Podría empezar con una fiebre, un sarpullido, un dolor de
cabeza o los tres juntos. La mayoría de las veces se propaga a través del
torrente sanguíneo sin síntomas. Para la mayoría de las víctimas con síntomas significa
una semana en cama con músculos adoloridos y temperatura alta, y luego la vida
regresa a la normalidad. Pero cuando estás embarazada, el zika es algo mucho
peor: es el fantasma de tener un bebé con un cráneo como un puño cerrado, ya
que el virus detuvo el crecimiento cerebral en algún momento entre que la
picadura del mosquito infectó a la madre y el nacimiento.
La microcefalia tiene diferentes grados: en los casos más
leves, los niños pueden tener una inteligencia normal; pero muchos de los casos
de zika que han aparecido en América Latina son en verdad graves. Mientras que
un cerebro normal tiene circunvoluciones, los médicos están viendo escaneos que
muestran cerebros tan lisos como un canto rodado. En casos como estos, la
microcefalia podría significar que el bebé sufra de convulsiones toda su vida,
nunca aprenda a hablar o enfrente toda una gama de retos de desarrollo.
Sin una vacuna o cura para el zika, ni mucho conocimiento
clínico de cómo y por qué se presenta junto con defectos de nacimiento, los
funcionarios mundiales de la salud están nerviosos. “No tenemos una respuesta a
qué está pasando en realidad”, dijo Bruce Aylward, subdirector general de la
Organización Mundial de la Salud, a The Washington Post el mes pasado.
Los científicos ni siquiera han confirmado que el zika provoque microcefalia,
pero han determinado que puede atravesar la placenta de la madre al feto.
También saben que los casos de microcefalia se han disparado doquiera que el
zika se ha propagado.
En El Salvador, el mes pasado el gobierno instó a las mujeres a
no embarazarse antes de 2018, y el Ministerio de Salud dijo que 96 mujeres embarazadas
habían sido diagnosticadas recientemente con zika. Los gobiernos de Colombia,
Ecuador y Jamaica han emitido recomendaciones similares en contra de
embarazarse. Y como se espera que el zika continúe “propagándose
explosivamente” por casi todo país en las Américas, según las autoridades
mundiales de salud, podría haber más recomendaciones contra el embarazo.

El Salvador, un país donde la anticoncepción es rara, las violaciones están
incontroladas y una mujer puede ser encarcelada 50 años por un aborto: el
“asesinato agravado” de un feto.
ULISES RODRIGUEZ/REUTERS
Pero en esta parte del mundo, más de la mitad de los embarazos
no son planificados, por lo que el único efecto práctico de una recomendación
contra el embarazo es crear una cantidad enorme de ansiedad. Después de todo,
en cuanto se embaraza, accidentalmente o no, las opciones de una mujer en
Sudamérica en su mayoría se han agotado: el aborto está severamente restringido
o completamente fuera de discusión. Sólo siete países en el mundo todavía
prohíben el aborto por completo (incluso en casos de violación, incesto y
peligro en la vida de la madre), y seis de ellos están en América Latina. El
zika también se propaga con rapidez en el Caribe: 97 por ciento de todas las
mujeres en edad reproductiva en Latinoamérica y el Caribe viven en países donde
el aborto está sumamente restringido o del todo prohibido.
Incluso los anticonceptivos son difíciles de obtener en muchos
de estos países. Honduras criminaliza el aborto sin excepción y prohíbe
cualquier contracepción de emergencia. En El Salvador, los anticonceptivos son
escasos, las violaciones están incontroladas y el aborto bajo cualquier
circunstancia se castiga hasta con 50 años de prisión. El índice de embarazo
adolescente allí es extremadamente alto, con un tercio de los bebés nacidos de
madres que tienen entre diez y 19 años. Una porción considerable pero difícil
de cuantificar de dichos embarazos es resultado de violaciones, según el
Ministerio de Salud de El Salvador, y tres de cada ocho muertes maternas allí
son suicidios de muchachas embarazadas menores de 19 años, según cifras del
gobierno reportadas por Reuters en 2014.
