De acuerdo con el informe 2015 que Amnistía Internacional presentó este miércoles, los campesinos que viven en la ruta en que se prevé la construcción del canal interoceánico, han sido objeto de “intimidación, ataques y detenciones arbitrarias” por su oposición al proyecto.
“Los defensores y las defensoras de los derechos humanos, así como los grupos indígenas, afrodescendientes, padecían amenazas e intimidación en represalia por su labor”, consigna Amnistía Internacional; asimismo, “algunos medios informativos y organizaciones de la sociedad civil sufrían hostigamiento”, agrega la organización.
El gobierno otorgó la concesión del Canal de Nicaragua a la empresa china HKND en junio del 2013 para enlazar el Caribe con el Pacífico con un canal de 278 kilómetros, aunque a la fecha no ha habido avance significativo en su construcción. Según cifras oficiales, para este proyecto masivo unas 27 000 personas serán desplazadas de sus territorios, entre ellos indígenas de la región del Caribe. Según reportes de organismos locales de derechos humanos y de la sociedad civil, estas acciones se produjeron en el contexto de protestas públicas en que los afectados acusaron al gobierno de dar la concesión “sin su consentimiento libre” y sin saber que podrían ser desplazados, afirmó AI.
Además, el gobierno nicaragüense y grupos de simpatizantes “intentaban reprimir y estigmatizar” a distintos grupos cívicos y medios de comunicación que critican al partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Al crecer las preocupaciones sobre el atropello de los derechos humanos en la región, en mayo de 2015 dos integrantes del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL) acudieron a un acto en pro de los derechos humanos, pero Nicaragua les negó el ingreso.
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Con información de AFP