Los empresarios que conforman la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) denunciaron este día, en lo que llamaron la
Declaración Tijuana, “la falta de compromiso y la falta de actitud cívica” y el
“gran cinismo” de los representantes del Poder legislativo quienes postergaron
el día de ayer la discusión y en su caso aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción con sus 7 leyes, y anunciaron que llevarán su denuncia a
instancias internacionales como la OCDE y la OEA.
“Con esta actitud dan abiertamente la espalda a los
mexicanos que exigen el fin de la corrupción, de la impunidad, y de la
opacidad. Pareciera que en México los primeros en no respetar las leyes son
quienes tienen la obligación de crearlas, es decir: los legisladores”,
manifestó la Coparmex que integra a 65 Centros Empresariales los cuales se
reunieron este 19 de mayo en Tijuana, Baja California.
A decir del organismo empresarial, uno de los principales en
México, el potencial de desarrollo y crecimiento del país tiene como obstáculo
“la debilidad de nuestras instituciones, reflejado en un sistema legal, de
justicia y penal, que parece de un país subdesarrollado, donde la corrupción y
la impunidad son el principal lastre”.
La Coparmex anunció tres medidas para evidenciar la falta de
compromiso de los legisladores mexicanos que atrasaron la discusión del Sistema
Anticorrupción violando los plazos legales que ellos mismos impusieron para el
28 de mayo.
La principal de estas directrices es llevar a instancias
internacionales la actual situación que existe sobre la corrupción en el país.
“Denunciaremos ante instancias internacionales y de
organismos aliados, lo que los legisladores están haciéndonos a los mexicanos:
manteniendo un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de
los ciudadanos”, dijeron.
Explicaron que expondrán el caso mexicano ate el Comité
Anticorrupción (Anti-Bribery and Corruption Group) del BIAC (Business and
Industry Advisory Committee), del cual forma parte la Coparmex.
Los empresarios harán lo mismo ante la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante la Conferencia Ministerial de la
próxima semana.
Ahí informarán que el Congreso Mexicano hizo caso omiso para
aprobar en tiempo y forma el Sistema Nacional Anticorrupción, ignorando de esta
manera la exigencia de más de 600 mil mexicanos que firmaron la iniciativa
ciudadana de una Ley de Responsabilidades Administrativas.
También llevarán sus demandas ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento de
la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Las mismas demandas serán expuestas en el primer Foro
Empresarial Iberoamericano Anticorrupción, al cual convocaremos el 17 y 18 de
agosto en la Ciudad de México, y en el que contaremos con la presencia de
diferentes países de América Latina, además de la Gran Bretaña y en el Consejo
Empresarial Iberoamericano (CEIB) que tendrá lugar en el marco de la reunión de
presidentes de organismos empresariales de Iberoamérica en octubre de este año.
“A través de estos mecanismos y de otros muchos mecanismos,
México conformará una red de observadores internacionales que vigilen la
instrumentación de las propuestas de la sociedad civil en materia anticorrupción
y a la cual le han dado la espalda los políticos”, informó la Coparmex.
El organismo empresarial también informó que esto forma
parte de la campaña que intensificará a través de sus 36 mil empresas socias,
con empresarios y sus trabajadores para denunciar y exhibir la inmovilidad
irresponsable del Congreso de la Unión.
“Si los políticos no quieren comprometerse con la
transparencia y la rendición de cuentas, que asuman las consecuencias en las
urnas. Comenzaremos con aquellos que están pidiendo su voto en los 12 estados
donde habrá elecciones para gobernadores el próximo 5 de junio”, dijo.
De igual forma exigió un Congreso a la altura de la sociedad
“que represente de verdad y que sirva al pueblo de verdad; que cumpla con las demandas
ciudadanas, la transparencia y la rendición de cuentas, el fin de la impunidad
y de la corrupción, entre otras”.
“Senadores y diputados aún pueden demostrar su compromiso,
cumpliendo con lo que demanda la Constitución. De no hacerlo, comenzaremos una
campaña de información permanente, dirigida a nuestras empresas, nuestros
trabajadores y a la sociedad mexicana toda”, manifestaron los empresarios.
Advirtieron a la clase política que si hay una resistencia a
cambiar sus privilegios y anteponer sus intereses a los de los ciudadanos, “seremos
la sociedad civil organizada quienes obliguemos a caminar en el sentido que
demanda el mundo moderno, globalizado y participativo en el que estamos
compitiendo”.