Human Right Watch (HRW) instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a asegurarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba el financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato y opinó que el gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la Comisión, “que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”.
El pasado 23 de mayo, la CIDH informó que atraviesa por una “crisis financiera extrema” que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. Dijo que debido a esta situación, podría verse obligada a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año.
La CIDH expresó en esa ocasión su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre. Asimismo, manifestó su “extrema preocupación” porque la suspensión de las sesiones representa un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Dos días después de este anuncio, explicó HRW, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA el gobierno mexicano sugirió que la comisión podría tener responsabilidad por esta crisis. El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformar a la comisión.
Human Right Watch recordó que en abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normalista en Ayotzinapa. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción. Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.
El pasado 24 de mayo, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo al diario Reforma que México tenía en parte responsabilidad de la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión porque dejó de pagar sus cuotas para pagar la asistencia del Grupo de Expertos que coadyuvó en la investigación del caso Ayotzinapa. “México puede decir, ‘pues dimos más’. Sí, le dieron al GIEI para trabajar una asistencia técnica solicitada por México, pero no le dieron a la CIDH”, explicó el secretario de la CIDH.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el gobierno mexicano “pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, agregó.
Vivanco dijo que desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales.
“Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”, dijo.
HRW recordó que la OEA ha enfatizado en reiteradas oportunidades la importancia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema.
Refirió que en marzo de 2013, la Asamblea General de la OEA “reafirmó su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA, y pidió a los países que realizaran contribuciones voluntarias “mientras se alcanza ese compromiso”.
No obstante, dijo que los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto. Lamentablemente, tales donaciones se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo cual propició la actual crisis financiera.
“Puede ser que la reducción de donaciones de Europa haya desencadenado esta crisis, pero la principal responsabilidad de financiar a la Comisión corresponde a los Estados miembros de la OEA, que la crearon para que protegiera los derechos de sus propios ciudadanos”, señaló Vivanco.