Para los protestantes el único camino era huir. El Rey Sol acababa de revocar el Edicto de Nantes: no más Iglesia Reformada ni calvinistas fervorosos. No más piedras en el camino para la Iglesia católica.
Aquel octubre de 1685, la ventisca otoñal se instaló, los sarmientos dieron sus frutos a los viñadores y los banqueros franceses, sin más, hicieron maletas. Muchos se exiliaron en Ginebra.
Pero ser protestantes no les impidió mantenerse como la principal fuente de financiamiento del rey Luis XIV. Así lo exigió el monarca que acababa de echarlos, y les dejó claro también que debían guardar el más absoluto silencio para cubrirle las espaldas.
El secreto bancario acababa de nacer. El mismo que hoy le cuesta más de 200 000 millones de dólares anuales a los principales gobiernos del mundo por concepto de evasión vinculada a cuentas opacas resguardadas en paraísos fiscales.
El silencio se volvió oro para los bancos y el compromiso de discreción se inscribió en la legislación bancaria helvética en 1934… pero la crisis del 2009 lo puso todo de cabeza.
LA ISLA BONITA
La Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) publica bienalmente, desde hace seis años, un trabajo de investigación llamado Índice de la Secrecía Financiera. Su edición 2015 revela a Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, las Islas Caimán, Luxemburgo, Líbano, Alemania, Bahréin y Dubái como los diez principales paraísos fiscales del mundo.
En su análisis, la TJN destaca que el mundo imagina que los paraísos fiscales son siempre pequeñas islas soleadas a las que llegan personajes o empresas sospechosas poseedoras de yates o helicópteros.
Pero no es así. La lista la encabezan algunas de las naciones que más han criticado al secreto bancario mientras lo ejercen en el patio trasero de casa.
A partir del 2009, la crisis de los subprime vació las arcas de muchos países desarrollados. Necesitaban recursos frescos e iniciaron una cruzada contra los evasores internacionales. La recaudación de la que prescinden debido a las cuentas ocultas en el extranjero no es desdeñable: alcanzaría para financiar la totalidad del presupuesto de desarrollo que las economías industrializadas se fijaron como meta (alrededor de 0.7 por ciento del PIB de cada país) para abatir la pobreza y el hambre en el mundo.
Que Suiza lidere el ranking del secretismo financiero no es novedad, ya era puntera en el siglo XVII. Sus banqueros inventaron las cuentas numeradas y la banca de inversión, pero contra lo que piensa la mayoría, es también la plaza financiera que más se ha doblegado en materia de secretismo financiero durante los últimos seis años.
LA DECANA DEL SILENCIO
Suiza es un país sui géneris. Con ocho millones de habitantes y un territorio apenas superior al del estado de Puebla es gobernada por siete ministros, cada uno de ellos ejerce la presidencia, de forma rotativa, durante un año. En 2015, dicha responsabilidad está a cargo Simonetta Sommaruga, la titular de Justicia.
Es el país que consiguió mantenerse fuera de las dos conflagraciones mundiales del siglo XX debido a su política de neutralidad y la “potencia protectora” que ha representado durante décadas los intereses de Cuba en Estados Unidos y viceversa.
También es la economía líder en la comercialización de oro (15 por ciento del mercado global) y su plaza financiera es una de las tres más importantes, compitiendo con la neoyorquina y la londinense (la única del mundo que aporta a su economía el equivalente al 10 por ciento del PIB).
Pero hace cuatro siglos ya entendió que mantener un bajo perfil siempre es rentable.
En su sistema financiero hay más de cuatrocientos bancos que gestionan 6.65 billones de dólares, según la Asociación Suiza de Banqueros. Dos datos para dimensionar este monto: es un tercio del presupuesto anual de la Unión Europa, y es exactamente lo que lo costó a Estados Unidos financiar las guerras contra Afganistán e Irak juntas, las dos más costosas de la historia universal, según la Universidad de Harvard.
La mitad de los fondos que gestionan los bancos suizos pertenecen a extranjeros que intentan evadir impuestos en sus países de origen.