Aun cuando la contracepción de emergencia es técnicamente legal
en El Salvador, conseguir la píldora Plan B —junto con la mayoría de las otras
formas habituales de anticoncepción— requiere de receta. Hay una clara división
socioeconómica: los habitantes adinerados de las ciudades pueden comprar un
control de natalidad, pero los pobres no pueden costearse la cita con el médico
o los médicos. Fuera de las ciudades, es todavía más difícil porque “algunas
mujeres en las áreas rurales no tienen acceso a un médico”, dice Paula Ávila
Guillén, una defensora del Centro de Derechos Reproductivos.
Mientras tanto, las leyes del aborto en este país profundamente
católico se aplican con singular celo, ya que las mujeres pueden ser
encarceladas hasta por medio siglo por “asesinato agravado” de sus fetos.
Grupos activistas como el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto, con oficinas en El Salvador, dicen
que muchas de las mujeres encarceladas por abortos no trataban de terminar sus
embarazos. Más bien, sufrieron abortos naturales u otras complicaciones del
embarazo, y cuando buscaron ayuda médica o se las halló desmayadas o sangrando,
sus médicos llamaron a los policías.
En las primeras horas de la mañana del 24 de noviembre de 2011,
María Teresa Rivera sintió un dolor intenso. Rivera, por entonces de 28 años y
madre de un hijo de diez, tuvo un parto prematuro en su baño. Su madre la oyó
gritar y llamó una ambulancia. Rivera no sabía que estaba embarazada, según
Jorge Menjívar, un activista de la Agrupación Ciudadana que trabaja en su caso.
“Ella siguió sangrando cada mes, menstruando”, así que no le pasó por la mente.
“Pero si una mujer embarazada sangra, es una señal de embarazo de alto riesgo”.
Rivera dio a luz en el baño, sangrando profusamente. Cuando
llegó a un hospital cercano, el personal médico llamó a la policía para
reportarla bajo sospechas de que intentó practicarse un aborto, y fue enviada a
prisión. A pesar de que un fiscal federal determinó que se violaron los
derechos de Rivera, ahora está en su cuarto año de una sentencia de 40 años, cumpliendo
su condena en una prisión abarrotada descrita por el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de la ONU como una con condiciones “humanas”, mientras que
su hijo de 15 años es criado por su abuela.
Mientras tanto, a pesar del miedo generalizado al virus de Zika,
muchos en El Salvador son escépticos con respecto a la recomendación del
gobierno contra el embarazo. “Es escalofriante en general ser una mujer en edad
reproductiva” en El Salvador, dice Ávila Guillén. “Añade el virus y se vuelve
muy confuso”. Nadie —dice— sabe lo que en realidad significa la advertencia,
así que decirles a las mujeres que no se embaracen sin una campaña nacional
para dar anticonceptivos gratuitos —y una manera de ayudar a las mujeres con
embarazos no deseados— deja la implementación enteramente a la imaginación. La
advertencia es “muy cándida e irresponsable”, considera Ávila Guillén.
Aun cuando el uso de anticonceptivos está aumentando en El
Salvador y el índice de natalidad está disminuyendo, mucho de esta tendencia es
motivado por índices disparados de mujeres que se someten a esterilización,
según Population Reference Bureau. En 2004 (el último año del que se tienen
buenos datos), un cuarto de las mujeres menores de 30 años eligieron
esterilizarse. Esas decisiones a menudo son motivadas por el miedo a que otros
métodos de anticoncepción menos permanentes fallen, dejando a las mujeres
sufriendo embarazos no deseados, según un ensayo de 2008 en The
Medscape Journal of Medicine.
Muchas mujeres salvadoreñas parecen tener poco conocimiento de
métodos alternativos; los investigadores escribieron que “varias mujeres
expresaron su miedo a que el fallo de un DIU resultara en que el feto naciera
con el DIU alojado en su cabeza”. En otros casos, pensaron que no tenían más opción:
“Muchas mujeres dijeron que fueron esterilizadas porque el médico les presentó
el procedimiento como el único método de prevenir el embarazo”. La educación
sexual es limitada; el enfoque principal es la abstinencia.
