Los conflictos en México están ligados con la transición democrática y esos “pequeños semilleros” de experimentación para la alternancia que representan los municipios, es lo que dicen los autores de la investigación “Federalismo, drogas y violencia: por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”.
La investigación presentada en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) señala que una de las razones por las cuales el conflicto ha escalado en ciertas regiones en México tiene que ver con quién esté al mando del gobierno del municipio o del estado, comparado con quién esté en el gobierno federal.
Desde el 2006, cuando se politizó de manera tan importante la población mexicana también hubo una explosión de la violencia y el proceso de polarización de uso de la fuerza pública. Un conflicto partidista transformó el uso de la estrategia de seguridad en un asunto de proselitismo y falta de coordinación entre niveles de gobierno.
El conflicto partidista dificulta el proceso de impartición de justicia, pues la violencia se administra en contextos de polarización política, apuntan especialistas del CIDE.
“En América Latina tenemos un problema de orden y conflicto que se visualiza en la violencia criminal”, dice Luis de la Calle, investigador del CIDE. Esto finalmente deviene en una política deliberada para tener una ventaja electoral.
En especial son afectados los municipios perredistas, en los que la violencia ha escalado de manera importante pues la coordinación entre estos y el estado o la federación es especialmente delicado. Guillermo Trejo, académico de la universidad de Notre Dame, señala, por ejemplo, que en Apatzingán hubo una ruptura con el Gobierno federal tras el ataque terrorista.
En este sentido, sus investigaciones apuntan a que en estados gobernados por el PAN, hubo un control efectivo de la violencia, la cual bajó en un 17%; en los estados gobernados por el PRI mientras existió una incidencia de violencia del 31% y 162% de aumento en la incidencia en los gobiernos estatales perredistas, lo anterior medido con base en los asesinatos asociados con el crimen organizado.
“Hay una política diferenciada de a quienes da apoy la federación y a quienes no. Esa señal le dice al crimen organizado que ciertos presidentes municipales sí cuentan con protección y quienes no. Los que más han sido atacado han sido los perredistas, en buena medida por este tipo de dinámicas.” Dijo también Trejo.
Esto responde a un conflicto muy claro entre dos partidos políticos que transformó el uso de la estrategia de seguridad. La situación se agravó luego de las elecciones en las que resultó ganador Felipe Calderón y el PRD fue contestatario de la legitimidad del gobierno.
Sin embargo, sí hay casos exitosos en el que los contrapesos entre los niveles de gobierno han tenido éxito. Estos ejemplos vienen de Sudamérica, sobre todo el caso de Nicaragua. Uno de los tres más pobres del continente tiene una de las policías municipales más eficientes.
La violencia deprime la confianza en las instituciones y específicamente en las instituciones democráticas, dice Sandra Ley, coautora del artículo. Los grupos de la sociedad civil deben formar acuerdos con le gobierno, por ejemplo en Nuevo León la sociedad civil ha podido trabajar con el Procurador para poder llevar a cabo búsquedas de desaparecidos. Se deben generar soluciones para exigir a loa autoridades y esta es una relación recíproca, opinó además.
La crisis del municipio
El municipio, señalan estos especialistas, es donde surgen muchos de los problemas de violencia y gobernabilidad. Los ataques a gobernantes en este nivel se han multiplicado a grado tal que cifras indican que 30% de la población vive en u municipio donde ha habido atentados a autoridades, de tal suerte que se ha presentado una “nueva gobernanza” criminal.
La discriminación de despliegue de fuerzas públicas “Empezó en el estado izquierdista de Michoacán—estado natal del presidente— y luego se esparció hacia el resto de las regiones más conflictivas del país. El presidente Calderón creyó que la guerra contra las drogas sería una victoria militar relativamente sencilla que le permitiría trascender la gran crisis postelectoral”.
Del 2010 en adelante se pasó de unos 8 carteles grandes a más de 220 células delictivas que encuentran en el municipio su terreno de acción. Por ejemplo en Acapulco, Guerrero, una de las ciudades más peligrosas del mundo, tiene cinco células delictivas que luchan por la “plaza”.
El caso de Moreira, un ejemplo
La detención de Humberto Moreira en España pero no en México da cuenta de la manera en la que los poderes partidistas encubren los intereses afines a estos.
En la opinión de Guillermo Trejo, en el caso de Moreira se juntan dos tipos de corrupción: el abuso de poder para enriquecimiento ilícito y una que no ha quedado del todo clara que es la colusión entre la autoridad pública y el crimen organizado. En el país pareciera no haber capacidad de desmantelar estos mecanismos endógenamente.
“En parte porque quienes lo podrían hacer también son partes de la colusión, alguien que está metido en el crimen no juzgará a otro que también lo está. Y quienes no lo están, porque no todo el sistema está corrompido, no tienen los incentivos para hacerlo porque si lo hacen su vida puede ir de por medio”, siguió el
Se debe entender este caso, según Sandra Ley, en el contexto del estado que gobernara Moreira. En Coahuila no ha habido alternancia en el poder y tampoco una mayor democratización que permita la rendición de cuentas entre los poderes locales y la sociedad civil, de manera que se generen contrapesos.
La relación entre esto y la crecida de violencia en municipios radica en que los partidos ven a la justicia como algo que tenga que ver con sus intereses. De acuerdo a los panelistas, esto es reminiscente a cuando el PRI gobernó el país por 70 años y la policía y jueces trabajaban para el partido, no para la ciudadanía.
Existe una necesidad de fortalecer las instituciones y el nivel subnacional para acercar el sistema de justicia y el Estado Derecho lleguen a todos. De igual forma, mecanismos internacionales en conjunto con instituciones nacionales pueden ayudar para generar capacidad de investigación, de persecución y de castigo.