El juez español Santiago Pedraz decretó hoy la
libertad sin fianza para Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y
dirigente nacional del PRI, a quien se le acusaba de lavado de dinero,
asociación delictiva, cohecho y desvío de fondos públicos.
Se trata de una libertad restringida, pues el juez retuvo el pasaporte de
Moreira y este no puede abandonar España hasta que el auto emitido sea firme.
La fiscalía Anticorrupción tendrá
ahora entre tres y cinco días más para presentar recursos que revoquen esta
decisión.
Según el auto, durante el 2013 en el que Moreira radicaba en Barcelona
haciendo estudios de maestría “se mantuvo la intervención telefónica y se
obtuvieron diversas conversaciones de las que no se sigue actividad alguna
relacionada con el blanqueo de capitales, ni aun de operaciones relacionadas
con organización criminal alguna”.
El juez mantuvo también que las transferencias hechas a cuentas bancarias
españolas a nombre del político no son un delito en sí mismas y que la defensa
presentó múltiples pruebas para decir que el dinero procede de las empresas de
las que este es socio mayoritario.
La reunión con el juez
La reunión con el juez tuvo lugar esta mañana. El político mexicano fue
transportado con gran seguridad al centro de Madrid, donde se encuentra la sede
de la Audiencia Nacional.
Los fiscales del caso, José Grinda y Juan José Rosa, interrogaron a Moreira
por 45 minutos en los que él declaró, pues había rehusado su derecho a no
hacerlo. A la pregunta sobre los
200 mil euros que fueron el motivo de los cargos hechos en su contra tanto
Moreira como sus abogados presentaron documentos e información que afirman la
procedencia lícita del dinero.
También se le preguntó por su supuesta relación con el cártel de los
Zetas, esto por las declaraciones
del testigo protegido en Texas y prestanombres de Moreira, Rolando González
Treviño. A esto respondieron diciendo que en ningún momento ha tenido relación
con este grupo delictivo.
Respecto a ese punto, en el
auto se puede leer que “no puede
olvidarse que Estados Unidos abrió una investigación por ello, de cuyo
resultado no se tiene constancia, debiendo además suponerse que no se han
encontrado motivos bastantes para creerle responsable criminalmente, pues de
ser así hubiera librado la oportuna orden internacional de detención.
Tras analizar la documentación presentada por Manuel Ollé, abogado del ex
gobernador, el juez decretó la
libertad sin fianza. Si la Fiscalía no presenta un recurso de apelación en los
próximos tres a cinco días el juez ordenaría el sobreseimiento de la causa, o
sea que el caso se archivaría en España.
En este momento el político mexicano se encuentra en la prisión de Soto del
Real, a la espera de la notificación oficial del juzgado para que los
funcionarios de esta puedan cumplir los trámites de su liberación.
Con información de agencias.