Con modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
la diputada Geraldine González Cervantes pretende garantizar la
actuación imparcial e independiente por parte de magistrados y
consejeros electorales en Puebla.
Esto, derivado de los señalamientos que se han dirigido hacia los
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Puebla como del
Instituto Electoral del Estado (IEE) por las decisiones que han tomado
en este proceso electoral, cuando se renovará el gobierno.
En sesión de la comisión Permanente, la legisladora poblana propuso que
la Camara de Diputados se encargue de modificar ambos marcos para que se
establezca que uno de los requisitos para la elegibilidad de los
consejeros que integren los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLEs) sea que cuenten con licenciatura en Derecho, y que al menos la
mitad de los que integren el consejo general presenten con esta
condición.
También dijo que la revocación constante a sus determinaciones se
establezca como motivo para su remoción por parcialidad, subordinación,
negligencia, ineptitud o descuido; y que dentro de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales se incluyan a funcionarios electorales
como a servidores públicos.
“La Ley General en Materia de Delitos Electorales los clasifica de
acuerdo al sujeto que los comete, y proponemos incluir dentro de los
delitos electorales cometidos por funcionarios electorales y servidores
públicos que se castigue desde 50 a 400 días de multa y seis años de
prisión a quienes se les compruebe de haber tenido un actuar equívoco”.
La propuesta presentada por la diputada del partido del tucán se turnó a
la comisión de Gobernación para que se apruebe que este punto de
acuerdo se haga llegar al Congreso de la Unión y comiencen así los
trabajos que garanticen un proceso limpio y transparente para 2018 y los
próximos.
Con información de Puntual