El gobierno de México respondió al informe de la organización Open Society Justice Initiative y reconoció que aunque enfrenta “retos” en materia de derechos humanos, dijo que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y al mismo tiempo para prevenir y sancionar las violaciones a derechos humanos.
El día de ayer, la organización con sede en Nueva York presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el que aseguró que tanto fuerzas de seguridad de México como integrantes de los cárteles de la droga han cometido “crímenes de lesa humanidad” que deben ser castigados.
El reporte refiere que desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas “intencionalmente en México” y “miles de personas han desaparecido”. Los crímenes -prosigue el informe- han sido perpetrados “tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas”, y las víctimas no sólo son mexicanos, sino también “inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas a través del país” a expensas de la “cruel violencia de los cárteles”.
En respuesta, el gobierno mexicano emitió la noche de ayer un comunicado conjunto, suscrito por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el que sostiene que “la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales”.
“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, reviró la administración federal al reporte realizado por la organización internacional en conjunto con cinco asociaciones de derechos humanos mexicanas.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto dijo que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, además destacó que, en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
“La estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos. En los últimos tres años, los homicidios dolosos se redujeron en 22 por ciento y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45 por ciento. El secuestro muestra una reducción del 27 por ciento y la extorsión, del 30 por ciento”, indicó el gobierno.
Dijo que el Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad. Agregó que México es un país comprometido con los derechos humanos y con liderazgo internacional en su defensa y promoción.
Afirmó que hacia su interior, ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara y presumió que durante la actual administración se han dado pasos importantes, en la procuración de justicia y combate a la impunidad con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Con respecto, al combate a la tortura el gobierno de México dijo que el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. El proyecto fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados.
En cuanto a los altos reportes de personas desaparecidas, informó que el Ejecutivo federal presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda.