Mientras una ola de calor cruzaba California el verano pasado, un incendio empezó en las colinas secas en el noreste de Los Ángeles y asó varios vehículos en una carretera importante. Los bomberos al principio batallaron para contener las llamaradas, y los molestos oficiales forestales de Estados Unidos dijeron que sus acciones se retrasaron porque la gente seguía volando drones en las cercanías, los cuales interferían con sus aviones. “Tienes gente en áreas donde piensan que está bien”, dijo Daniel Berlant, portavoz del Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California, a The New York Times. “Pero no se percatan de las consecuencias de lo que hacen”.
No son los únicos. En los últimos cinco años, los drones se han vuelto no sólo baratos y fáciles de volar, sino también una molestia pública: chocan contra niños pequeños, se amontonan cerca de aeropuertos y se estrellan en el césped de la Casa Blanca. Ahora, después de años de dejar sola la industria, la Autoridad Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) trata de obligar a los dueños a registrar sus aeronaves.
A finales del año pasado, la FAA y el Departamento del Transporte —con el apoyo de la industria de los drones— rápidamente creó un registro en línea para los aficionados. Su meta era rastrear a los propietarios que quebrantaran la ley y hacerlos responsables. La sanción por no registrarse: hasta tres años en prisión y una multa de 250 000 dólares. No hay manera de saber qué porcentaje de aficionados a los drones ha seguido las nuevas normas. Pero para el 8 de febrero, la FAA dice que 329 954 propietarios han firmado el registro. “No se equivoquen: los aficionados a las aeronaves no tripuladas son aviadores”, dijo Anthony Foxx, secretario de transporte de Estados Unidos, en una declaración en diciembre, “y con ese título viene mucha responsabilidad”.
No todos están complacidos con el requisito. Algunos dueños de drones dicen que es ilegal, y están desafiando a la FAA en las cortes. John Taylor, un abogado de seguros y aficionado a los drones de Silver Spring, Maryland, encabeza la lucha. Cuando el registro se lanzó en diciembre, Taylor dice que esperó a que un abogado apropiado presentara una demanda. Cuando eso no sucedió, lo hizo él mismo. “En verdad creo que la FAA no tiene una defensa real”, explica.
Taylor basa su argumento en una cláusula de media página en la Ley de Modernización y Reforma de la FAA, la cual prohíbe explícitamente a la agencia hacer nuevas normas y regulaciones relacionadas con modelos de aeronaves. Al lanzar el registro, afirma Taylor, la FAA técnicamente ha creado una regulación también.
La FAA no está de acuerdo. Argumenta que el registro no es nuevo, sino más bien una extensión de un programa con base en papel para las aeronaves regulares que fue codificado durante la era de Eisenhower.
De cualquier manera, el registro de drones podría tener otro problema. Bajo una legislación distinta, firmada en 1946, todas las regulaciones de las agencias federales necesitan pasar por un periodo de anuncio público para que las entidades no gubernamentales puedan hacer comentarios. Sin embargo, la FAA eludió este proceso diciendo que el registro era demasiado importante para esperar.
Al hacerlo, la agencia traicionó la confianza pública, argumenta Jonathan Rupprecht, un abogado de aviación en West Palm Beach, Florida, quien trabaja con Taylor en la demanda. “En vez de que la FAA sea vista como una agencia que está aquí para ayudar y educar a la gente —añade—, se ven como dictadores que dicen: ‘Ustedes deben obedecer, o pasarán unos años en la cárcel’”.
Los aficionados a los drones tienen otras preocupaciones también, principalmente la privacidad. La FAA dice que abrirá al público los números de registro en su base de datos. Pero como lo cita Taylor en su demanda, varios dueños de drones afirman que recibieron la información de otra persona después de completar una solicitud. Un portavoz de la agencia se negó a comentar sobre el asunto a causa de la litigación pendiente.
No está claro cuándo habrá un fallo sobre la demanda, pero la FAA no parece tener un plan de respaldo. Si un juez declara ilegal el registro, la agencia podría ser obligada a esperar a que un Congreso fraccionado establezca las regulaciones a los drones.
Taylor es optimista y ansía detener lo que él llama un exceso federal. Igual pasa con Rupprecht, quien parece disfrutar la pelea. “Estoy aquí”, dice él, “para hacer estallar el registro”.
Publicado en cooperación con Newsweek /