Del mes de enero de 2015 al mes de enero de 2016 fueron
consignadas a los juzgados de garantías de la ciudad de
Chihuahua, 900 personas por posesión de drogas, de los
cuales el 50 por ciento llevaban consigo mariguana y cuyos
casos serán revisados para determinar cuáles podrían alcanzar
la libertad, luego de la propuesta que envió al Senado de la
República el presidente Peña Nieto, quien busca la
autorización del Congreso para despenalizar el consumo de
cannabis.
El fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Zona
Centro, Sergio Almaraz Ortiz, informó que en todas estas
consignaciones realizadas por parte de agentes de la Policía
Estatal y Ministerial, los detenidos fueron vinculados a
proceso por la comisión de éste y otros delitos.
“De enero de 2015 al mes de enero de 2016, tuvimos cerca de
900 personas que fueron vinculadas a proceso por posesión de
drogas en algunas de sus variantes”, dijo.
La mariguana ocupa cerca del 50 por ciento del número de
procesados -añadió- , por lo que en la parte de los procesos
que nosotros manejamos yo estaría hablando de que cuando
menos 350 de ellas, dentro de ese universo que calculamos,
podría decir que fueron vinculados por un delito relacionado
con actividades del narcomenudeo.
Con respecto a la reforma que envió recientemente a la
Cámara de Senadores el titular del Poder Ejecutivo Federal,
para que sea despenalizado el consumo de mariguana en el
país, pasando de cinco gramos a 28 como el límite legal
permitido y que tendría un efecto retroactivo, por lo que se
liberarían de las cárceles del país a aquellos procesados y
sentenciados que se ajusten a estos márgenes; el fiscal
Almaraz señaló que en Chihuahua, con el establecimiento del
Tribunal de Tratamiento para las Adicciones (TTA's), en el
que los primodelincuentes tienen el beneficio de la
suspensión del proceso a prueba, cumpliendo una serie de
requisitos, es como se les permite enfrentar el proceso en
libertad, incluso se les borran sus antecedentes penales.
“En muchas de las condiciones que permite este sistema, son
las suspensiones del proceso a prueba, esta figura establece
que no es punible el hecho en sí del consumo, siempre y
cuando las personas se sometan a una serie de requisitos de
buena conducta, de cumplir con la atención médica que se les
ordene, que cumplan con actividades laborales; es decir,
donde hay una supervisión por parte del estado”, explicó
Sergio Almaraz.
El funcionario agregó que en delitos de menor impacto
cometidos por adictos a drogas se les da el beneficio, que de
12 a 36 meses, puedan quedar sin ningún registro de
antecedente penal.
