El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) “cambiar la narrativa” oficial sobre lo que les ocurrió hace 19 meses en Iguala, Guerrero, a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” al considerar que ha mostrado elementos suficientes que “ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas”.
En una de las 20 recomendaciones que el grupo entregó tras finalizar su segundo periodo de mandato en México, los expertos dijeron que “es momento de que la PGR cambie su versión su versión pública sobre los hechos e incorporé los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas”.
El grupo refirió, mediante un comunicado de prensa, que “la narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales”.
El GIEI también pidió a la PGR unificar las distintas causas penales que existen sobre el caso Iguala y evitar la fragmentación para que la oficina que lleva a cabo las diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas “pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto, y la conexidad de los delitos cometidos”.
El grupo de la CIDH manifestó además la necesidad de que se realice una investigación integral de lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y durante las primeras del día siguiente en el municipio de Iguala.
El grupo de expertos exhortó a la PGR a considerar otras violaciones de derechos humanos y de otros delitos que se presentaron en el caso, además de que se lleven a cabo las declaraciones testimoniales pendientes que fueron solicitadas durante su estancia de más de un año en el país.
De igual forma, los expertos pidieron dar seguimiento a la información de telefonía incorporada en el expedientes para dar paso a nuevas líneas de investigación como es la identificación de “caminante”, de quien hasta la fecha se desconoce su identidad, pero quien fue clave en la coordinación de los agentes policiales involucrados en la desaparición de los normalistas.
El GIEI también pidió a la PGR indagar la irregularidades en el hallazgo de la evidencia balística del 15 de noviembre de 2014, la cual no fue reportada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como investigar a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación del caso.
Al presentar su informe final, los expertos dieron a conocer distintas irregularidades en la investigación de la PGR entre ellas la presunta alteración de evidencia en la que habría incurrido el titular de la Agencia de Investigación Criminal de esa dependencia, Tomás Zerón de Lucio, quien la semana pasada informó que ya solicitó ser investigado.
Los expertos indicaron, en otra de las recomendaciones, la pertinencia de investigar las denuncias por malos tratos o torturas en los detenidos. Recordaron que en su segundo informe se dio cuenta de que el 80 por ciento de los 80 implicados en la desaparición habían sufrido lesiones que debían ser investigadas.
También pidió a la PGR, investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derechos. Especialmente, pidió investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal.
“A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federa, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación”, recomendó el GIEI a la PGR.