“Tiene derecho a
permanecer callado.”
Si alguna vez has
visto cualquiera de las decenas de miles de horas de televisión dedicadas a los
dramas criminales, conocerás la primera advertencia que se da a los sospechosos
que son arrestados e interrogados.
Y la segunda: “Todo
lo que diga podrá ser usado en su contra.”
Las advertencias Miranda,
así llamadas en honor al caso de Miranda v. Arizona, la decisión tomada por la
Suprema Corte en 1966 donde se estableció su uso, celebran su 50 aniversario
esta semana, el 13 de junio. En ese periodo, se han convertido en algo tan
omnipresente que es fácil olvidar su origen y su propósito.
El caso Miranda
fue la culminación de 30 años de decisiones de la Suprema Corte que fueron
diseñadas para proteger a los sospechosos del abuso en los interrogatorios
policíacos. La primera de esas decisiones prohibió la violencia y la tortura.
La principal preocupación era evitar confesiones “poco confiables”, es decir,
falsas.
En 1966, las
confesiones falsas parecían ser un problema muy infrecuente. 50 años después,
hemos visto cientos de exoneraciones de acusados inocentes que confesaron
crímenes terribles tras recibir las advertencias Miranda.
Es un buen
momento para hacer un balance.
¿Las personas
inocentes realmente confiesan sin tortura?
¿Por qué
confesaría una persona inocente un asesinato u otro terrible crimen violento?
El uso de la
tortura lo explicaría. Ese fue el tema del caso Brown v. Mississippi en 1936,
el primero en el que la suprema corte excluyo la confesión de un proceso legal
estatal. Tres sospechosos habían sido torturados durante días. Cuando se le
preguntó qué tan severamente había sido azotado uno de los acusados, el
ayudante del sheriff a cargo testificó, “No demasiado para un negro; no tanto
como lo había hecho yo si me lo hubieran dejado”.
Entre 1936 y
1966, el uso de la tortura para extraer confesiones disminuyó en gran medida,
lo cual fue un importante logro de los tribunales estadounidenses y de los
reformistas de la justicia penal. Cuando se redactó la decisión Miranda, estaba
en curso un cambio a métodos más “modernos” de interrogatorio: aislamiento,
engaños, manipulación y agotamiento en lugar del uso de la violencia física.
Sin tortura o
amenazas de muerte o violencia, parece poco probable que un sospechoso inocente
confesaría un crimen grave. Esa es precisamente la razón por la que las
confesiones son una evidencia tan fuerte de culpabilidad. Sin embargo, sabemos
que ocurre una y otra vez.
Pie de foto:
Brendan Dassey, que,
junto con su tío Steven Avery, fue acusado de matar a la fotógrafa
independiente Teresa Halbach en 2005, aparece en esta foto de su arresto (obtenida
por Reuters) el 29 de enero. Los autores afirman que los sospechosos inocentes
confiesan porque están aterrorizados, confundidos y exhaustos; porque son
engañados o embaucados; porque no comprenden lo que están haciendo; o porque se
sienten desesperados, indefensos y aislados.
DEPARTAMENTO DEL
SHERIFF DEL CONDADO DE MANITOWOC /OBTENIDO A TRAVÉS DE REUTERS
El Registro
Nacional de Exoneraciones ha recopilado datos acerca de 1,810 exoneraciones en
Estados Unidos desde 1989 (hasta el 7 de junio de 2016). Entre ellas se
incluyen 227 casos de hombres y mujeres inocentes, 13 por ciento del total, que
confesaron tras recibir las advertencias Miranda (al menos, según la policía).
Cerca de tres cuartas partes de estas confesiones falsas se relacionaban con
casos de homicidio.
Sin embargo,
estas exoneraciones subestiman profundamente la magnitud del problema.
En primer lugar,
la mayoría de los sospechosos que confiesan en falso (probablemente, la gran
mayoría) nunca son declarados culpables en absoluto. En un estudio clásico
realizado en 2004, Steven Drizin y Richard Leo identificaron 125 confesiones
probadamente falsas en Estados Unidos de 1971 hasta 2002. Únicamente alrededor
de un tercio fueron casos de exoneración tras recibir una condena. En la
mayoría de ellos, los cargos fueron desestimados antes del juicio o nunca
fueron presentados debido a que existían pruebas incontrovertibles de inocencia.
En segundo lugar,
pocas condenas basadas en confesiones falsas son aclaradas mediante la
exoneración. Esto se aplica a todas las condenas erróneas, pero especialmente
aquellas basadas en confesiones. Es muy difícil convencer a las personas de que
un acusado que confiesa es inocente.
