LAS IMÁGENES son brutales. En ellas se observa una militar
con el rango de cabo que apunta con un fusil a la cabeza de una mujer. Luego
entra en escena un policía federal que le cubre el rostro con una bolsa de
plástico y comienza a asfixiarla. En los hechos también participa un capitán
del Ejército Mexicano.
Breitbart Texasfue
el primer medio que, desde Estados Unidos, difundió el video que posteriormente
fue retomado en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula. Es
tal su crudeza que obligó, en un hecho inédito, a que distintas autoridades
mexicanas ofrecieran disculpas públicas, casi inmediatas.
El video fue grabado el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán
del Progreso, Guerrero. La víctima fue identificada como Elvira Santibáñez
Margarito, de 22 años, presa en el penal federal de Nayarit desde hace un año y
dos meses acusada de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas.
Fue presentada ante el Ministerio Público Federal en
Iguala, un día después de los hechos de tortura, pero pasaron 48 horas antes de
que fuera consignada ante un juez.
Santibáñez Margarito fue detenida en un operativo contra
una célula de La Familia Michoacana, junto con otros dos sujetos: José
Villalobos Díaz, de 32 años, y Juan Hernández Villa, de 35 años, ambos de
Arcelia.
Al momento de su aprehensión se les decomisaron cuatro
armas largas (tres AK-47 y una AR15); un arma corta calibre 22; nueve
cargadores (ocho para arma larga y uno para arma corta); 209 cartuchos útiles
de diversos calibres, y una motoneta.
Dos días después de que el video se hizo público y se
viralizó, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional,
ofreció una disculpa pública por los hechos.
“En nombre de todos los que integran esta gran institución
nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este
inadmisible evento”. Agregó que se actuó “sin dilación, con prontitud y
contundencia” contra los involucrados, que ya se encuentran detenidos en una
prisión militar desde enero pasado.
El funcionario calificó los actos como “reprobables,
lamentables y repugnantes”, en los que participaron “malos elementos” del
Ejército, aunque subrayó que se trata de hechos “aislados” que dañan “de manera
muy importante” la imagen y el prestigio que han ganado las Fuerzas Armadas.
A esta disculpa se sumó, dos días después, el Comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales, al apuntar que se trata de un acto “que
ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones”.
Sales se comprometió a tener “tolerancia cero” y a ser
“implacable” en la investigación y la sanción contra los responsables. De
hecho, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, anunció la
suspensión de los efectivos que participaron en la agresión.
El juez Quinto de Distrito con sede en Iguala ordenó la
detención de estos dos federales, de un capitán y de una soldado policía
militar. Los agentes fueron ingresados en el Centro de Reinserción Social de
ese municipio mientras que los militares, como ya se mencionó, se encuentran en
una prisión militar.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que no basta con la disculpa pública
ofrecida por estos funcionarios y se pronunció por el fincamiento de
responsabilidades penales a todos los implicados.
“Cualquier tortura es demasiado, un solo caso es
demasiado”, aseguró el ombudsman nacional. El problema es justamente ese: no se
trata de un hecho aislado y, desgraciadamente, se cuentan por decenas.
LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
De 2006 y hasta el año pasado, personal militar ha
participado en 229 casos de tortura y en 72 de desaparición forzada, por los
cuales, la Sedena ha puesto a disposición de las autoridades federales a 1273
elementos para que sean juzgados.
Los anteriores son datos que me ofrecieron los generales
José Carlos Beltrán y Gonzalo Corona, directores de Derechos Humanos y de
Justicia Militar de la Sedena, respectivamente, en entrevista en el Informativo 40 Nochede Proyecto 40.
Ambos coincidieron en que hay absoluta garantía de que en
ninguno de estos hechos hay margen para la impunidad, ya que se les enjuicia
tanto en el fuero federal como en el de guerra.
Y es que, producto de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Rosendo Radilla, se
reformó el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos contra
civiles salgan de su jurisdicción y sean juzgados, también, en el ámbito civil.
De ahí que alrededor de 1700 averiguaciones previas y 274
expedientes que estaban en el fuero de guerra se enviaron al Ministerio Público
de la Federación para que se haga cargo de la investigación y de la posible
consignación de los implicados.
Derivado de lo anterior, la Procuraduría de Justicia
Militar ha cumplimentado 310 órdenes de aprehensión emitidas por juzgados
federales contra militares acusados de perpetrar delitos contra civiles.
En el fuero castrense existe una efectividad de 95 por
ciento al sancionar a quienes transgreden las normas, y muestra de ello es que
de 2012 a la fecha se han realizado 219 consejos de guerra que derivaron en 177
sentencias condenatorias.
El general Corona González agregó que “el fuero militar no
es un privilegio, es una jurisdicción especial que sanciona severamente” a
quienes violan las leyes castrenses.
Agregó que la desobediencia es uno de los delitos de mayor
incidencia y que así se puede tipificar el caso de los dos militares implicados
en la tortura de Elvira Santibáñez, hecho que —advirtió—, será castigado por el
fuero de guerra, pero también desde el ámbito civil.
