Este artículo fue publicado
originalmente por el Marshall Project, una organización noticiosa sin fines de
lucro que cubre el sistema de justicia penal de EE UU.
Bajo las leyes federales y de
muchos estados en Estados Unidos, a las mismas personas que se les prohíbe comprar armas se les
prohíbe comprar balas. Pero prácticamente no existe un sistema para hacer
cumplir eso. En 46 estados, cualquiera puede entrar a una tienda —o hacer clic
en un sitio en la red— y comprar balas, sin que le hagan preguntas.
La semana pasada, el Presidente
Barack Obama anunció una serie de acciones del ejecutivo sobre el control de
armas, un reconocimiento franco de la imposibilidad política de lograr que
pasen por el Congreso incluso los más modestos proyectos de ley para la
revisión de antecedentes de armas. La idea de que los estados pudieran hacer
cumplir las revisiones de antecedentes para quienes compran balas parece
disparatada.
No tanto en California. “Si
alguien no tiene permitido poseer municiones, probablemente deberíamos
asegurarnos de que no las compren”, dice Yashar Hedayat, un portavoz del vice
gobernador Gavin Newsom, un demócrata, quien encabeza una acción nueva sobre
las compras de municiones.
Esa acción, la Ley de Seguridad
para Todos, exigirá una revisión de antecedentes para cualquiera que pretenda
comprar balas, usando el mismo sistema que el existente para comprar armas. La
nueva ley propuesta incluye otras más disposiciones de control de armas,
incluidas nuevas regulaciones para los comerciantes de municiones. El estado
—además de otros 44 y el gobierno federal— actualmente no tiene concesiones o
regulaciones para quienes venden balas.
“No estamos exagerando cuando
decimos que una guardería infantil podría vender municiones”, dice Hedayat.
El fiscal general del estado
actualmente está revisando el referendo. En los meses siguientes, la campaña
comenzará a recabar las firmas necesarias para presentar la iniciativa ante los
votantes en el otoño.
Fortalecer las restricciones a
las armas a través de los canales legislativos tradicionales ha sido un
frustrante callejón sin salida para quienes proponen el control de armas. En
los años que han pasado desde el tiroteo masivo en una escuela de Newtown,
Connecticut, muchas más leyes se han aprobado para relajar las regulaciones de
armas que para fortalecerlas. Pero la Ley de Seguridad para Todos evita la
legislatura estatal y va directo a los votantes. Una acción similar funcionó en
el estado de Washington en 2014, cuando un referendo para cerrar la laguna
legal en las exhibiciones de armas en el estado se aprobó con casi 60 por
ciento de los votos.
Quienes apoyan los derechos a
las armas en esencia cedieron esa contienda, contribuyendo solo $500,000
dólares para combatir la iniciativa de frente a un gasto de por lo menos $6
millones de dólares hecho por Everytown for Gun Safety y otros grupos a favor
del control de armas. Quienes proponen la Ley de Seguridad para Todos dicen que
se están preparando para gastar más que eso en esta ocasión.
La oposición también está
planeando una lucha considerable, y costosa, en California. “Gavin Newsom subestimó
seriamente el fervor de la oposición”, dice Mark Selmi, portavoz de Michel
& Associates, el despacho legal que representa a la Asociación Nacional del
Rifle en California. “Habrá una oposición consolidada, incluida una gran
cantidad de alguaciles de los condados y una asistencia récord de votantes”. La
recaudación de fondos ya ha comenzado en cuentas de medios sociales
relacionadas con la Segunda Enmienda.
California tiene algunas de las
leyes de control de armas más estrictas de la nación, y el estado es una
especie de barómetro de cuán lejos pueden presionar los defensores del control
de armas antes de ser repelidos, en las cortes u otras partes.
En el asunto de regular las
municiones, quienes proponen el control de armas señalan las ordenanzas en
Sacramento y Los Ángeles que exigen a los vendedores de municiones llevar
registros de las personas que compran balas y tener esos registros disponibles
para la policía. (Las autoridades desde entonces han empezado a usar los
registros en investigaciones y acusaciones a quienes tienen prohibido poseer
balas pero las compraron de todas formas.) Mientras tanto, los defensores de
los derechos a las armas señalan una impugnación exitosa de una ley que hubiera
aplicado estas disposiciones a nivel estatal.
Un grupo pequeño de defensores
del control de armas ha argumentado, por años, que las balas son un objetivo
tan bueno, si no es que mejor, para la regulación que las armas. Sin balas,
señalan ellos, un arma es un trozo de metal inútil. Y al contrario de las
armas, las balas deben remplazarse continuamente.
“Si compro un arma de fuego, la
cuido muy bien, puede durar toda una vida”, dice Garen Wintemute, médico de
emergencias y director del Programa de Investigación en Prevención de la
Violencia en la Universidad de California, campus Davis. “La mayor proporción
del mercado está en los consumibles, como la munición”.
Pero esta es una idea
incipiente en un panorama donde 37 estados no exigen revisiones de antecedentes
para comprar una pistola, ya no digamos una caja de municiones. (Una revisión
federal de antecedentes es exigida en todas las ventas de armas excepto
aquellas de “vendedores privados” —esta excepción ha llevado a la tan debatida
laguna legal de las exhibiciones de armas—. La ley federal excluye a un grupo
muy limitado de personas de la compra de armas; los 13 estados con sus propios
sistemas de revisión de antecedentes usan la revisión federal como una base y
aplican sus propios criterios, más estrictos, en una revisión específica del
estado.)
“En la mayoría de los estados,
en realidad empezamos a ver mucho más allá de eso”, dice Ari Freilich del
Centro Legal para Prevenir la Violencia con Armas, un grupo de investigadores
que trabajó con Newsom para formular las ideas políticas en la Ley de Seguridad
para Todos. “Antes de que ellos puedan imponer revisiones de antecedentes para
municiones, también tienen que hablar sobre revisiones de antecedentes para
armas de fuego”.
Cuatro estados y el Distrito de
Columbia exigen una licencia para comprar municiones, y para obtener esa
licencia se requiere de aprobar una revisión de antecedentes. Pero una vez que
se tiene la licencia, “la tienes hasta que expira”, dice Freilich. “Hay
procesos para revocar la licencia, pero hablando en general, es difícil hacer eso”.
El nuevo sistema propuesto en
California exigiría una revisión de antecedentes en cada compra y utilizaría la
base de datos de compradores prohibidos, actualizada en tiempo real, que el
estado ya usa para ventas de armas.
En 2013, el estado de Nueva
York aprobó la Ley SAFE, una ley similar que exigiría a los compradores de
municiones aprobar una revisión de antecedentes en el lugar de compra. Pero al
contrario de California, que tiene normas más estrictas que las del gobierno
federal y mantiene su propia base de datos de compradores prohibidos de armas,
Nueva York depende del sistema federal de revisión de antecedentes, conocido
como NICS.
Funcionarios federales dicen
que la Ley Brady, la cual estableció el sistema de revisiones de antecedentes
para armas de fuego, no permite que el NICS sea usado para balas. La Ley SAFE
ahora está en el limbo hasta que la policía estatal pueda desarrollar su propia
base de datos a nivel estatal.
“Nueva York enfrenta obstáculos
administrativos para montar una base de datos nueva y completa para la revisión
de antecedentes”, dice Freilich, “aunque sí creo que la oposición política ha
entorpecido el proceso”.
Beth Schwartzapfel es
periodista de plantilla del Marshall Project.
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek