La oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
manifestó su preocupación de que a casi dos años de los hechos ocurridos en
Tlatlaya, Estado de México, donde militares abatieron a 22 personas, “el caso
siga sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigan negando sus derechos
a la justicia y la verdad”.
Ravina Shamdasani, vocera del Comisionado de la ONU, dijo
que de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) de las 22 personas que fueron abatidas por elementos
del 102 batallón de infantería, al menos 12 habrían sido ejecutadas
sumariamente.
Shamdasani recordó que por estos hechos siete militares
fueron detenidos, pero refirió que en que octubre un juez retiró los cargos contra
cuatro de ellos y la semana pasada los tres restantes fueron liberados.
El viernes pasado, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo
Circuito ordenó la liberación de los elementos castrenses Fernando Quintero
Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, al absolverlos de
los delitos de Homicidio, Encubrimiento y Modificación Ilícita de vestigio del
hecho delictivo, por los sucesos ocurridos el 30 de junio del 2014.
La liberación de estos otros tres militares implica que
todos los miembros del Ejército relacionados con el caso se encuentran ya fuera
de prisión.
En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR )
dijo que aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados,
para que éstos sean reaprehendidos y formalmente procesados.
Durante la visita que hizo a México en octubre del año
pasado, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya
sería seguido de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades para
luchar contra la impunidad.
En su declaración del 7 de octubre, Al Hussein Poco recordó que “poco antes
de este grave incidente”, el Código Militar fue reformado ubicando a los
militares bajo la jurisdicción civil en el caso de crímenes cometidos contra
civiles” e indicó que “el caso de Tlatlaya es uno de los primeros en ser
revisados bajo este sistema, y su progreso, por tanto, será observado de cerca”.
Este día la vocera de Zeid Ra’ad Al Hussein hizo un llamado
desde Ginebra, en un mensaje a medios, a las autoridades mexicanas para
garantizar “una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y
rápida en este caso emblemático”.
“También instamos a las autoridades de la fiscalía y
judiciales para cumplir con las más altas normas de derechos humanos y las
normas en sus investigaciones y la realización de juicios”, indicó Ravina
Shamdasani, vocera del Comisionado de la ONU.
Dijo que la investigaciones deben extenderse a
todos los que pudieran ser responsables, incluidos oficiales militares de alto
nivel que pueden tener la responsabilidad de mando, así como aquellos que pudieron
haber manipulado u ordenado la comisión de actos para alterar la escena del crimen.
“Otras denuncias de violaciones de derechos humanos
relacionados con el caso Tlatlaya, incluida la detención arbitraria y la
tortura de testigos, también deben ser investigados a fondo”, agregó.