La justicia argentina ordenó encausar y embargar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno.
El juez federal Claudio Bonadio consideró “evidente que la entonces presidente de la nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo”.
El magistrado también encausó y ordenó un embargo al exministro de Economía Axel Kicillof, al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce exmiembros del directorio del Banco Central.
La justicia argentina acusa a la ex mandataria de causarle pérdidas a la autoridad monetaria con la política cambiaria de su gobierno a fines de 2015.
La expresidenta compareció el pasado 13 de abril, pero se negó a responder preguntas y en su lugar presentó un escrito. Posteriormente Cristina Fernández solicitó ser querellante en la causa, pidió la destitución del juez y reclamó el inicio de su juicio político, en un contrataque judicial.
La acusación contra Kirchner consiste en evaluar negativamente la política monetaria del Banco Central, que en setiembre pasado vendía dólares a futuro a 10.50 pesos cuando la cotización en ese momento era de 9.60 pesos.
Kirchner ha dicho que el propósito era desalentar expectativas de devaluación y mantener los precios de la divisa contemplados en el presupuesto nacional.
El 16 de diciembre, seis días después de asumir, el presidente Mauricio Macri, impulsó una devaluación de 34 por ciento que llevó el dólar a 15 pesos, por lo que el Banco Central debe abonar los futuro casi 50 por ciento más caros.
El kirchnerismo argumenta que no se puede convertir en judiciable una política monetaria antidevaluación.
La expresidenta Kirchner reveló que ministros del Gabinete de Macri fueron también compradores de dólares a futuro, que lograron suculentas ganancias con la devaluación.
Este viernes Bonadio acusó a Kirchner, Kicillof y el resto de los acusados de “formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos”.
Según Bonadio estas acciones eran “conducentes a que el Banco Central concrete operaciones en el mercado de dólar a futuro en condiciones dañosas para el erario público”.
Kirchner argumentó que la causa no implica delito alguno de corrupción, enriquecimiento ilícito o cualquier otro contemplado en el Código Penal, por lo que se considera víctima de “persecución política”.
La causa contra Kirchner fue iniciada por dos autoridades parlamentarias deCambiemos, el partido de Macri.