El gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte de
Ochoa, utilizó a empresas fantasma para desaparecer al menos 645 millones 693
mil pesos, entre 2012 y 2013, mediante 73 contratos para la adquisición y
distribución de bienes que nunca fueron entregados, revela una investigación
realizada por el portal de noticias Animal Político.
La investigación refiere que al arranque del sexenio de
Javier Duarte se seleccionaron a promotores del voto del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para que mediante sus firmas se crearan empresas con un
domicilio fiscal falso, para posteriormente ser registradas como proveedoras
del gobierno.
El Gobierno de Veracruz respondió este día, mediante una
carta de Alberto Silva Ramos, coordinador general de Comunicación Social del
Gobierno del estado, que todas las empresas señaladas en el reportaje estaban
debidamente registradas y las licitaciones se realizaron conforme a la ley.
Foto: Animal Político
La publicación indica que funcionarios cercanos al
gobernador Duarte de Ochoa se aseguraron de otorgar a esas empresas contratos vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas. Una vez que los recursos
eran dados, las firmas desaparecían.
Las responsables de firmar estos contratos, los cuales
fueron concedidos a una red de 21 empresas fundadas en la administración de
Duarte y con socios en común, fueron las secretarías locales de Educación,
Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal.
Animal Político indica que 12 de esas empresas fueron registradas
ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo
electrónico, mientras que 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional
popular.
El medio detalla que en todos los casos, las direcciones
fiscales están localizadas en casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o
herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos niegan la existencia de una
empresa.
La investigación indica además que los productos que se
adquirieron a estas empresas fantasma no llegaron a su destino o es imposible
saber qué ocurrió con estos ya que las dependencias involucradas reconocieron
al medio que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega.
Responde el gobierno de Veracruz
Tras
darse a conocer el reportaje “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos;
entrega el dinero a empresas fantasma” , el Gobierno de Veracruz
difundió un comunicado en el que señala que todas las empresas con las que trabaja el gobierno se tienen que registrar en un padrón de proveedores y contratistas, y agrega que todos los contratos se licitan bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público, además de que todas las empresas mencionadas en el reportaje siguen activas y pagando impuestos, de acuerdo a la información oficial dada a conocer.
Luego de darse a conocer esta respuesta, el coordinador de Comunicación Social del gobierno
estatal, Alberto Silva, sostiene que tras la respuesta dada por el gobierno de Javier Duarte, la tesis del reportaje que afirma que se usaron empresas fantasmas “ha
quedado destruida”.
Foto: Twitter
“El reportaje no afirma que el gobierno
del Estado no haya pagado los contratos. Tampoco menciona que el proveedor no
haya entregado al gobierno lo contratado, sino que los beneficiarios para
queines iban dirigidos no los recibieron o no se entregó una constancia vía
transparencia a Animal Político de ello, como se solicitó oportunamente”, se
lee en una imagen difundida en la cuenta @Beto_Silva_R.
Al conocer la réplica, el medio respondió a lo difundido por Silva y ha reiterado que “el reportaje no señala que los
contratos no se hayan pagado a esta red de empresas —cuyos dueños afirman no
serlo y sus sedes son en realidad casas ubicadas en zonas populares—, sino que
los productos que se compraron a esas empresas no llegaron a manos de la
población vulnerable veracruzana a la que iban destinados, o el gobierno de
Veracruz señaló que no tiene constancia de ello.”.
En la contrarréplica hecha por Animal Político a Silva, señala
que el funcionario público se justificó en la veda electoral para rechazar dar información
al medio sobre el caso desde el miércoles 18 de mayo, cuando se le envió un
correo electrónico con dos archivos: la base de datos completa de los 73
contratos y los montos, y una síntesis del reportaje junto con dudas
específicas sobre el accionar del Gobierno y el destino de los productos que se
compraron a estas empresas.
Las sedes de las empresas
Las empresas a las que el gobierno de Veracruz entregó
contratos millonarios para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y
zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de
pobreza, productos que es imposible saber si llegaron a su destino, se
localizan en su mayoría en casas particulares y vecindades localizadas en la
misma zona, revela la segunda parte de la investigación de Animal Político.
