El Estado mexicano ha sido omiso en su
responsabilidad de proteger la integridad y vida de niños y niñas frente al
escenario de lucha que mantiene contra el crimen organizado, al grado de que
han desaparecido 6 mil 700 infantes y adolescentes entre 2006 y 2014, denunció
este jueves la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
En la audiencia temática sobre
desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México, Juan Martín Pérez García,
director ejecutivo de la Redim, destacó que “la corrupción, la impunidad y la
ineficacia de los sistemas existentes y las normativas procedimentales para la
búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos hacen que el escenario
sea complejo y los casos se multipliquen”.
En entrevista con
Newsweek en Español, Pérez García
destaca que de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas
Extraviadas y Desaparecidas, el 30 por ciento de todos los casos de
desaparición en México, entre 2006 y 2014, corresponde a personas menores de
edad.
“Es una tragedia
nacional —indica— que tengamos cerca de 6 mil 700 niños y adolescentes
desaparecidos. Dentro de este grupo, un porcentaje alto corresponde a niños de
0 a 4 años de edad. Cuando hemos georreferenciado los datos encontramos que
esto se está dando sobre todo en la frontera norte de México, es decir, a un
lado de Estados Unidos”.
Por otro lado, en
el caso de adolescentes, “vemos con mucha preocupación que entre los
desaparecidos de edades entre los 15 y 17 años, siete de cada 10 sin mujeres.
Organizaciones civiles han denunciado la presencia y actuación del crimen
organizado junto con funcionarios locales, esencialmente de carácter municipal,
en el secuestro de mujeres adolescentes con fines de explotación sexual”.
La Redim presentó
esta información ante la CIDH, remarcando la realidad violenta en México. Pérez
García indica que no olvidó mencionar que en el país “hay una crisis de
derechos humanos de varias expresiones, violencia armada en todo el territorio
nacional, dominio territorial de los grupos criminales. Esto se traduce en
altas tasas de homicidio contra adolescentes particularmente. Hay una epidemia
de personas desaparecidas”.
La red hizo un
llamado a las autoridades mexicana presentes para que se pueda incorporar un
capítulo específico sobre niñez desaparecida en la nueva ley general sobre
personas desaparecidas que se discute en el país. “Esto permitiría —dice el presidente
ejecutivo de la Redim— crear un protocolo único de búsqueda porque hoy hay que
esperar entre 24 y 74 horas para iniciarla. Esto va en contra de la protección
de niños y niñas. La experiencia internacional da cuenta de que si se inicia la
después de las primeras tres horas, hay un 90 por ciento de probabilidades de
encontrar al niño o niña con vida”.
“En 72 horas —agrega—
ya están fueras del país, les cambiaron la identidad o están muertos. Estamos
insistiendo en un sistema de información sólido que permita crear alertas y en
el que se pueda atender casos paradigmáticos que además del acceso a la
justicia para las víctimas ayude a desarrollar aprendizaje institucional en el
escenario de México. Debe aprenderse de lo que ha ocasionado esta violencia
generaliza”.
—¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
—De parte de los
legisladores hemos encontrado cierta disposición para dar a conocer el tema en
el proyecto de ley. Logramos el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas en México, de Unicef, entre otros. Creo que esto puede
ayudar. Continuaremos el diálogo con el Estado mexicano para que esto se
concrete, sobre todo porque la ley de personas desaparecidas tiene que
aprobarse antes del 30 de abril y buscaremos que asuma el compromiso que ha
asumido.
—¿Qué hay que resaltar de esta situación?
—El tema central
es que el Estado mexicano ha sido omiso en su responsabilidad de proteger la
integridad y vida de niños y niñas frente al escenario de lucha que tiene contra
el crimen organizado, de tal suerte que las políticas de seguridad han dañado
de manera importante al 35 por ciento de la población nacional, cerca de 40
millones de menores de edad. Es ahí donde se nota ese gran impacto.