Menjívar, de la agrupación Ciudadana, espera que el pánico por
el zika —y el enfoque resultante en el embarazo— obligue un “debate serio y
científico” sobre las leyes del aborto en el país. Otros se han preguntado si
el zika podría convertirse en América Latina en lo que fue un susto por la rubeola
en Estados Unidos en la década de 1960. Antes de ello, el aborto era
caracterizado en Estados Unidos como un procedimiento al que recurrían sólo las
mujeres sexualmente promiscuas de un bajo estatus socioeconómico. Pero luego
estalló una epidemia de rubeola, y las mujeres que contrajeron la enfermedad
empezaron a dar a luz bebés permanentemente discapacitados. Ello empezó a
cambiar la conversación sobre el aborto. La revista Life publicó un artículo
de portada en 1965 enfocado en las mujeres blancas de clase media que elegían
terminar sus embarazos después de contraer rubeola y en sus médicos que
aceptaban llevar a cabo los procedimientos, haciendo notar las complicaciones
de salud severas y de por vida que enfrentaría un niño nacido en esa condición.
Fue presentada como una decisión seria y una elección obvia, apoyada por
médicos “respetados” y “valientes”.
Ese artículo de portada sobre la rubeola, publicado ocho años
antes del caso Roe vs. Wade, atizó la simpatía pública por el procedimiento,
que se tradujo en cambios legales; para 1968, cuatro estados habían aprobado
leyes que permitían el aborto si se detectaban deformidades fetales, citando la
rubeola como un ejemplo primordial.
El zika podría propiciar una conversación similar en
Latinoamérica, pero por ahora los países apenas gatean para establecer
diagnósticos decentes para la enfermedad, dice Suzanne Serruya, directora de la
rama de salud de la mujer y reproductiva en la Organización Panamericana de la
Salud. La prueba de diagnóstico actual para zika es relativamente nueva y
engorrosa: demora tanto como una semana para determinar a través de una prueba
de sangre si alguien lo ha contraído. No todas las clínicas están equipadas
para hacerla, y alrededor de un tercio de los salvadoreños tal vez no tenga
acceso a una clínica. Y para las mujeres embarazadas diagnosticadas con zika,
el tenso periodo de espera es mucho mayor. Tienen que esperar hasta la 24º
semana del embarazo, cuando es finalmente seguro tomar el fluido amniótico
requerido para descubrir si el feto creciente también está infectado.
Para Serruya, todo esto se añade a un mensaje claro: evitar los
embarazos no deseados —y las picaduras de mosquito— debería ser el enfoque. Su
organización nunca le dirá a una mujer que no se embarace: “Es un derecho de la
mujer” decidir cuándo tener un bebé, explica. Decirles a las mujeres de El
Salvador que no se embaracen es una forma de discriminación socioeconómica, asegura,
ya que las mujeres en pobreza tienen menos capacidad de comprar los suministros
necesarios como mosquiteros y aerosoles para protegerse de los mosquitos. Las
mujeres ricas “por supuesto que tienen la capacidad de conseguir el tipo de
protección que necesitan” tanto para los mosquitos como para el embarazo. En
vez de emitir directrices contra el embarazo en esencia inútiles, los países
deberían fortalecer sus recursos en planificación familiar, dice Serruya, para
que las mujeres puedan tener el control sobre cuándo tener un hijo.
Mientras tanto, Estados Unidos ha lanzado una acción fuerte
para desarrollar una vacuna contra el zika, con las pruebas humanas empezando
tan pronto como finales de este año. Brasil está liberando mosquitos
genéticamente modificados para tratar de detener la propagación de los
infectados. Conforme mejore la ciencia de los virus, las mujeres en países
infectados deben esperar a que las recomendaciones en reproducción se pongan al
día.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in
cooperation with Newsweek