En 2009, Francia, Alemania y Estados Unidos iniciaron una intensa cruzada contra el secreto bancario, apoyadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó entonces una “lista negra” de paraísos fiscales.
Suiza salió mal librada. Le dolió el orgullo. Primero, se defendió. Después, buscó soluciones intermedias como los acuerdos “Rubik” —que firmó con Alemania, Reino Unido y Austria— que comprometían a los bancos suizos a cobrar impuestos a sus clientes alemanes, británicos y austriacos para luego transferirlos al fisco de estas tres naciones, pero sin revelar el nombre de los clientes.
La presión subió de tono y los pactos se fueron desmoronando uno a uno. En junio del 2013, Suiza aceptó finalmente compartir información bancaria sensible con otros gobiernos, un proceso que tomará varios años en volverse realidad.
LA DOBLE MORAL DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos ha aplicado brazo de hierro. Tras varios años de investigaciones, en 2008 acusó al UBS de ayudar a 17 000 ciudadanos estadounidenses a disimular 20 000 millones de dólares entre 2002 y 2007. Probó los hechos e impuso al gigante del sistema financiero helvético una multa de 780 millones de dólares “para evitar persecuciones judiciales” posteriores. El banco lo negó al principio, después tuvo que pagar.
Una dinámica que se repitió con Credit Suisse en 2014, esta vez con una multa implacable de 2600 millones de dólares por prácticas de fraude fiscal. Algunos bancos privados también experimentaron la misma suerte.
Y Washington lanzó un ultimátum a las demás instituciones financieras suizas: o declaraban voluntariamente sus faltas de los años previos o serían sujeto de persecuciones.
Paradójicamente, Estados Unidos ocupa la tercera plaza en el índice del secreto bancario de la TJN.
“Estados Unidos provee una amplia gama de facilidades, en términos de secretismo financiero para quienes no viven en su territorio. Existen estados como Delaware y Nevada en donde se permite la existencia de empresas anónimas. Así, mientras Estados Unidos ha sido pionero en la lucha contra los paraísos fiscales, se ha olvidado del rol que juega como imán de flujo financiero ilícito y como encubridor de la evasión fiscal”, afirma la TJN en su informe concluido en noviembre pasado.
Para la Red de Justicia Fiscal, Estados Unidos es fuente de preocupación en materia de transparencia financiera porque, además, en vez de cerrar filas y sumarse a los nuevos criterios de intercambio de información fiscal internacional que diseñó la OCDE, ha optado por aplicar su propio modelo llamado Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés).
“El enfoque autónomo que está adoptando Washington pone en riesgo todos los esfuerzos internacionales para atajar la evasión, el lavado de dinero y el crimen financiero”, es una de las advertencias que lanza la TJN. Y no le falta razón.
MÉXICO Y EL FIN DEL SECRETO BANCARIO
México, en su turno, se ubica en la plaza 52 del índice de secretismo financiero, que incluye un centenar de circunscripciones fiscales que consideran lo mismo a países como Luxemburgo, Japón, India, Bolivia o Gambia.
Los expertos de la TJN le reconocen a México el tener vigentes 53 tratados de colaboración —con igual número de países— para entregar información bancaria de los clientes si otro gobierno sospecha que hay delito de evasión o fraude fiscal. Y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilice eficientemente herramientas destinadas al análisis del cumplimiento fiscal de los contribuyentes poseedores de cuentas bancarias.
Asimismo, México aceptó sin objeciones la nueva política de Intercambio Automático de Información que se prevé entre en vigor en 2018, tema del que aún se conoce poco. Dicho en breve, los gobiernos intercambiarán entre sí información sensible de las cuentas bancarias de sus clientes de forma automática y periódica, no sólo cuando se sospeche de evasión.
Nuevas reglas que nos dejan claras dos cosas: el secreto bancario agoniza y, dentro de poco, todos seremos considerados evasores potenciales hasta demostrar lo contrario.