El pasado sábado 18 de junio entró en vigor en las 32 entidades federativas el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA). De acuerdo con Gabriel Regino, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, “es el cambio más importante en la materia después de cinco siglos de un modelo inquisitivo”.
El modelo inquisitivo se caracterizó por ser ineficiente, lento, opaco, arbitrario y harto proclive a la corrupción, lo que provocó que miles de mujeres y hombres que cometieron delitos no graves fueran encarcelados por años, sin recibir sentencias, gracias a violaciones flagrantes al debido proceso.
Para eliminar esos vicios, en junio de 2008 fue promulgada la reforma constitucional de seguridad y justicia que sentó las bases para el tránsito entre ambos modelos. El Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación, el cual venció precisamente la semana pasada.
¿En qué consiste este cambio medular en la forma de procurar justicia en México?
Primero, homologó todos los códigos penales estatales y sus respectivos reglamentos para instaurar un sistema único, cuyo pilar básico es el respeto a los derechos tanto de la víctima como del imputado, partiendo del principio de presunción de inocencia. Hoy todos somos culpables y quien es acusado está en obligación de probar que no lo es.
Su segundo rango distintivo es la oralidad, es decir, los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias, donde el juez emite su fallo, como es común ver en las series y películas estadounidenses. La única diferencia es que aquí no habrá un jurado.
¿Qué permite lo anterior? Agilizar los procesos y asegurar una justicia pronta y expedita. En el anterior sistema, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos permiten obtener soluciones hasta en 30 días. Además, las sentencias que antes tardaban años en dictarse, ahora deben darse en no más de tres meses.
Esto trae un beneficio adicional: evitar el abuso de la prisión preventiva mediante medios alternativos de resolución de controversias. Durante el año pasado, en las 12 entidades donde ya se aplicaba el nuevo sistema, 15,000 personas que cometieron delitos menores y sin violencia, no pisaron la cárcel.
Mientras que en la Ciudad de México, la población penitenciaria se redujo de 41,000 a 36,000 reos; la tasa de personas en prisión preventiva bajó del 45 al 25 por ciento en Nuevo León, y del 47 al 29 por ciento en Morelos.
Lo anterior se traduce en menores costos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15,198 pesos; bajo el nuevo sistema, la cifra se redujo a 1566 pesos por asunto en promedio.
Cada interno en una cárcel cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero con la aplicación de medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad, ese monto se redujo a 11 pesos en Morelos y a 40 pesos en Baja California.
Por otro lado, se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, como la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales, así como la posibilidad de impugnar las acciones del Ministerio Público.
Todo lo anterior debe traducirse en mayor transparencia y eficacia, menor uso de recursos públicos, y en los tiempos y carga de trabajo para las partes implicadas en el conflicto penal. Así, en el papel, suena fabuloso. Pero en los hechos…
LAS DEFICIENCIAS Y LOS PENDIENTES
La aplicación del NSJPA ha representado una inversión de 4182 millones pesos al Gobierno Federal durante los últimos seis años, de acuerdo con datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), que encabeza María de los Ángeles Fromow.
De ese monto, 1203 millones se erogaron durante el sexenio de Felipe Calderón y los 2979 millones adicionales fueron aportados por la administración de Enrique Peña Nieto.
El Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil (CIDAC), elaboró el informe Hallazgos 20151, en el que hizo una evaluación a ocho años de la reforma penal que inició la transición entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, lo que le permitió identificar 10 grandes desafíos.
Uno de ellos es la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en el NSJPA pues cada una actúa de manera aislada y sin una eficaz colaboración; además, no todas las instituciones cuentan con las áreas necesarias para llevar a cabo las tareas que ordena el nuevo sistema.
Por ejemplo, no todas las procuradurías y fiscalías locales tienen unidades de atención temprana, áreas de justicia alternativa, unidades funcionales de atención a víctimas, de seguimiento de las medidas cautelares y de investigación.
La profesionalización de los operadores del nuevo modelo no se cumplió al cien por ciento. De hecho, hasta mayo pasado faltaba por capacitar al 83 por ciento de los policías ministeriales y preventivos, así como al personal penitenciario.
De la misma forma, durante ocho años, los encargados de que el nuevo sistema funcione correctamente no han diseñado un mecanismo eficaz para identificar las buenas y malas prácticas que permitirán una mejora en los procesos. Actualmente no existe información precisa, actualizada y sistemática que sirva de base para futuras evaluaciones.
Hay también un rezago en la homologación de los códigos penales. Incluso, a la fecha existen entidades que funcionan con tres modelos: el del sistema inquisitorio, el acusatorio local y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Algo muy grave que el CIDAC detectó es que no hay investigaciones de calidad. Actualmente los encargados de conducir la investigación son los Ministerios Públicos, por lo que es vital que esa responsabilidad pase a manos de los policías; sin embargo, estos deben contar con herramientas y capacidades para llevar a cabo actos de investigación científicos y apegados a los derechos humanos.
El nuevo modelo privilegia las salidas alternas, es decir, no todo proceso debe concluir con una pena en prisión, contrario a la lógica que privó durante décadas. Por eso, el objetivo es que al menos 40 por ciento de los asuntos tengan salida a través de esas opciones alternativas. Además, este método ha probado su eficacia, pues según estadísticas, 86 por ciento de los involucrados consideran que el resultado del proceso ha sido justo.
Y por último, aunque desde 2008 autoridades, instituciones y organizaciones civiles han difundido la manera en la que funcionará el nuevo sistema, la mayoría de los ciudadanos desconocemos su operación, lo que eleva el riesgo de confundir atribuciones, deformar los hechos o violar la presunción de inocencia.
En eso coincide Gabriel Regino, subsecretario capitalino de Seguridad Pública en la administración de Marcelo Ebrard. Advierte que el NSJPA enfrenta dos graves deficiencias: una comunicación eficaz de sus beneficios a la sociedad; y la adecuada capacitación de todos los que intervienen como operadores.
“Si estos dos temas no se desarrollan adecuadamente, va a impactar negativamente hasta en la gobernabilidad y provocará problemas de impunidad”. Añade que el acceso de justicia a las víctimas “no será una realidad si en las investigaciones criminales se siguen cometiendo errores, si no tenemos el adecuado número de peritos, bien remunerados, bien protegidos, para que realicen su trabajo de manera científica”.
Por último, en cuanto a los plazos, mientras el CIDAC estima que el NSJPA tardará unos 11 años en funcionar adecuadamente, Regino García considera que los plazos serán mayores. “La expectativa para que el sistema comience en su etapa embrionaria es de 25 años, estamos hablando del año 2041. Y vamos a tener que pasar todavía una etapa de implantación, maduración, que serán otros 50 años”.
Señaló que el principal reto “es cambiar una ideología y costumbres que traemos arrastrando desde hace siglos. Los cambios en sistemas de justicia se notan solo después de generaciones. Y en México tenemos cinco siglos de Inquisición que no serán fáciles de superar”.
Hago votos porque este modelo cumpla sus principales objetivos: garantizarnos a todos una justicia pronta y expedita; el respeto a los derechos humanos de víctimas y victimarios; la presunción de inocencia; evitar el abuso de la prisión preventiva y, en resumen: un eficaz combate a los dos grandes males que nos afectan como sociedad: la impunidad y la corrupción. Y ojalá tengamos una justicia al estilo CSI. Que así sea.