Esta semana, los días martes,
miércoles y jueves se discutirá en la “Ley 3de3 Plus” lanzada en el Senado en
conjunto por la sociedad civil y las bancadas de los partidos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, con el objetivo de endurecer el castigo a los
funcionarios que cometan actos de corrupción.
De acuerdo con el
perredista Zoé Robledo, la propuesta ha sido fortalecida con obligaciones
específicas para los funcionarios que prestan servicio de atención ciudadana.
Además, contempla el
combate a los llamados “moches”, así como medidas para evitar que los servidores
públicos instruyan a sus subordinados a cometer actos de corrupción.
Otro de
los puntos principales de la nueva propuesta está relacionado con el conflicto
de intereses, mediante el que esposas, hijos y consanguíneos de hasta cuarto
grado están imposibilitados a recibir créditos para la compra de bienes
inmuebles.
Este martes, con la
ausencia del Partido Revolucionario Institucional, se aprobó que la iniciativa 3de3 se
convierta en la primera ley secundaria de la reforma anticorrupción.
Entre los puntos polémicos de la iniciativa está el hecho de que autoridades
administrativas puedan ordenar la intervención telefónica sin orden judicial, o
visitas a los domicilios de gente sospechosa de actos de corrupción. Todavía debe pasar al pleno de comisiones unidas para su votación y, de ser ratificada, irá al pleno del Senado.