Los demócratas todavía no
están dispuestos a unificar su apoyo para Hillary Clinton. Tal vez porque, la
semana pasada, Bill Clinton se metió en una disputa con activistas de Black
Lives Matter (BLM) debido a su Crime Bill (Ley contra el Crimen) de 1994.
Dado que la reforma de la
justicia criminal se consideraba una prioridad urgente, los círculos demócratas
están usando aquella medida de 1994 como un argumento para recelar de los
Clinton.
En 1994, era popular adoptar
una postura “dura contra el crimen”, así que eso hicieron los Clinton. Y no
fueron los únicos. Los líderes demócratas del Congreso, como Joe Biden y
Charles Schumer, encabezaron el esfuerzo para lograr una ley anticrimen.
Al pasar los meses, el proyecto
de ley original comenzó a crecer como una medida ómnibus gigantesca. Muchos
miembros del Congreso trataron de anexar sus proyectos favoritos a la propuesta
de ley a sabiendas de que, cuando el paquete se sometiera a votación, casi
todos lo aprobarían aun cuando no apoyaran todo el contenido.
Hacia el final del proceso,
la ley era una monstruosidad de propuestas políticas. Joe Klein, columnista
político del Time, describió el Crime
Ley contra el Crimen de 1994 como una “barcaza de basura”.
Dicha legislación enfurece a
los activistas BLM, porque destinaba 7.9 mil millones de dólares en
subvenciones estatales para construir prisiones. A fin de ser elegibles a
dichos fondos, los estados debían reunir ciertos requisitos. La idea era instigar
a los los estados para que abrazaran las políticas más estrictas del sistema
federal, el cual había abolido la libertad condicional y limitaba los créditos por
buena conducta, que permitían que los prisioneros que se comportan bien pudieran
obtener una fecha de liberación anticipada.
Muchos estados estuvieron más
que dispuestos a cumplir con los requisitos. Durante la década de 1990, Estados
Unidos construía, en promedio, una cárcel nueva cada semana. Y tan pronto como
la instalación se inauguraba, en breve estaba operando a más de su capacidad de
diseño original.
Muchos de los prisioneros
eran hombres jóvenes de las minorías, delincuentes relacionados con drogas, no
violentos, que cumplían una sentencia mínima obligatoria.
Para el año 2000, crecía la
inquietud por la enormidad del sistema carcelario estadounidense. Y hoy día,
persiste el temor en todo el espectro político respecto del “encarcelamiento
masivo”.
Miles y miles de hombres de
minorías han sido encerrados. Y cuando sean liberados, como sucederá con la
mayoría de los reos, su expediente criminal hará muy difícil que consigan
empleo y se integren a la economía principal.
Cada vez más personas
empiezan a darse cuenta de que la llamada “guerra contra las drogas” no ha
impedido que la gente las use. Lo que ha hecho, en realidad, es causar estragos
en la población negra de Estados Unidos.
No obstante, muchos progresistas
han reconocido que las políticas de “enciérralos”, responsables del
encarcelamiento masivo actual, fueron respaldadas tanto por los republicanos
como por los demócratas.
En un artículo publicado en The Nation, en la edición de febrero,
Michelle Alexander, autora de The New Jim
Crow, dice: “Bill Clinton presidió un mayor incremento de internos en las
cárceles federales y estatales que cualquier presidente en la historia
estadounidense… Cuando Clinton terminó su mandato, en 2001, Estados Unidos
tenía la mayor tasa de encarcelamiento del mundo”.
Hay que notar que los
libertarios han estado sonando la alarma de esta tendencia desde hace muchos,
muchos años. Un estudio del Instituto Cato, realizado en 1994 y titulado Prison Blues, reveló que en los 15 años
previos, “los funcionarios electos de Estados Unidos han exigido que las
prisiones participen en un experimento social muy osado. La política carcelaria
histórica –el encarcelamiento de criminales violentos- ha sido reemplazada por
una política que usa las prisiones para castigar a delincuentes relacionados
con drogas mediante sentencias obligatorias cada vez más severas, en prisiones
cada vez más sobrepobladas”.
El su documento, Handbook for Congress, publicado en
1995, Cato instó a los legisladores a poner fin a la guerra contra las drogas y
a repeler la Ley contra el Crimen de Clinton.
Por desgracia, los miembros
del Congreso estaban decididos a escalar sus políticas en la guerra contra las
drogas. Y solo hasta ahora, a la vuelta de 20 años, empiezan a aceptar la idea
de reformar las sentencias, así como la necesidad de deshacerse de sus
políticas fallidas en la guerra contra las drogas.
Desde hace algún tiempo, los
Clinton saben que han estado fuera de contacto con su base política en asuntos
pertinentes a la justicia criminal. El año pasado, Bill reconoció que sus
políticas de construcción de prisiones “se pasaron de la raya” y que hay
“demasiada gente en prisión, por demasiado tiempo”.
Hillary ha tratado de hacerse
pasar por reformista, diciendo: “Necesitamos un debate nacional auténtico sobre
la manera de reducir nuestra población carcelaria, al tiempo que mantenemos a
salvo a nuestras comunidades”.
Esas frases hechas no bastan
para los activistas BLM. Para ellos (y otros más), el apoyo para la Ley contra
el Crimen de 1994 es el equivalente político al voto de Hillary para apoyar la
Guerra de Irak: un indicador clave de su criterio político. Y una prueba
fallida para los Clinton.