La madrugada de este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como “Ley 3 de 3”, la cual buscaba establecer en una primera propuesta ciudadana mejores mecanismos de coordinación, prevención y sanciones en contra de actos graves de corrupción en que participen servidores públicos.
Sin embargo, la ley fue debilitada principalmente por las bancadas legislativas del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, que impidieron que la iniciativa ciudadana -que había sido retomada de su versión original en buena medida por las bancadas de PRD, Morena y PAN- trascendiera a ley tal y como se había propuesto en un inicio, por lo que se eliminaron rubros importantes en materia de fiscalización a funcionaros públicos y declaraciones patrimoniales públicas obligatorias.
Los senadores, en el marco de la sesión del periodo extraordinario, terminaron aprobando la versión “light” con 93 votos a favor y 23 en contra dicho dictamen, que incluyó un adendum al artículo 29 de esta Ley, donde se señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Esta Ley distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran; y las que correspondan a particulares vinculados a faltas administrativas graves; así como los procedimientos para su aplicación y los mecanismos de prevención.
La ley aprobada busca establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, así como las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; sin embargo, deja huecos en la obligatoriedad de rubros que son fundamentales para transparentar los recursos obtenidos por los funcionarios.
Imagen de los senadores que votaron a favor y en contra de la utilización de los formatos originales de la “Ley 3de3”
Foto: @pajaropolitico
ASF sería “más competente”
Con la nueva ley anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías, y para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
Los legisladores avalaron las reservas presentadas por el senador Manuel Cárdenas Fonseca a los artículos 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 46, 48, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las cuales se busca atacar la impunidad, la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, “acotando las posibilidades de usufructuar ilegalmente el patrimonio de todos los mexicanos”, con lo que se busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, ya que fortalece sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos u omisiones en qué estos incurran.
La presidencia de la Mesa Directiva del Senado decretó a las 2:25 horas de este miércoles un receso para reanudar la sesión de este periodo extraordinario de sesiones a las 13:00 horas.
La aplicarán a IP
El Senado aprobó la madrugada de este miércoles que los empresarios que reciban recursos públicos también presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés.
“Cuando un empresario como persona física o jurídicamente colectiva reciba, bajo cualquier relación legalmente establecida, una contraprestación en especie o en pecuniario, se actualiza la obligación de presentar bajo la buena fe y presunción de inocencia, las mismas declaraciones que el servidor público”, avalaron los legisladores.
La reserva fue presentada por el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca y fue respaldada por el PRI en votación, lo que permitió se incluyera en la Ley de Responsabilidades Administrativas pasada la medianoche.
La Ley de Responsabilidades Administrativas se avaló en lo general con 93 votos en favor y 23 en contra. Este ordenamiento fue el que más confrontación causó entre legisladores en la discusión del paquete anticorrupción.