Y añadió que, aunque la desobediencia no es un delito
grave, cuando se comete fuera de servicio se castiga con nueve meses de
prisión, y cuando se está en funciones, con penas que van de uno a 60 años de
cárcel; esta penalidad “altamente severa” se aplica en estado de conflicto
armado.
Para el caso de Santibáñez Margarito, detalló que los
elementos involucrados podrían ser condenados de dos a diez años de prisión, independientemente
de la condena en el ámbito civil.
El director de Justicia Militar de la Sedena me expresó
que fue en diciembre de 2015, diez meses después de los hechos, cuando tuvieron
conocimiento de ellos, y el 11 de enero, el juez 5º Militar ordenó la
aprehensión de los presuntos responsables. “La Procuraduría de Justicia Militar
actuó de inmediato, no por presión de los medios”, aclaró, ya que el video
salió a la luz pública tres meses más tarde.
A su vez, el general Beltrán Benítez dijo que comparten la
indignación del general secretario Salvador Cienfuegos, cuya instrucción es
clara: reforzar el programa de derechos humanos puesto en marcha desde 2014,
para capacitar a los elementos a actuar con respeto a las garantías
individuales.
Subrayó que los resultados están a la vista, pues se han
reducido las quejas a menos del 60 por ciento. “Antes, la Sedena ocupaba el
primer lugar por quejas ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos. Al
inicio de la administración del presidente Peña Nieto ocupábamos el tercer
lugar y hoy estamos en el séptimo”.
Concluyeron que el compromiso de las Fuerzas Armadas es
firme: velar por la seguridad de los ciudadanos y servir al país, y que la
opinión favorable está demostrada luego de que ocho de cada diez personas
aceptan que militares colaboren en acciones de seguridad.
Sin embargo, para el relator contra la Tortura de las
Naciones Unidas, Juan Méndez, estos argumentos y la disculpa del secretario de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, son insuficientes.
“El hecho de que el secretario (…) haya reconocido
públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la
Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del
gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”.
Tras una reunión con los senadores de las comisiones de
Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, así como con el coordinador de la
bancada del PRI, Emilio Gamboa, el funcionario de la ONU reiteró “que la
tortura es generalizada (en México).
“No cambio mi opinión porque, además, a partir del informe
que hice público (el año pasado), siguen denunciándose casos como Ayotzinapa y
este video al que se dio amplia difusión a escala internacional”.
Méndez, quien en 2014 realizó una visita al país para
supervisar los casos de tortura, refrendó que, por desgracia, “la situación no
ha cambiado” y sugirió reformas legales para hacer frente a este fenómeno.
ARMAS LEGALES CONTRA LA TORTURA
En comisiones del Senado de la República se discute
actualmente un proyecto de ley para prevenir y castigar la tortura que busca
dejar sin efecto todas las pruebas de delitos obtenidas por autoridades
mediante este tipo de prácticas.
De acuerdo con un anteproyecto de dictamen de la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de
Tortura, de comprobarse la aplicación de tortura en investigaciones, el
Ministerio Público no podría considerarlas como parte de sus pruebas.
El documento que discuten las comisiones unidas de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos establece que,
una vez excluidas las pruebas obtenidas bajo tortura, el juez deberá valorar si
los elementos admitidos para iniciar el proceso son suficientes. De no ser así,
se tendrá que decretar la inmediata libertad de la persona procesada.
En el caso de personas sentenciadas, si se determina que
las pruebas en las que se basó el juez fueron obtenidas de manera ilícita, como
puede ser mediante tortura, también se ordenará su liberación inmediata.
El predictamen contempla que el delito de tortura se
investigará y perseguirá de oficio y que al servidor público vinculado a
proceso por este delito se le impondrá prisión preventiva. De ser culpable,
alcanzaría una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1000 días multa.
La sanción aumentará hasta en una mitad cuando la víctima
sea menor de edad, mujer o embarazada, persona con discapacidad, adulto mayor, migrante,
indígena o afrodescendiente. También si se comete contra un periodista o defensora
de los derechos humanos.
A los servidores públicos que conozcan del delito de tortura
u otros tratos crueles y no denuncien, se les impondrá una pena de cuatro a siete
años de prisión y de 250 a 500 días de multa, así como destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
COLOFÓN
En los días en los que se reveló el caso de Elvira
Santibáñez también se dio a conocer otra noticia preocupante: un tribunal
federal del Estado de México amparó y liberó a Isidro Solís Medina, implicado
en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario
Nelson Vargas.
El amparo concedido a Solís Medina por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito se debió a que una víctima de
secuestro lo reconoció a través de la Cámara de Gesell sin la presencia del
abogado del imputado.
Nelson Vargas agregó que el sujeto ya había sido
sentenciado a 34 años de prisión, pero debido a un amparo “se reinició el caso
y se decidió que el maldito proceso le dio la razón”.
Isidro Solís está libre. Seguramente nunca ofreció una
disculpa al padre de su víctima. Es probable, incluso, que pueda volver a
delinquir. Y esa es la triste realidad: las autoridades pueden ofrecer
disculpas, pero los victimarios y torturadores, no. De hecho, por “violaciones
al debido proceso”, se les deja en libertad. En la libertad de continuar con su
carrera delictiva.
Es tiempo de pensar en las víctimas.