El abogado Faustino David Aboites, quien lleva la defensa de 30 expolicías municipales que fueron detenidos en septiembre de 2009 acusados de brindar protección al grupo delictivo Los Zetas, pero que fueron absueltos por un juez federal al no encontrar elementos probatorios para fincar responsabilidad, anticipó que dada la negativa del ayuntamiento de Pachuca para liquidar los salarios caídos podrían embargar al municipio para cubrir el adeudo, que asciende, por cada exagente, a 800 mil o 900 mil pesos.
Mencionó que de sus 30 clientes, que forman parte de los 124 elementos (incluidos ministeriales) que fueron recluidos en penales federales, hay dos resoluciones en las que el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo sentencia a la presidencia, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, para que realice el pago de sueldos caídos desde septiembre de 2009, cuando recibieron el último pago (correspondiente a la segunda quincena).
“Hasta la fecha no lo han realizado, siguen dando evasivas, interponiendo recursos frívolos que son improcedentes, que a lo único que lleva es a alargar este cumplimiento”, comentó el defensor, quien considera que, “quizás”, la intención del gobierno de Eleazar García es retardar el caso para que lo herede el próximo edil.
Aunque dijo que busca un acuerdo por la vía pacífica, en caso de no lograrlo “tendríamos que embargar, cuantificar el monto total y embargar lo que tenga el municipio si no nos queda de otra”.
Asimismo, expuso que la corporación a la que pertenecían debe reincorporarlos al servicio, también por mandato de un juez federal.
“La Constitución, en el artículo 123 apartado B, señala que ningún policía, perito, podrá ser reinstalado en el puesto que desempeñaba, pues argumentan que se perdió la confianza hacia ese servidor público; sin embargo, en este caso, es una reincorporación porque ellos no fueron separados de su cargo legalmente.
“Nunca se les notificó por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la secretaría, en el tiempo que estuvieron presos, algunos cuatro o cinco años, que estuvieran enfrentando un proceso administrativo para su cese, baja, remoción, suspensión (…) Es una violación porque no les dan el derecho de ser oídos y vencidos en juicio”, sostuvo.
Para cerrar el caso, reveló, la autoridad les ha ofrecido “cantidades irrisorias que van de 20 mil a 25 mil pesos por los cinco años que estuvieron presos.
No obstante, mencionó que a “muchos de los exservidores que fueron liberados el 28 de diciembre de 2014 “les vieron la cara y les entregaron como de 20 a 24 mil pesos y les hicieron firmar un convenio, leonino le llamamos notros, para renunciar a sus derechos laborales: eso está prohibido a nivel internacional”.
“En la mejor disposición”
Después de una audiencia –tras varias negaciones, según el abogado –, el alcalde de Pachuca,Eleazar García, aseveró que están “en la mejor disposición de apoyarlos, lo que menos queremos es afectarlos”.
Mientras, el director jurídico Carlos González Olvera, dice un comunicado enviado por la alcaldía, expresó que “continúa abierta la posibilidad” de que reingresen a la corporación, pero “deberán acreditar los procesos”.
PLAZO
…El lunes 30 de mayo se venció el plazo para que el ayuntamiento pagara a uno de los expolicías, sin que hasta el momento haya depositado la cantidad.