Al Centro de Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y Computo (C5) de Morelos llegó una llamada el sábado 2 de
enero. Era una persona que denunciaba una balacera en la colonia Pueblo Viejo
del municipio de Temixco. Dijo que varios hombres armados y encapuchados habían
ingresado en un domicilio para después huir en dos vehículos.
Mientras se recibía la denuncia, en el interior de la casa,
ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, se vivía el terror. Juanita Ocampo
preparaba la mamila a su nieto, nacido apenas la noche anterior, cuando se
percató de la irrupción de siete hombres armados que amagaron a todos los
habitantes.
La mujer pensó en un principio que se trataba de un
secuestro ya que, días antes, un vecino había sido privado de su libertad. Sin
embargo, los sujetos preguntaron por Gisela Mota. Subieron a su recámara y la
amagaron. Hubo un forcejeo y le dispararon en cuatro ocasiones. Las balas le
impactaron en el muslo y la mano izquierdos, una tercera en la zona cervical y,
uno último, el fatal, en la cabeza.
Los sicarios, además de matar a Mota Ocampo, quien apenas
un día antes había rendido protesta como presidenta municipal, golpearon y
amarraron a sus padres para luego emprender la fuga. Elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES), en respuesta a la denuncia telefónica, se
encontraron con los agresores y, tras un enfrentamiento, abatieron a dos de los
tripulantes de un automóvil Sentra.
Más tarde, lograron la detención de tres personas: un
menor de edad identificado como Alexis; Jordán, un joven de dieciocho años, y
una mujer, Nora, de 32. Jordán reveló en su declaración que pertenecen al grupo
criminal Los Rojos, que les habían pagado 500,000 pesos por el asesinato y que
la orden provino del “Primo”, un jefe de célula que habría muerto en
el enfrentamiento.
Agregó que tenían la “sospecha” de que la edil había
establecido un acuerdo con dos narcomenudistas, el “Guti” y el “Largo”,
que trabajaban en el municipio al servicio de Guerreros Unidos, su grupo
antagónico. Existe otra versión en la que se establece que la alcaldesa habría
sido asesinada por presuntos negocios ilegales de su expareja sentimental, un
comerciante vinculado a esta organización criminal.
De acuerdo con el “Atlas de la seguridad y violencia
de Morelos 2014”, Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca, Temixco y Xochitepec,
situados en el centro y norte de la entidad, son municipios en los que operan
células criminales afines a Guerreros Unidos.
Mientras que en Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango y
Amacuzac, ubicados en el sur del estado, operan Los Rojos, liderados por
Santiago Mazari Miranda, el “Carrete”.
Esa división territorial se fragmentó porque Los Rojos
pretenden extender su área de influencia hacia municipios de la región centro
donde se concentra la mayor cantidad de población: Xochitepec, Temixco,
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec.
Y en medio de esa disputa, los morelenses permanecen como
rehenes, mientras que Gisela Mota se convirtió en la primera alcaldesa
asesinada de este 2016.
LOS ALCALDES, EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
Con el homicidio de Gisela Mota Ocampo suman 67 los
presidentes municipales del país que han sido asesinados por el crimen
organizado o delincuentes comunes desde 2006.
La cifra se desprende de un conteo de la Asociación de
Autoridades Locales de México AC (AALMAC) en el que el PRI aparece con el mayor
número de víctimas (32), seguido del PRD con quince; el PAN con trece; el PT
con dos y el PVEM con uno. Hay otras cuatro autoridades municipales elegidas
bajo usos y costumbres que también han sido victimadas.
En esta base de datos, el primer alcalde asesinado es el
perredista Walter Herrera Ramírez, de Huimanguillo, Tabasco, quien fue ultimado
el 16 de noviembre de 2006. Desde ese entonces los crímenes no cesan: en el
sexenio de Felipe Calderón suman 46 los alcaldes asesinados, y para la primera
mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, son ya veinte.
Ante estos graves hechos, la organización ha demandado
desde hace dos años al gobierno federal crear un protocolo de seguridad para
los presidentes municipales que, a la fecha, no se ha concretado.
La AALMAC precisa en su recuento que, de esos 67 munícipes
asesinados, siete han sido en autoridades electas que ni siquiera habían tomado
posesión del cargo, y en 31 casos los alcaldes ya habían terminado sus
funciones.
RECHAZO AL MANDO ÚNICO, BAJO AMENAZAS
El rechazo al Mando Único expresado por algunos alcaldes
electos de Morelos no es espontáneo, sino producto de la presión ejercida por el
“Carrete” y por su rival, uno de los presuntos líderes de Guerreros
Unidos, Federico Figueroa.
El diario Reforma publicó que Santiago Mazari pretendía
reunir a los alcaldes morelenses para obligarlos a que se opusieran al modelo
de seguridad implementado por el gobernador Graco Ramírez, con objeto de que
impusiera a gente de confianza en los mandos policiacos.
Además, en ese cónclave les exigiría el 10 por ciento del
presupuesto municipal como “derecho de piso”, y que se le otorgaran contratos y
licitaciones de obra pública con el propósito de entregarlos a empresas afines.
El hecho adquirió dimensión nacional cuando Cuauhtémoc
Blanco, alcalde de Cuernavaca, manifestó abiertamente su oposición al Mando
Único bajo el argumento de que era la ciudadanía quien se lo demandaba.
Luego vinieron los señalamientos del mandatario estatal en
el sentido de que detrás del alcalde de Cuernavaca hay gente interesada en que
grupos criminales vuelvan a tomar el control de la plaza.
Entre ellos, citó directamente a Federico Figueroa,
hermano del fallecido cantante Joan Sebastian; al titular de la policía
municipal, Carlos de la Rosa Segura; al secretario general del ayuntamiento,
Roberto Yáñez Moreno, y al diputado local Julio Yáñez Moreno, quienes además
son los “dueños” del Partido Social Demócrata (PSD), que postuló al futbolista.
Y aunque las partes bajaron el tono del enfrentamiento y
acordaron reunirse en breve para explorar soluciones al conflicto, esta disputa
verbal ya fue llevada al ámbito judicial.
Representantes legales del municipio de Tlaquiltenango
presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en contra de la implementación del Mando Único en esa
localidad.
Este miércoles 13, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, hará una férrea defensa de este modelo policial, durante la
primera reunión de la Conago en 2016.
Confío que el Congreso haga eco de este llamado para
evitar que más autoridades municipales sean asesinadas y para impedir que
políticos sin experiencia sean rehenes de grupos criminales.
De otra forma, se dará manga ancha para que Guerreros
Unidos, Los Rojos, el “Carrete” y Figueroa actúen con total impunidad,
apoderándose de más y más territorio, y de nuestras vidas. No se trata de
grilla y gritos, estamos hablando de vidas y asesinos que están tomando
nuestras calles como su propiedad. La seguridad no es tema de consultas, ni
plebiscitos; es una obligación y así lo demandamos.