Una corte de Stuttgart, en Alemania, admitió la acusación
que la fiscalía presentó en noviembre pasado contra dos ex directivos, dos ex
jefes de ventas y una empleada del fabricante de armas Heckler & Koch por
supuestas ventas ilegales de fusiles de asalto a zonas de México en conflicto.
Un portavoz del tribunal informó este día la Agencia Alemana
de Prensa (DPA, por sus siglas en alemán) que la justicia alemana podría
comenzar el juicio contra los ex empleados y directivos de la armería alemana
el año que viene.
De acuerdo con la fiscalía, los acusados están implicados en
16 envíos de fusiles G36 y accesorios realizados entre 2006 y 2009 a estados
como Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, en los cuales estaba prohibido la
venta de armas.
La misma información refiere que 13 acusados quedaron
absueltos tras la investigación judicial.
Por su parte, Heckler & Koch ha negado desde hace meses
cualquier irregularidad y rechazó los cargos en su contra.
No obstante, un informe citado por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung refiere que los máximos responsables de esta empresa alentaron y, al menos, aprobaron las exportaciones ilegales de sus famosos G-36.
La prensa alemana publicó en diciembre de 2014 que fusiles
de asalto de Heckler & Koch fueron confiscados a policías municipales
implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con esta revelación se dio cuenta de que la empresa había
violado la ley alemana de control de armas de guerra.
Posteriormente se dio a conocer otros indicios que
confirmaban que esta legislación había sido violada por lo que se iniciaron
diversas investigaciones, una de ellas la que lleva la corte de Stuttgart.
En caso de ser hallada culpable, la firma deberá pagar una multa de tres millones de euros, una suma que se calcula que ganó con la venta ilegal de esos fusiles.