Vemos esto en los
casos: es más probable que las exoneraciones de acusados que confiesan dependan
de la prueba más irrefutable, el ADN, para superar el peso de una confesión.
Cuarenta y dos por ciento de los acusados exonerados que habían confesado
fueron declarados inocentes mediante pruebas de ADN, en comparación con sólo 21
por ciento de las personas exoneradas que no habían confesado.
En algunos casos,
ni siquiera las pruebas de ADN exculpatorias ayudan al acusado. En octubre de
1992, después de un extenuante interrogatorio de cuatro días, Juan Rivera, de
19 años, confesó falsamente haber violado y asesinado a una niña de 11 años en
Lake County, Illinois. De hecho, el acusado confesó dos veces. Su primera
confesión estaba tan plagada de errores de hechos, que los detectives lo
obligaron a hacerla de nuevo para “eliminar” las incongruencias, aun cuando
Rivera estaba evidentemente en el estado de colapso mental.
Rivera fue
acusado de asesinato en 1993 y nuevamente en 1996 después de su primera
acusación fue revertida debido a una gran cantidad de errores legales. En 2005,
las pruebas de ADN demostraron que un hombre distinto era la fuente del semen
que se recuperó del cadáver de la víctima.
La condena de
Rivera fue anulada, pero la fiscalía lo llevó a juicio de nuevo, y en 2009, a
pesar de las pruebas de ADN, fue condenado por tercera vez. Finalmente, en
2011, el Tribunal de Apelaciones de Illinois determinó que la condena de Rivera
era “injustificada y no podía sostenerse”, por lo que desestimó los cargos.
Rivera apenas
pudo superar su confesión en falso aun cuando había pruebas conclusivas de su inocencia
mediante el ADN. Sin ellas, aún estaría en prisión, junto con otros acusados
inocentes que confesaron pero no tenían pruebas de ADN que los pudieran
rescatar.
Confesiones
falsas de coacusados
En muchos casos,
los sospechosos inocentes confiesan para implicar a otras personas que también
son inocentes.
Algunas personas
lo hacen debido a que esa es la historia que sus interrogadores desean
escuchar. John Kogut, por ejemplo, no sólo confesó en falso su propia
participación en un asesinato. También dijo que lo había hecho con dos amigos,
Dennis Halsted y John Restivo, los cuales (al igual que Kogut) pasaron 20 años
en prisión antes de ser exonerados en 2005.
Asimismo, algunos
sospechosos inocentes que confiesan culpan a otras personas para desviar la
responsabilidad y disminuir sus penas. Por ejemplo, Ricardo Ochoa enfrentaba la
pena de muerte por el asesinato de Nancy DePriest en Austin, Texas, en 1988.
Ochoa confesó, señaló a su compañero de habitación Richard Danziger como el
verdadero asesino y acordó declararse culpable y testificar contra Danziger.
Ambos fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua. Ambos fueron
exonerados mediante pruebas de ADN en 2002.
En el Registro se
incluyen 195 exoneraciones con confesiones de coacusados que implicaron a los
exonerados, 11 por ciento de todas las exoneraciones. El resultado neto es que
en 19 por ciento de todas las exoneraciones en Estados Unidos, y en 34 por
ciento de todas las exoneraciones por asesinato, el acusado inocente confesó o
fue implicado por una falsa confesión de un coacusado, o ambas cosas.
¿Quiénes
confiesan en falso?
Las falsas
confesiones son presentadas por todo tipo de personas, pero existen dos grupos
particularmente vulnerables: los sospechosos jóvenes y las personas con alguna
discapacidad mental.
Por ejemplo, en
1983, Earl Washington, un varón de raza negra de 22 años con un cociente
intelectual de alrededor de 69, fue arrestado en Culpeper, Virginia, por robo y
lesiones dolosas. Tras dos días de interrogatorio, Washington “confesó” haber
cometido cinco delitos diferentes, de cuatro de los cuales no fue acusado
debido a que sus confesiones no coincidían con los delitos reales, y las
víctimas no pudieron identificar a Washington como el criminal.
Sin embargo, la
quinta confesión de Washington se relacionaba con un asesinato, el de Rebecca
Lynn Williams. Su versión inicial, antes de que los oficiales de policía la
hubieran aclarado, estaba plagada de errores. El acusado desconocía el origen
étnico de la víctima (raza blanca), el domicilio donde había sido asesinada o
el hecho de que había sido violada. Sin embargo, Washington fue acusado y
condenado a muerte en enero de 1984 fue exonerado mediante pruebas de ADN seis
años después, en 2000.
