Cientos de indígenas lencas se movilizaron este miércoles en Honduras para exigir que una comisión internacional investigue el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado en marzo pasado.
Coreando consignas como “Berta vive, la lucha sigue”, unas 500 personas, entre indígenas que llegaron de sus comunidades en el oeste del país y otras que se les sumaron en la capital, marcharon por Tegucigalpa y se concentraron frente al edificio del Ministerio Público.
“Exigimos la instauración de una comisión independiente de investigación mediante un grupo internacional e imparcial de expertos, propiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegue a la verdad y el fondo de este vil crimen”, dijeron los manifestantes en un comunicado.
Los inconformes advirtieron que no confían en la institucionalidad hondureña que tiene a su cargo la investigación porque es la misma que intentó criminalizar a los movimientos sociales.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), fue asesinada a tiros por desconocidos que la madrugada del 3 de marzo entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza.
Cinco personas están presas por el caso, incluido un alto empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.S. (DESA), que había amenazado a Cáceres por oponerse con movilizaciones de los indígenas contra la construcción de una represa en el río Gualcarque, que atraviesa las comunidades lencas.
Miembros del Copinh anunciaron que la marcha del miércoles marca el inicio de los levantamientos para exigir justicia por la muerte de Cáceres.
Mexicano amenazado
El mexicano Gustavo Castro Soto, testigo del asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, denunció que autoridades adulteraron la escena del crimen, en una carta que envió mientras estaba detenido, divulgada este martes.
El mexicano, miembro de la ONG Otros Mundos de Chiapas, dormía en una habitación aparte de la vivienda en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital hondureña, donde la madrugada del 3 de marzo entraron dos encapuchados y mataron a tiros a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y lo balearon a él.
Castro Soto acusó que “el gobierno sigue preparando sus argucias para presentar ante la opinión pública que el asesinato de Berta se debió a conflictos internos, cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar, vinculando a la empresa hidroeléctrica protegida por el Estado”.
Con el argumento de que tenía que rendir declaraciones en el tribunal de Intibucá, el mexicano fue retenido por autoridades migratorias hondureñas cuando pretendía regresar a su país.