Ante todo, las llamadas sociedades ‘fantasma’ o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad. Se trata de los “trusts”, estructuras jurídicas “offshore”, basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.
Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos ‘trusts’, lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.
“Hay centenas de miles de trusts en el mundo”, en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explica a la AFP Daniel Lebègue, presidente de Transparency International France.
El escándalo de los “Panama papers” ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las “acciones al portador” o “bearer shares”, acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.
¿Ilegales?
Recurrir a sociedades “offshore” no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebègue, “detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).”
Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos. “En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella”, afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.
Erradicar la evasión fiscal
Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido desde 2009, bajo el impulso del G20. Ello permitió una fragilización del secreto bancario (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente sus informaciones antes de 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el “BEPS”, adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.
“El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo y el principio” pero “no todos (los países) han tomado las medidas necesarias para aplicarlos” matiza Daniel Lebègue.
Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.
“Los defraudadores se adaptan” explica Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas (IPP), para quien “la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras”.
Los países “problema”
Según una lista de la Comisión europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas. Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein. La OCDE cita por su lado a 38 jurisdicciones que deben hacer más progresos.
Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las ONG como la ‘oveja negra’ de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore (unas 100 000) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas “acciones al portador”.
“El +black money+ se ha concentrado en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá” destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una “línea de frente”.
“Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no han hecho progresos” explica.
Periodistas de la ICIJ, detrás de filtraciones
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) es un colectivo de 190 periodistas que en más de 65 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción y abuso de poder.
Esta semana repartió 11.5 millones de documentos compilados entre más de un centenar de periódicos que exponen negocios secretos transfronterizos (offshore) realizados por allegados a poderosos líderes mundiales y celebridades deportivas y del show business.
En términos de volumen, “los ‘Panama Papers’ son probablemente la mayor filtración de información confidencial de la historia”, según ICIJ.
Los documentos, que involucran a unas 214 000 empresas offshore, provienen del estudio jurídico Mossack Fonseca, con sede en Panamá y oficinas en más de 35 países.
Fundado en 1997 por el periodista estadounidense Chuck Lewis y con sede de bajo perfil en Washington, el ICIJ es una organización sin fines de lucro, con una reducida dotación de colaboradores, financiada por fundaciones y donaciones privadas, según su sitio web, icij.org.
El ICIJ es dirigido actualmente por el periodista australiano Gerard Ryle, quien emigró a Estados Unidos en 2011 tras recibir 2.5 millones de archivos digitales, un tesoro que derivó en datos sobre 120 000 empresas domiciliadas en paraísos fiscales, en las que estarían implicadas unas 130 000 personas.
Siguiendo el modelo de WikiLeaks, el sitio que ganó notoriedad mundial publicando millones de cables diplomáticos filtrados, ICIJ se basó en respetados medios de prensa internacionales, como Le Monde, The South China Morning Post, la BBC, el Washington Post, Folha de Sao Paulo y el Sueddeutsche Zeitung para clasificar la información.
“La globalización y el desarrollo imponen una extraordinaria presión sobre las sociedades humanas, que implican amenazas sin precedentes por parte de industrias contaminantes, redes transnacionales del crimen, estados paria y acciones de poderosas figuras en los negocios y el gobierno”, advierte el ICIJ en su sitio web.
Están implicadas en ellos al menos 140 personas relacionadas con personalidades mundiales, desde asistentes del presidente ruso Vladimir Putin a familiares del mandatario chino Xi Jinping, celebridades deportivas y estrellas de cine.
Sus equipos lograron exponer operaciones de “contrabando por parte de compañías multinacionales del tabaco y grupos del crimen organizado, investigaron asociaciones militares privadas, compañías (que trabajan con) asbestos y lobistas en (el sector del) cambio climático, innovando con la publicación de detalles sobre contratos para la guerra en Irak y Afganistán”, agrega.
En abril de 2013, el ICIJ subió a internet una guía “who’s who” de individuos y entidades que ocultaban su dinero en paraísos fiscales, describiendo la primicia como “probablemente la mayor colaboración periodística internacional de la historia” hasta ese momento.
“Offshore leaks” expuso la identidad de miles de titulares de cuentas en paraísos fiscales. Entre ellos estaba la familia del presidente de Azerbayán, Ilham Aliyev; el tesorero de la campaña electoral de 2012 de François Hollande, Jean-Jacques Augier, y la esposa de Igor Shuvalov, un hombre de negocios cercano al presidente ruso, Vladimir Putin.
En enero de 2014, el ICIJ registró otra primicia, con revelaciones de que la élite china también estaba depositando su dinero en cuentas en paraísos fiscales.
En noviembre de 2014, el consorcio reveló “LuxLeaks”, filtrando documentos que mostraban que cientos de las mayores empresas mundiales, incluyendo AIG, Amazon, Apple, IKEA, Pepsi y Verizon habían alcanzado un acuerdo con Luxemburgo para evadir miles de millones de dólares en impuestos.
Finalmente, en febrero de 2015, el ICIJ hizo público “SwissLeaks”, revelando un esquema que habría beneficiado a clientes de la sucursal suiza del gigante bancario HSBC para evadir impuestos en cuentas por 119 000 millones de dólares.
El procedimiento fue revelado en base a archivos robados en 2007 por un empleado que contenían información sobre más de 100 000 clientes.
Con información de agencias.