En términos
generales, de los exonerados con enfermedades mentales o discapacidad
intelectual, 72 por ciento han confesado.
Los jóvenes
sospechosos no tienen mejor suerte. Cuarenta por ciento de los exonerados de
menos de 18 años de edad en el momento del crimen confesaron en falso, entre ellos,
53 por ciento de personas de entre 14:15 años y 86 por ciento de los pocos que
tenían 13 años o menos.
En comparación,
sólo 7 por ciento de los exonerados adultos sin discapacidad mental confesaron.
¿Por qué
confiesan todos estos acusados inocentes?
Los acusados
inocentes confiesan porque se sienten aterrorizados, confundidos y agotados,
porque fueron engañados o embaucados, porque no comprenden lo que están
haciendo y porque se sienten desesperados, indefensos y aislados.
Sin embargo, ¿qué
es lo que nos conduce a este desesperado predicamento? Las advertencias Miranda
preparan el terreno.
En parte, Miranda
fue un paso adelante en la campaña de la Suprema Corte para eliminar la
violencia en los interrogatorios. Sin embargo, también ratificó la “práctica
moderna del interrogatorio bajo custodia [que] tiene una orientación
psicológica y no física.”
Miranda describe
cómo se hace esto:
Los oficiales que
realizan interrogatorios “modernos pueden mentir con respecto a las pruebas y
decirle al acusado que son huellas digitales fueron encontradas en la escena
del crimen, que un coacusado ya ha confesado y que le ha culpado, o que fue
visto por un testigo ocular.
Los oficiales
suelen decirle que lo tienen contra la pared, y que ésta es su única
oportunidad de contar su versión de la historia y contribuir a su casua, que la
víctima debió haberle provocado o que lo que hizo es comprensible.
Es posible que
también describan graves consecuencias si no confiesa, quizás la pena de
muerte, y decirle que tendrán clemencia si lo hace.
Este proceso
puede durar varios días en aislamiento, y los oficiales de policía pueden
repetir constantemente que saben que el sospechoso es culpable, que las pruebas
son abrumadoras y que ésta es única oportunidad de ayudarse a sí mismo.
La Suprema Corte reconoció
que este proceso “impone una pesada carga a la libertad individual, y se
aprovecha de la debilidad de las personas”, pero no prohibió ninguna de esas
prácticas. Como resultado, Miranda se menciona constantemente como una autoridad
sobre la legalidad de todas estas técnicas coercitivas.
En lugar de
regular el proceso de los interrogatorios no violentos, la corte ordenó a la
policía que hiciera advertencias antes de comenzar y que continuara únicamente
si el sospechoso renunciara a su derecho a guardar silencio. Sin embargo, la
mayoría de los acusados renuncian a ese derecho desde el inicio del suplicio;
es difícil decirle a un oficial de policía que tiene bajo arresto que no
hablaras. Después de eso, el tema casi nunca vuelve a ser mencionado.
Para cuando los
acusados confiesan, las advertencias Miranda son un recuerdo distante, cuando
no han sido totalmente olvidadas.
El proceso
funciona. Muchos sospechosos confiesan después de las advertencias Miranda, y
la mayoría de ellos son culpables; a eso se debe que estas técnicas sean
utilizadas y confiables. Sin embargo, algunas personas son inocentes. ¿Podemos
hacer mejor las cosas? También en este caso, Miranda es un buen punto de inicio.
La corte señaló
que es difícil regular los interrogatorios debido a que no sabemos lo que
ocurre: “Los interrogatorios todavía tienen lugar en privado. La privacidad
produce secrecía y ésta, a su vez, genera una brecha en nuestro conocimiento de
lo que ocurre realmente en las salas de interrogación.”
Esto está
cambiando. Hace 50 años, casi ningún interrogatorio era registrado
electrónicamente. Por ejemplo, el FBI prohibía las grabaciones. Ahora, el FBI
las exige, al igual que 23 estados de la Unión Americana y muchas fuerzas
policíacas locales, al menos en casos de homicidio. Esto debería ser universal.
Las grabaciones
nos ayudan enormemente a valorar cualquier afirmación de que una confesión fue
falsa, y nos ha enseñado cómo mejorar la realización de los interrogatorios. Es
un buen comienzo.
Samuel Gross es
editor y cofundador del Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos y
catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Maurice
Possley es periodista galardonado con el premio Pulitzer Prize e investigador
de alto rango en el Registro.