Por ejemplo, la empresa Carrirey, una comercializadora que
obtuvo contratos millonarios del gobierno veracruzano y que en su acta
constitutiva señala que se dedica a 17 rubros distintos, está localizada en el
interior 3 de la calle Michoacán 410, en el puerto de Veracruz. La casa que no
cuenta con televisión, radio o algún otro aparato.
“Aquí no hay nada (de empresas). Este terreno es mío y esta
casa la hizo mi mamá y se la dejó a mis hijos. Es una herencia de mi mamá para
ellos”, afirmó José Adrián Álvarez Molina, dueño del predio, a Animal Político.
Álvarez explicó al medio que a su domicilio llegan recibos de
por lo menos cuatro empresas que supuestamente tienen ahí su sede, las cuales
también obtuvieron contratos con el gobierno veracruzano. Sin embargo, no es la
única empresa que opera desde una casa casi en ruinas y cuyos habitantes dicen
no ser dueños de ninguna compañía.
La segunda parte de la investigación de portal de noticias
refiere que en un lapso de 18 meses, entre junio de 2012 y diciembre de 2013,
Veracruz adjudicó 73 contratos por más de 645 millones de pesos a una red de 21
empresas. De estos contratos, explica, 16 fueron por adjudicación directa y el
resto mediante licitaciones restringidas, en las que el Gobierno decidió a qué
empresas invitaría.
Al revisar sus actas constitutivas, contratos, fallos de
licitaciones, registros ante la Secretaría de Economía, páginas web y
entrevistas, Animal Político descubrió que estas empresas se encuentran
relacionadas por distintos factores.
Uno de estos factores es la fecha de fundación: 19 de empresas
se crearon en la actual administración de Javier Duarte.
En 2011 fueron constituidas las sociedades anónimas de
capital variable Anzara, Rinoxa, Cymaned, CERENE, Matrusca, Grupo Balcano y
Pefraco.
En 2012, Abastecedora Romcru, Marvercarr, Publicidad Akkira,
Saervizios Oktagonales, Desarrolladores Mercalim, Merca Carrey, Carrirey,
Bienart, Comersil y Mogarver.
En 2013, meses antes de que se realizaran las licitaciones y
adjudicaciones, se constituyeron AD911 y Bloques 2DM, así como Importadora
Denylk.
Solamente dos empresas, Ravsan y Comercializadora Alifresh,
fueron creadas en 2010, en los meses previos a que tomara posesión el actual
gobierno.
Otra de las relaciones de estas empresas es su ubicación.
Once se encuentran dentro de un mismo radio de 200 metros en los límites de las
colonias Virgilio Uribe y Formando Hogar, una zona habitacional popular al norte
del puerto de Veracruz. Ocho más están en otros puntos del puerto y otras dos
en la ciudad de Xalapa.
Al acudir a esas direcciones, Animal Político constató que
esos sitios no son sedes de empresas, sino casas particulares y cuartos de
vecindades. El medio explica que entre los domicilios hay una dirección que no
existe, otra que es de una tiendita de abarrotes y una más de una herrería. En
el domicilio de otra empresa, en Xalapa, lo que hay es una panadería y un
consultorio.
Otras de las coincidencias detectadas es que 12 de las firmas fueron registradas en la
Secretaría de Economía con los mismos correos electrónicos y en 13 los nombres
de los socios aparecen en distintas empresas o tienen relación familiar entre
sí.
La publicación detalla que ninguna de las comercializadoras
tiene ni tuvo una página web propia o cuentas en redes sociales. No hay
registros o antecedentes de sus actividades empresariales más allá de los
contratos que obtuvieron.
Al acudir a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco) de Veracruz para buscar información de la red de empresas, dos
expresidentes de la Canaco, Erick Suarez Márquez y Belgio Amaya, dijeron al medio no conocer a las empresas.
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Lee aquí la primer y segunda parte del reportaje de Animal Político:
Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma.
Las sedes de la
red de empresas de Veracruz son casas, tienditas y lotes baldíos.