La Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado de la República tiene “claroscuros” y “omisiones”, ya que aunque presenta avances, también deja de lado puntos nodales como es el referente a la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los funcionarios públicos, opinaron expertos en transparencia e integrantes de organizaciones sociales que impulsaron esta iniciativa ciudadana conocida como la Ley 3de3.
“Por un lado hay avances al definir el catálogo de faltas administrativas graves… Se establecen también algunos mecanismos para poder castigar la corrupción cometida por los agentes privados. En ese sentido me parece que sí hay un avance. Sin embargo, hay puntos que sí son importantes y que se dejaron de lado. Sobre todo el temas más visible tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés”, dijo en entrevista Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.
La madrugada de este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. La oposición denunció que la legislación fue debilitada por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que impidieron que la iniciativa ciudadana se avalara tal y como se había propuesto, al rechazar el uso de los formatos promovidos por la ciudadanía.
Los senadores aprobaron una versión “light”, como la calificó la oposición, que incluyó un adendum al artículo 29, donde se señala que “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva.
“Los que votaron a favor y los que votaron en contra… que la Nación se los demande”, escribió Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su cuenta de Twitter. En tanto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, dio a conocer los resultados de “la votación a favor y en contra para utilizar los formatos #3de3 en @senadomexicano”.
Marco Fernández lamentó que a pesar de la movilización ciudadana que decidió usar los canales institucionales para mejorar la política anticorrupción “un pedazo importante de la clase política decidió no escuchar”.
“Me parece que hay un pedazo de la clase política que en verdad no termina de entender la preocupación ciudadana que llevó a la movilización, que las 634 000 firmas tienen que ver con el hartazgo de una crisis de legitimidad por conflicto de interés y múltiples casos de corrupción y que, precisamente, expresó esa insatisfacción en este nuevo mecanismo de participación ciudadana”, comentó a este medio.
También dijo que es preocupante que quienes se opusieron a esta iniciativa ciudadana tienen una visión de la función del servicio público como un ámbito de privilegio, en términos de contar con una inmunidad especial en la rendición de cuentas y de encontrar mecanismos para que servirse del poder público.
Fernanda Diez-Torres, directora de relaciones institucionales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, considera, por su parte, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se aprobó en el Senado de la República no es una legislación “light”. Si bien no pasó todo lo propuesto por la sociedad civil, para ella no deja de representar un gran avance al ser la primer iniciativa ciudadana en convertirse en ley.
“Es una de las leyes más importantes que se van aprobar en esta última década en este país… Es la primer iniciativa ciudadana que se convierte en ley respaldada por 630 000 ciudadanos”, dijo Torres. Explicó que el haber aprobado esta iniciativa implica un cambio importante, primero porque muestra a una ciudadanía que está exigiendo más y, segundo, porque demuestra que los legisladores deben de atender las peticiones de la sociedad civil.
La directora de relaciones institucionales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias —organización que ha participado en el proceso de elaboración de la Ley 3de3— especificó que “lo que fue para atrás fueron los formatos” propuestos por la sociedad civil ya que aunque es obligatorio que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses, no serán públicas si se considera que afectan su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
“Es obligatorio que presenten en formato cerrado sus declaraciones… El problema de la ley es que no es pública”, dijo Diez-Torres, quien detalló que cuando exista la presunción de corrupción se tendrá que abrir la declaración.
Al respecto considera que “no deja de ser mezquino que el PRI y el Partido Verde no hayan permitido que se pasarán los formatos propuestos por los ciudadanos”.
Cuestionada sobre si existe la posibilidad de que en la Cámara de Diputados se reviertan estos cambios, como lo han manifestado los dirigentes del PAN y PRD, dijo que aunque existe la posibilidad, es un panorama complicado. En ese sentido recordó que una de las razones por las cuales la ley fue aprobada en esos términos fue que legisladores de esos dos partidos se abstuvieron de votar.
Fernanda Diez-Torres dijo que en esta iniciativa ciudadana hay mucho positivo ya que “ahora hay un nuevo camino y creo que eso habla que la ciudadanía se tiene que comprometer más.. Ya no sólo se trata de votar por ellos” también, consideró, se trata de hacerles presión.
En tanto, Marco Fernández espera que la colegisladora, la Cámara de Diputados, enmendará las fallas de los senadores en términos de la Ley de Responsabilidad Social. Dijo que por parte de la sociedad civil han buscado a legisladores que defiendan “el llamado ciudadano”.
Fernández dijo que de ser aprobada por los diputados en los términos en los que ha sido avalada en el Senado se tendría una Ley 3 de 3 con omisiones importantes. “Me parece que sí tiene un orificio importante que esperemos que realmente los señores diputados entiendan esa omisión de los senadores y la corrijan”.
De acuerdo con Transparencia Internacional México es el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y ocupa el lugar 95 de 168 países del listado de esta organización.
En tanto, estimaciones del IMCO muestran que la corrupción cuesta a México hasta nueve puntos del Producto Interno Bruto (PIB). A nivel mundial, esta problemática consume entre 1500 y 2000 millones de dólares, tanto en países pobres como ricos, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).