Martha Aranda perdió a su hijo Alfredo hace seis
años. La mujer no se resigna. Lo sigue buscando. Padre de dos hijos y
agricultor, Alfredo Quezada desapareció el 23 de febrero de 2010, a los 36 años
de edad. Desde entonces nada se sabe de él. No hay avances en la investigación
radicada en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
A seis años de la desaparición, Martha conserva el
llanto; el dolor sigue ahí, latente en su espigado rostro. La esperanza también
se le asoma: “Mi hijo es excelente. Un padre dedicado. Un muchacho de trabajo y
de paz. Es mi único hijo varón. Lo busco siempre y mientras viva lo seguiré
buscando”, dice. La voz quebrada; la mirada húmeda. Uno de sus compañeros la
consuela.
Acompañados por integrantes del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Amnistía Internacional (AI) México,
familiares de personas desaparecidas en Chihuahua arribaron ayer a la Ciudad de
México para solicitar a las autoridades federales que garanticen que los restos
encontrados en 2011 en tres fosas clandestinas de los municipios de Cuauhtémoc,
Cusihuiriachi y Carichí, sean analizados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF).
En entrevista, refieren que su petición, que data
de 2011, ya había sido aceptada por el gobierno de Chihuahua, a cargo de César
Duarte Jáquez. El compromiso consta en minutas de acuerdos fechadas en
noviembre y diciembre de 2014. Pero la tinta sobre el papel no trascendió. El
primer día de abril de 2015 una perita del EAAF se presentó en las oficinas del
gobierno local para signar el convenio de inicio de trabajos. Sin embargo, la
mujer no fue recibida.
Obstaculizan
labor
El gobierno de Chihuahua sostiene públicamente que
no se opone a que la labor de identificación de los restos hallados en las
fosas sea asumida por las peritas independientes del EAAF pero, en los hechos,
obstaculiza su labor. Peor aún, a través de ministerios públicos y policías presiona
a las familias para que autoricen a la fiscalía local el procesamiento de los
restos, como una condicionante para que los casos sean investigados, denuncian.
Edna Vázquez, madre de Jesús Delgado, desaparecido
el 12 de septiembre de 2013, sabe de la importancia de que los restos sean
estudiados por peritos independientes. En su caso así ocurrió. El EAAF concluyó
que los restos localizados el 28 de octubre de 2013 son los de su hijo. Trágica
noticia que, sin embargo, trajo verdad a la familia.
“No queremos mentiras; buscamos verdad. No
confiamos ya en el gobierno de Chihuahua. Nos han mentido tanto”, comenta la
mujer. Enseguida relata que en diciembre pasado el gobierno de César Duarte obligó
a una familia a aceptar, sin más, los supuestos restos de su pariente
desaparecido. Poco tiempo después, dicha persona fue localizada con vida, hecho
que develó la mentira oficial.
—¿Por qué
insisten en que sea el Equipo Argentino, y no la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua, quien analice estos fragmentos? —se le pregunta a Martha Aranda.
—Los restos pueden perderse. Están muy fragmentados
y calcinados. Ya no va a haber otra oportunidad de saber si ahí están los restos
de nuestros seres queridos —responde. Su expresión denota angustia.
De acuerdo con la estadística oficial, en Chihuahua
existen al menos 1698 personas desaparecidas. A finales de 2011, tres fosas
clandestinas fueron localizadas en esta entidad: en Rancho Dolores, Cuauhtémoc;
en El Mortero, Cusihuiriachi; y en Brecha El Porvenir, Carichí. Los fragmentos
de restos humanos encontrados en estos tres sepulcros se encuentran
multifragmentados, calcinados y con alto grado de degradación.
En una ficha informativa, quienes integran el
Cedehm explican que “por las condiciones de los restos humanos encontrados, su
procesamiento conlleva un alto riesgo de que éstos se consuman o extingan, y
existe la posibilidad de que no se pueda obtener material genético para su
identificación”. Por tanto, señalan, “su tratamiento requiere un grado de
especialidad y la tecnología más avanzada para intentar obtener información
útil”.
Especialidad y tecnología que la Dirección de
Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua negó tener. De acuerdo con el Cedehm, el personal de esta dependencia
advirtió que en Chihuahua no se cuenta con la tecnología suficiente para
obtener el material genético de los restos.
En su visita a la Ciudad de México, que concluirá
el día de mañana, los familiares de personas desaparecidas en Chihuahua se
reunirán con distintas autoridades federales. Lo hicieron ya con algunos
legisladores y organismos de derechos humanos. También con una representación
de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Figura en
su agenda, un encuentro con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En la reunión que sostuvieron con el personal de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las familias provenientes de
Chihuahua insistieron en su petición de que el organismo autónomo emita una
recomendación al respecto. Por lo pronto, cuentan ya con una medida cautelar
que ordena al gobierno de Chihuahua abstenerse de procesar los restos de estas
tres fosas clandestinas.
En enero pasado, AI emitió el informe México: un trato de indolencia. La respuesta
del Estado frente a la desaparición de personas en México. En éste, los
integrantes de la organización sostienen que las autoridades mexicanas son incapaces
de dar respuestas sólidas e institucionales, encaminadas a encontrar la verdad
y lograr la justicia y reparación para las más de 27 mil personas desaparecidas.
Carlos Azueta, investigador para México de AI,
sostiene que el Estado mexicano sigue en el camino de negar la existencia de la
problemática y, contrario a ello, de retomar las peores prácticas. Es así, por
ejemplo, que en el caso relativo a la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa realizaron un tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula
contrario a los estándares internacionales. Y, en este caso, el gobierno de
Chihuahua impide la investigación científica de los fragmentos de restos
humanos. ***