El gobierno de México se reunió este fin de semana en
Washington con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó durante 14
meses en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
En la reunión estuvieron presentes Miguel Ruiz Cabañas,
Subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Roberto
Campa, Subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob); Eber
Betanzos, Subprocurador de la Procuraduría General de la República, y el
Embajador ante la Organización de Estados Americanos.
La delegación mexicana fue recibida por el Presidente de la
Comisión y Relator de país, James Cavallaro, quien el pasado 25 de abril,
durante la presentación del informe final del GIEI, exhortó al gobierno de Enrique
Peña Nieto a continuar con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos por policías
y criminales el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A la plática también estuvieron presentes los abogados Mario
E. Patrón y Humberto Guerrero, representantes legales de los familiares y el
Sr. Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes.
Desde que el grupo de expertos dejó México a finales de
abril, los padres de los 43 normalistas han manifestado en distinta ocasiones
que no confiarán en las investigaciones que se realicen hasta que Tomás Zerón
de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR sea
separado de su cargo.
Las familias también han pedido que se investiguen las
irregularidades detectadas por el GIEI en su informe final como han sido las
alteraciones en la evidencia balística, la fragmentación del caso Ayotzinapa y
el que no se haya atendido otras líneas de investigación propuesta por los
integrantes de la Comisión Interamericana.
En ese sentido, los representantes de la CIDH y del Estado
mexicano dialogaron sobre el esquema de seguimiento que se implementará en
relación con las medidas cautelares dictadas. Mientras que los representantes
del Estado reiteraron su voluntad y disposición para que la Comisión dé el
seguimiento que corresponda a las medias cautelares.
Ambas partes acordaron que el objetivo del esquema de
seguimiento sea coordinado por la CIDH priorizando la investigación del caso y
la atención a las víctimas.
También se acordó que en los próximos días, habiendo
realizado las consultas correspondientes, se afinarán los últimos detalles del
esquema de seguimiento.