“Ellos orquestaron un operativo en un lugar donde las familias se reúnen porque todas la playas de Cancún están vendidas prácticamente a intereses de particulares. Es increíble cómo en unas cuantas horas acabaron con lo que la naturaleza tardó tanto en formar. Es increíble la capacidad de destrucción que nuestro Gobernador y nuestro Presidente Municipal tienen, es terrible”, denunció Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.
Esto, luego de que la madrugada del sábado 16 de enero un grupo de trabajadores con maquinaria pesada entraran al Malecón Tajamar para destruirlo y abrir paso a la construcción de desarrollos hoteleros, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Según reportan testigos de la zona, muchos quienes se han dedicado a promover la conservación del manglar Tajamar, esta devastación se dio en presencia de escoltas de la policía municipal.
El lunes, la organización sin fines de lucro, Greenpeace, exigió a través de un comunicado que autoridades federales y estatales detuvieran estas obras que atentan contra el ecosistema de Tajamar, hasta que no se resuelvan y transparenten los procesos y recursos interpuestos por la sociedad civil. “La pérdida de un manglar no es ni debe ser trivial, se trata de un espacio que describe las costas mexicanas, pues México es uno de los países que más extensiones de manglar tiene en el mundo”, apuntó Greenpeace.
Por su parte, ecologistas llevan meses intentando denunciar este ecocidio por medio de redes sociales y videos que revelan la destrucción de la zona. Ciudadanos coinciden con organizaciones civiles en que los responsables del ecocidio en Quintana Roo, son, a la cabeza, el gobernador del estado Roberto Borge Angulo, y Paul Michell Carrillo de Cáceres, presidente municipal de Benito Juárez, la localidad en donde se encuentra el Malecón Tajamar.
Gerardo Solís, entre más testigos, apunta que en efecto existen una serie de irregularidades en la zona; confirma la versión de que el sábado por la madrugada las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló a través de un comunicado que durante las obras no se registró la “evidencia de ejemplares de fauna silvestre. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió esta semana ocho denuncias que pedían mayor inspección en la zona, así como un informe sobre la remoción correcta de vegetación y fauna.
Fonatur asegura que cuenta con todos los permisos correspondientes de la Semarnat, dado que el proyecto hotelero inició en el año 2000, y la secretaría no aprobó laLey General de Vida Silvestre que prohíbe cualquier obra que afecte al “flujo hidrológico del manglar” hasta 2007. Los permisos de desarrollo urbano son anteriores a esta ley y también a otra norma que protege de manera máa estricta a la fauna endémica, que se decretó en 2010.
Gracias a una denuncia interpuesta en un juzgado estatal, las obras devastadoras en el manglar de Tajamar han sido suspendidas momentáneamente, pero dado la influencia que tiene el gobernador Roberto Borge Angulo, la empresa ya está en proceso de obtener permisos para continuar la obra en la zona en febrero de 2016.
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Con información de Greenpeace y El País