmente en Oaxaca.
“Vivimos momentos claramente delicados en el que todos deben ser muy responsables y, en el marco de la ley, no intentar ni buscar ninguna ganancia o un lucro político”, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa.
El Alto Comisionado manifestó mediante un comunicado de prensa que el uso de la fuerza como último recurso debe “sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física”.
El domingo pasado en el poblado oaxaqueño de Nochixtlán se desató un enfrentamiento entre policías federales y del estado contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían tomadas vías de comunicación y en el que agentes de seguridad fueron señalados por usar armas de fuego.
Videos y distintos testimonios dieron cuenta de disparos en contra de los manifestantes. Fotos difundidas por la prensa nacional e internacional mostraron a uniformados armados con fusiles y pistolas.
En un inicio la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) negó que sus agentes estuvieran armados, pero horas después reconoció que usaron armas para repeler balas de un grupo “radicalizado” que disparó incluso contra la población.
“Efectivamente muy al final del proceso llegó un grupo de Policía Federal en apoyo, que portaba sus armas de cargo”, dijo el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo el día de los hechos, al precisar que “ni siquiera el propio magisterio estuvo involucrado en estas cosas”.
Un día después, Galindo dijo a Radio Fórmula que policías federales, con apoyo de estatales, recurrieron a sus armas tras ser rodeados por unos 2000 personas, algunas de ellas haciendo disparos.
“Vivimos una emboscada, una situación totalmente diferente”, lo que obligó a que los federales, con el apoyo de policía estatal, “llegaran con sus armas de cargo para tratar de ayudar a la población”, refirió.
En ese sentido, el Alto Comisionado de la ONU recordó la pertinencia de contar con una “ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad”.
Policías federales durante el operativo en Nochixtlán. Foto: Arturo Pérez Alfonso/Cuartoscuro
El gobierno federal anunció ayer lunes una investigación para determinar si alguno de los ocho fallecidos en Nochixtlán fue víctima de disparos de uniformados.
En las indagatorias se buscará identificar a los civiles armados, si el uso de las armas por parte de policías fue adecuado y si los fallecidos fueron víctimas de disparos de uniformados.
La Policía Federal reconoce que los disparos no provinieron de los maestros, mientras que la CNTE los atribuye a “infiltrados” y acusó a los policías de “disparar sin piedad”.
Los otros dos fallecidos, entre ellos un periodista gráfico que captó imágenes de saqueos en otra protesta, fueron baleados por desconocidos en Juchitán.
La oficina en México del Alto Comisionado señala que “dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones” con autoridades federales y estatales, víctimas y otros actores relevantes, como la Comisión Nacional de los Derechos.