El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a una “rebelión” frente a las políticas que prevé impulsará la oposición en el parlamento a partir del 5 de enero, cuando esta asuma control de la Asamblea Nacional con una mayoría calificada de dos tercios.
Según manifestó el mandatario, la rebelión es frente a la amenaza del “desmantelamiento de la patria”, por parte de la oposición, a la que acusó de pretender “privatizar al país” apenas asuma el Parlamento.
A las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro pidió defender en “la calle” las conquistas sociales frente a las “amenazas de la derecha envalentonada” contra el modelo socialista. FOTO: FEDERICO PARRA / AFP
A partir del 5 de enero la coalición opositora de centro derecha, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), asumirá el control de la Asamblea Nacional de 167 escaños, con mayoría calificada de dos tercios (112 diputados), poniendo fin a 16 años de hegemonía chavista.
ASAMBLEA PREPARA TERRENO ANTES DE CEDER EL CONTROL
El presidente del legislativo y número dos del oficialismo chavista, Diosdado Cabello convocó en el parlamento, al finalizar este martes el período ordinario de sesiones, a sesiones extraordinarias por una semana más para elegir a una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), antes de ceder el control a la oposición el 5 de enero próximo.
La Asamblea Nacional debatirá los días martes 22 miércoles 23 de diciembre para elegir a los magistrados, quienes serán juramentados ese día, señaló Cabello.
El nombramiento de los magistrados antes de ceder el control a la oposición, podías resultar un movimiento clave ante un inminente choque entre los poderes ejecutivo y legislativo, pues las disputas tendrían que ser dirimidas por la máxima corte venezolana.
El líder opositor Henrique Capriles señaló que se trata de un proceso irregular el “pretender a último minuto estar designando autoridades cuando hay una nueva realidad política en el país”, a lo cual añadió que el gobierno “desecha la Constitución” al desconocer a la nueva Asamblea.
Partidarios del MUD celebran la victoria electoral del 6 de diciembre en las calles de Caracas FOTO: AFP
El especialista en temas electorales y mercadeo político, Eugenio Martínez, aseguró que se el nombramiento de los magistrados se trata de una manera del oficialismo de “hacerle contrapeso” a la mayoría opositora en la Asamblea.
Sin embargo, éste sería apenas uno de los tantos focos previsibles de tensión. Entre las prioridades que se ha fijado la oposición está la ley de amnistía para presos políticos, además de una serie de reformas económicas que pongan fin al rígido control de precios en el mercado que de acuerdo con la oposición genera el desabastecimiento de productos básicos en Venezuela.
OPOSICIÓN A LA AMNISTÍA PARA PRESOS POLÍTICOS
El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que vetará la amnistía, en lo que se anticipa como la primera pugna entre su gobierno y la nueva Asamblea que entrará en funciones el 5 de enero y pondrá fin a 16 años de dominio chavista en el poder legislativo.
Sin embargo, la coalición opositora insiste en que ese mecanismo -que abarcaría a unos 80 presos políticos, no puede ser bloqueada por el mandatario.
“Lo que dice la Constitución es que luego de cumplido el proceso constitucional para la conformación de las leyes, la Asamblea las remite a la Presidencia que tiene diez días para aprobarla o vetarla. En cualquiera de los casos la Asamblea la puede promulgar. La ley va porque va”, explicó la diputada electa Delsa Solórzano.
Según aseguró este martes Diosdado Cabello, presidente del legislativo saliente, la amnistía para los “presos políticos” que la oposición se plantea aprobar en enero, busca favorecer a asesinos.
El chavismo ve “con gran dolor que se vaya a utilizar un mecanismo como una ley de amnistía para darle, valga el término, amnistía a asesinos”, señaló Cabello
El pasado 10 de septiembre, Leopoldo López fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que buscaban la renuncia de Maduro y se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y detenidos -entre ellos varios estudiantes-, entre febrero y mayo de 2014.
Para el número dos del oficialismo, López debe ser “acusado en cualquier momento” por las 43 muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 y “verdaderamente haya justicia”.
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Con información de Maria Isabel Sanchez/AFP