Este artículo apareció primero
en el sitio del Consejo de Relaciones Exteriores de EE UU.
A juzgar por la reacción a la
publicación esta semana del primer informe del departamento de Seguridad
Nacional (DHS) sobre la cantidad de viajantes extranjeros que permanecen más
tiempo del indicado en sus visas, uno pensaría que esto es evidencia nueva y
condenatoria para los críticos quienes afirman que las fronteras de EE UU están
abiertas de par en par y que la administración está fallando tristemente en la
aplicación de la ley.
El senador Jeff Sessions
(republicano por Alabama) pidió una audiencia sobre el asunto el miércoles para
denunciar la “negativa” de la administración a construir un sistema biométrico
para rastrear todas las salidas. “Si no rastreamos y hacemos cumplir las
salidas, entonces tenemos fronteras abiertas”, dijo él.
Afortunadamente, al sacar
finalmente cifras reales, la administración tiene algo de munición para
responder a tales acusaciones. El informe provee una oportunidad desde hace
mucho atrasada de avanzar más allá de lo que se ha vuelto una conversación
estancada y gastada con respecto a si la administración es seria sobre el
manejo de la inmigración, y empezar a hacer las preguntas correctas: ¿cuán
efectivo quiere el Congreso que sea ese manejo, y cuánto está dispuesto a pagar
por ello?
Primero, algunos hechos claves
del informe. Con base en la información de un solo año, del año fiscal 2015, el
DHS halló que casi 500,000 de quienes llegaron a Estados Unidos con visas de
turista o negocios no salieron a tiempo. Eso fue solo poco más del 1 por ciento
de los 45 millones de personas que viajaron con estas visas temporales el año
pasado. En otras palabras, el índice de cumplimiento fue de 99 por ciento.
Por supuesto, 500,000 todavía
es muchísima gente, “más grande que cualquier ciudad en Iowa”, como lo dice
Sessions, escogiendo un estado al azar por cierto. Con la información de un
solo año, es imposible saber cuántos de aquellos que permanecieron más tiempo
de hecho planean irse en algún momento y cuántos planean permanecer en Estados
Unidos ilegalmente.
Por el reporte sabemos que
otras 66,000 personas se fueron en los tres meses entre el final del año fiscal
2015 (1 de octubre de 2015) y el 4 de enero de 2016. Así que podemos presumir
que otras se irán cada día.
Y sabemos por un excelente
informe nuevo aparecido esta semana del Centro de Estudios Migratorios que la
población total de inmigrantes no autorizados ha disminuido por debajo de 11
millones por primera vez desde 2004. Así que quienes permanecen ilegalmente
están más que compensados por quienes se van.
Pero aceptemos que incluso
varios cientos de miles de personas permaneciendo más tiempo del permitido por
sus visas cada año es un problema. La pregunta es: ¿qué hacer al respecto?
Sessions y otros sugieren que
el impreciso sistema de “salida biométrica” es una gran parte de la solución.
Lo que ello significa, en la práctica, es hallar una manera de tomar huellas
dactilares a todos los pasajeros internacionales salientes y luego compararlos
con las huellas dactilares que proveyeron al entrar a través del sistema
US-VISIT. (Aun cuando ciertamente es posible que la tecnología de
reconocimiento facial o escaneos del iris evolucionen al punto en que las
huellas dactilares ya no se necesiten.)
El principal testigo de la
administración en la audiencia del 20 de enero, John Wagner, de la Protección
de Aduanas y Fronteras (CBP) de EE UU, fue muy franco con respecto a lo que
requeriría la salida biométrica, dadas las tecnologías actuales, incluso
dejando de lado el problema más difícil de las fronteras terrestres.
La opción uno es reconfigurar
todos los aeropuertos internacionales de EE UU para hacer pasar a los pasajeros
salientes a un área de espera donde un oficial de inmigración de EE UU les
tomaría las huellas dactilares. Los costos en capital posiblemente serían de
miles de millones de dólares, y por algún tiempo la reconfiguración limitaría
significativamente la cantidad de puertas de embarque y crearías grandes
retrasos.
La opción dos es contratar
miles de agentes nuevos de la CBP para tomarles las huellas digitales a los
pasajeros salientes en las puertas de las aerolíneas, a un costo que Wagner
calculó en $790 millones de dólares anuales.
¿Vale miles de millones de
dólares de los contribuyentes construir un sistema de salida biométrica y tal
vez mejorar el cumplimiento de la visa de 99 por ciento a 99.5 por ciento? Si
es así, entonces el Congreso debería seguir con ello y asignar los fondos.
Sin embargo, incluso con la
salida biométrica, la pregunta sigue siendo qué hacer con quienes no cumplen y
permanecen en Estados Unidos. El enfoque de la administración es identificar a
quienquiera que permanezca más tiempo del permitido que pueda ser un riesgo
para la seguridad y usar los limitados recursos investigativos del Servicio de
Inmigración y Aduanas (ICE) para ir por esos individuos. No obstante, Sessions
y otros expresaron su indignación porque solo una fracción de quienes
permanecen más tiempo del permitido es deportada.
Está bien. Entonces, ¿qué
hacer? Sessions sugiere que el ICE debería perseguir activamente a todos los
que permanezcan más tiempo del permitido para expulsarlos del país.
¿Cómo se haría esto? Cuando los
viajantes con visa vienen a Estados Unidos, se les exige que listen una especie
de dirección en su solicitud, aun cuando sea solo la de un hotel. Para cuando
el ICE tenga conocimiento de que el individuo se ha quedado más tiempo del
permitido, él o ella podría estar en cualquier parte del país.
Incluso se sabe menos de los
viajantes dispensados de visa de Europa o aquellos de Canadá que entran sin
visa. Entonces, en el caso de que una Fulana de Tal de Toronto se quede más
tiempo del permitido (y 99,000 canadienses lo hicieron el año pasado, la cifra
más grande de cualquier país), ¿qué se supone exactamente que haga el ICE? ¿Ir
en su búsqueda a las playas de Florida?
Así como con la retórica
improductiva sobre la salida biométrica, demasiado en la discusión en el
Congreso —e incluso más, tristemente, en la campaña presidencial— carece
incluso de un ápice de seriedad.
Si en verdad queremos
desalentar a quienes permanecen más tiempo del permitido de convertirse en
inmigrantes que están aquí ilegalmente, entonces dificultémosles el ganarse la
vida mediante, por ejemplo, exigir a todos los empleadores que usen el sistema
E-Verify para asegurarse de que sus empleados están en el país de forma legal.
Pero, por supuesto, fueron los
republicanos en el Congreso quienes rechazaron esa disposición valiosa cuando
era parte del amplio proyecto de reforma migratoria del Senado. Y el senador
Marco Rubio de Florida, quien tuvo un papel serio y constructivo en ese
proyecto de ley, sigue pagando el precio en las primarias republicanas por
tratar de estar por encima de la retórica estancada.
La reacción de los medios de
comunicación al informe nuevo del DHS (“Conmoción por permanecer más tiempo del
indicado en la visa: Más de 527,000 extranjeros rebasaron el tiempo de sus
visas en 2015, incluidos miles provenientes de estados islámicos radicales”,
decía un titular) sugiere que cambiar la conversación no será fácil.
Pero la única manera de
contrarrestar lo que se ha convertido en una campaña de desinformación
deliberada por parte de los críticos de la inmigración es hablar de los hechos.
El informe del DHS de esta semana es un buen comienzo.
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Publicado
en cooperación con Newsweek // Published in cooperation with Newsweek