La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
manifestó su preocupación por las decisiones adoptadas por el presidente
interino de Brasil, Michel Temer, las cuales han causado un retroceso en la
protección y promoción de los derechos humanos en ese país.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) explicó que la determinación del mandatario brasileño de no
incluir a ninguna mujer ni a ninguna persona afrodescendiente, “deja excluidos
de los más altos cargos del gobierno a más de la mitad de la población del país”.
“La última vez que Brasil tuvo un gabinete sin mujeres
ministras fue durante la dictadura militar”, refirió la Comisión Interamericana
mediante un comunicado de prensa dado a conocer este día.
En días pasados, el jefe de gabinete de Michel Temer,
Eliseu Padilha, declaró que la cuestión de que no se hayan incluido mujeres en
el gabinete presidencial fue porque simplemente no era posible.
“Intentamos buscar mujeres, pero por razones que no
necesitamos traer a colación ahora, lo discutimos y no era posible”, dijo
Padilha a periodistas.
La CIDH refirió que de acuerdo con datos del Instituto de
Investigación Económica Aplicada del gobierno federal de Brasil, los hombres
blancos, que ocupan la totalidad de los cargos ministeriales del país, son el
21.9 por ciento de la población del país.
Los mismos datos citados por la Comisión indican que los
grupos que quedaron excluidos del gabinete de Michel Temer son mujeres y
hombres no blancos, quienes representan un 51.4 y un 26.7 por ciento de la
población brasileña.
“Asimismo, resulta alarmante la eliminación del Ministerio
de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, el cual quedó subsumido como
una Secretaría dentro del Ministerio de Justicia”, manifestó el organismo con
sede en Washington.
En ese sentido la CIDH tomó conocimiento del anuncio del
gobierno interino de aplicar una reducción de los fondos destinados a los
programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza.
En este sentido pidió al gobierno recordar el principio de
progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y
culturales.
“En virtud de la obligación de progresividad establecida en
el Protocolo de San Salvador, ratificado por Brasil en 1996, en principio le
está vedado al Estado adoptar políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas,
que sin una justificación adecuada, empeoren la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales de los que goza la población”, refirió la
CIDH.
La semana pasada Dilma Rousseff fue suspendida de la
presidencia de Brasil por un periodo de 180 días por decisión del Poder
Legislativo, el cual deberá votar, transcurrido ese plazo, una decisión sobre
si la aparta o no del cargo de forma definitiva.
En este contexto, la Comisión Interamericana hizo un llamado
al Poder Legislativo a actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con
apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.