La delincuencia es la principal causa del desplazamiento de personas en México, reveló la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado
Interno.
El organismo autónomo
documentó 1784 casos de desplazamiento forzado de los cuales, 441 eran consecuencia de la
delincuencia. De igual forma, obtuvo información de autoridades
estatales y municipales quienes dieron cuenta de 35,433 casos, de los cuales
31,798 eran por esta causa.
En palabras
del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, “la
violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de
nuestro Estado de derecho” han propiciado que en diversas partes del país las personas abandonen hogares.
En el informe presentado este miércoles
por la CNDH, se precisa que los principales estados que se han visto afectados
por este desplazamiento forzoso son: Chiapas, Guerrero,
Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
No obstante,
la CNDH precisó que las cifras disponibles “no permiten formular una
proyección válida” sobre el número de casos reales de este fenómeno.
Un informe
presentado el año pasado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) aseguraba
que México tiene un total de
281,400 desplazados internos.
De acuerdo
con la CNDH, el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se ha generado tanto por la violencia y violaciones a
derechos humanos como por desastres naturales, proyectos de desarrollo, por los
grupos de autodefensa e incluso ha afectado la actividad periodística.
El reporte refiere que en
los últimos años, el país ha experimentado una violencia diferente que provoca
la movilidad de las personas, pues se relaciona con grupos armados que están
azotando diversas partes del territorio nacional.
“Esta violencia no se ha
podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección
de las víctimas”, manifestó la CNDH.
Explicó que esta situación
de desprotección ha surgido no solo a raíz de las violaciones a los derechos a
la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública sino,
también, derivado de la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y
viviendas, violentándose los derechos a la propiedad privada, la vida privada y
al domicilio.
“Para que el Estado mexicano pueda abordar la problemática
del DFI es necesario considerar las personas, familias y comunidades que
tuvieron que desplazarse al no contar con las condiciones mínimas de seguridad
humana en sus comunidades de origen”, recomendó la CNDH.
Precisó que algunos de los parámetros para definir la
seguridad humana son los índices de acceso a oportunidades sociales, económicas
y a la seguridad pública.
Explicó además que los conflictos dañan la estructura de una
comunidad y de un país, afectando el desarrollo de los servicios públicos, la
atención de la salud, la distribución de alimentos, perjudicando el ámbito
laboral y el educativo.
De acuerdo con la Comisión, el gran problema del país son
las disputas entre grupos criminales que repercuten en comunidades enteras que,
ante la amenaza de agresiones o ante el reclutamiento forzado, adolescentes,
jóvenes y adultos optan por abandonar sus lugares de origen o residencia y
trasladarse a espacios donde puedan sobrevivir en paz.
“Cuando los grupos criminales llegan a una nueva comunidad
tienen como objetivo instalarse y
empezar a reclutar de manera forzada, principalmente a los jóvenes y adultos,
utilizando como medio de enrolamiento las amenazas en contra de sus familias,
la destrucción de sus propiedades y actos de extrema violencia que llegan a
privar de la vida cuando estos se niegan a ‘trabajar’ con ellos”, refiere el
informe.
La Comisión explica que entre estos grupos se encuentran
aquellos dedicados al tráfico de drogas, mismos que están provocando el
desplazamiento forzado. Por tanto, menciona que no sólo es necesario
implementar acciones contra el consumo de las drogas y el tratamiento de las
personas con adicciones, sino también volver la mirada a las víctimas de la
violencia sistemática.
La CNDH recordó al Estado que por omisión también se
violentan derechos humanos ya que ante el arribo de un grupo criminal a una
comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas
personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad
social.
“Los DFI han estado ocurriendo por la ausencia de autoridad
y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa.
Al dejar desprotegida a la población en riesgo de DFI, las autoridades de
Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para
continuar afectando a la población.·, mencionó.
Dijo que además existe una invisibilización del
problema y de las víctimas ya que si las personas que han sido víctimas de
violencia omiten acudir ante las instituciones de seguridad pública o de
persecución del delito a denunciar los actos cometidos en su contra, y hacer de
su conocimiento su intención de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas
sufridas o el temor fundado, las posibilidades de que las autoridades puedan
ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas ante la
imposibilidad para conocer y dimensionar el problema adecuadamente.
Violencia desplaza a un millón de personas en México y CA
La violencia de las pandillas y el narcotráfico ha convertido en desplazados internos a un millón de personas en Centroamérica y México, según un informe presentado este miércoles que revela que el conflicto colombiano sigue haciendo huir a miles.
El “Informe mundial de desplazamiento interno”, elaborado por un departamento especializado del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), estimó que, en 2015, hubo 27.8 millones de nuevos desplazados internos en el mundo por culpa de las guerras y la violencia, pero también por los desastres naturales.
En Centroamérica y México, a finales de 2015 el número de desplazados era de 1 millón de personas, contra 848 000 a finales de 2014, “muchos de ellos huyen de ciudades que sufren las tasas de homicidio más altas del mundo y niveles de violencia comparables con los de una zona de guerra”, afirma el informe del Centro de monitoreo de desplazados internos (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados.