En un comunicado conjunto de la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Procuraduría General de la República, las dependencias externaron su postura sobre el informe de derechos humanos presentado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aseguraron que este “no refleja la situación
general del país”.
Según esta dependencia, una prioridad del
gobierno de la República una de sus prioridades ha sido atender las solicitudes
de audiencia e información de la Comisión y que el hecho de que la CIDH haya
visitado México es una muestra de la mayor apertura y la cooperación del
Estado mexicano.
“El Estado mexicano trabaja constantemente
para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por
la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y
garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se
esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos
de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un
informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, se lee en el
comunicado del gobierno.
Lo anterior es, según la secretaría, porque
la CIDH está ignorando “más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios
estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido
reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”.
“Si bien en el informe la CIDH da cuenta de
algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no
refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos
erróneos, que no se comparten. Tanto en la visita, como al término de ésta, el
Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una
crisis de derechos humanos”, consideran las dependencias en el informe.
La posición de la Secretaría de Gobernación
es que México es un gobierno abierto que “un gobierno abierto que promueve la
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en
todas las dependencias federales. Muy pocos países en el mundo cuentan con
instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos
que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH.”
“El Gobierno de la República reitera su
compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, y continuará
colaborando con los organismos internacionales relevantes a fin de que
contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el
mejoramiento de nuestras instituciones. En ese marco, la reciente renovación de
la Comisión ofrece una oportunidad para fortalecer el diálogo ente los Estados
y la CIDH, que permita a los propios Comisionados contar con información
balanceada y confiable que facilite su importante mandato de promoción de los
derechos humanos en el Continente”, finaliza el comunicado.
Grave, situación de derechos humanos en México
Mientras tanto, diversas organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y Human
Rights Watch han apuntado que lo que se vive en México sí es una crisis de
derechos humanos y que el gobierno mexicano ha elegido ignorar este hecho.
El reporte de la CIDH señalaba que México
cuenta con niveles críticos de impunidad y que México atraviesa una grave crisis
de violencia desde hace varios años. El caso de Iguala ha sido comparado con lo
sucedido en 1968 con los estudiantes de Tlatelolco.
“Durante el gobierno del ex presidente
Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el
narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta
alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de
cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado
el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta
al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el
rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una
política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos
conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad
estatales y municipales”, dice el informe de la Comisión.
“La regla en México es la impunidad y el caso Iguala
es de gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra México
en materia de derechos humanos”, denunció en una rueda de José
Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
De igual modo la CIDH señaló que “ha
constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una
atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta
de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter
estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar
la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las
amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que
buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad
mexicana”.
Con información de agencias.