Empresarios exigen un Sistema Anticorrupción “con dientes”

Un centenar de empresarios se reunieron esta tarde en el Ángel de la Independencia para pronunciarse sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado de la República. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), leyó un pronunciamiento en el que pidió un Sistema Nacional Anticorrupción “con dientes” que realmente castigue y erradique este problema.

“Hoy, como decía, los mexicanos reconocemos el avance, pero no estamos satisfechos. Hemos logrado mucho, eso sí, en la lucha contra la corrupción. Es la lucha de luchas porque es el principal mal que afecta a los mexicanos. Pero esta es una tarea larga en la que necesitamos la participación de todos unidos en contra de la corrupción”, dijo Hoyos Walther.

El presidente de la Coparmex dijo que la cruzada contra la corrupción apenas comienza ya que una vez finalizado el proceso legislativo está la tarea de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en los estados “para que sea una realidad, para que se apliquen las leyes y que no quede en letra muerta”.

“Luego del gran paso que hemos dado, llegamos apenas a nuestro punto de arranque, pero que quede claro: no hay vuelta atrás. La ruta contra la corrupción que los mexicanos hemos emprendido no tiene punto de retorno. Nosotros, desde la Coparmex, seguiremos haciendo lo que nos corresponde, participando como parte de la sociedad civil en el logro de este objetivo. Lo más relevante de este momento histórico es que los mexicanos nos hemos demostrado el verdadero cambio que está en nosotros mismos”, dijo Hoyos Walther.

Agregó que los empresarios se asumen como parte de una sociedad civil que exige, “y una obligación que asumimos también como propia es nunca dejar sola a esta sociedad, porque antes que empresarios todos nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos soñamos con un México sin corrupción y sabemos que este sueño, es un sueño posible”.

“No nos quedaremos postrados esperando a que amanezca para ver si México cambió, con nuestra participación lo haremos realidad. Vamos juntos por un México sin corrupción”, finalizó el representante de la iniciativa privada.

Declaraciones 3de3, excesivas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del cual forma parte la Coparmex, consideró a su vez que aunque hay avances en el proceso legislativo referente a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, resulta excesiva la inclusión de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Para el sector empresarial esta inclusión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas “resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”.

Los empresarios agrupados en el CCE dijeron que esta medida en particular, “lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”.

“Durante todo el proceso de discusión en los últimos meses, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas. En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad”, pidieron los integrantes de la Iniciativa privada.

Explicaron que esta medida propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas tendrían que presentar declaraciones, desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería.

“Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas. Por proveedores, no nos referimos únicamente a quienes tienen grandes contratos o licitaciones de obra pública, sino mayormente a pequeñas y medianas empresas que prestan algún servicio o venden un bien, por menor que sea, a cualquier dependencia estatal”, explicaron.

Afirmaron que el fin para el cual se exigen estas declaraciones no está justificado en esta modificación, ya que las tres declaraciones tienen un foco en el uso de recursos públicos en manos de los servidores públicos, no de los privados.

“Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3de3. Esta cantidad de información es imposible de procesar, no es útil para los fines de la prevención de la corrupción, e invade innecesariamente los derechos de las personas”, dijeron.

Lamentaron que las declaraciones “de quienes realmente tienen injerencia sobre el uso de los recursos públicos”, queden escondidas en montañas de papeleo innecesario. Por ello, los empresarios del CCE refrendaron su compromiso en el combate frontal a la corrupción y por un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz.

Ley 3de3 con “claroscuros y omisiones”

La Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado de la República tiene “claroscuros” y “omisiones”, ya que aunque presenta avances, también deja de lado puntos nodales como es el referente a la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los funcionarios públicos, opinaron expertos en transparencia e integrantes de organizaciones sociales que impulsaron esta iniciativa ciudadana conocida como la Ley 3de3.

“Por un lado hay avances al definir el catálogo de faltas administrativas graves… Se establecen también algunos mecanismos para poder castigar la corrupción cometida por los agentes privados. En ese sentido me parece que sí hay un avance. Sin embargo, hay puntos que sí son importantes y que se dejaron de lado. Sobre todo el temas más visible tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés”, dijo en entrevista Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.