Jorge Andrade, investigador de la dirección de Migración
y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), apuntó que se han incrementado el número de
casos de violación a derechos humanos y que el Gobierno los está negando.
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de
México, había declarado, en el contexto de la Conferencia Regional sobre
Migración, que la situación en México no era una de represión ni atropellos
hacia los derechos humanos de los migrantes.
A esto, Andrade respondió que esta posición es “una
realidad totalmente diferente” y que el Gobierno mexicano había guardado
silencio solo para negar, en este momento, que los atropellos estén sucediendo.
En un artículo publicado por Animal Político el
investigador también dijo que “La migración indocumentada en
México no es un delito, es una falta administrativa. No obstante, con el
incremento en el número de detenciones podemos afirmar que el estado mexicano
está implementando una política que criminaliza a las y los migrantes.”
Lo dicho por Osorio Chong contrasta
también con los reportes de la CNDH e Insyde que señalan que los agravios
contra inmigrantes continúan. De acuerdo a ambas instituciones delitos como
extorsión, robo y homicidio son los más prevalentes.
El crimen organizado, los particulares y las autoridades
son los principales autores de los crímenes contra los migrantes, de acuerdo a
un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones de Defensoras de
Migrantes.
México:
vacío gubernamental en torno a migración
Históricamente, México es un país en el que la política
migratoria referente a quienes llegan de América del sur ha sido endeble. No
existen cifras exactas del tránsito de personas en el país. La estrategia
nacional se ha centrado en la deportación de migrantes.
En 2001 se estableció el Plan Sur, que tras los ataques
de las torres gemelas, se volvió parte de loes esfuerzos continentales para
detener el tránsito de personas, el terrorismo, la delincuencia organizada y la
seguridad nacional.
El supuesto principal era el control de la criminalidad a
partir del control de fronteras, lo cual permitió a las autoridades control
sobre los migrantes que por ahí pasaban.
La iniciativa Mérida de 2007, pactada entre el presidente
Calderón y el presidente Bush, buscó erradicar la migración, lo que fomentó la
migración irregular y la aparición de redes de tratantes en la zona.
Entre 2007 y 2011 fueron hallados 1230 cuerpos en fosas
clandestinas.
En abril de 2011se hallaron los cuerpos de 193 personas
en fosas clandestinas en el estado de Tamaulipas.
En 2012 la ONU denunció que las casas para migrantes de
la región de Iztapalapa y Tapachula operaban en condiciones de hacinamiento y
violación a garantías individuales.
En mayo de 2012 aparecieron 49 torsos en el municipio de
Cadereyta, Nuevo León.
Entre 2014 y 2015 México superó a Estados Unidos en el
número de arrestos de centroamericanos.
El actual Programa
Integral Frontera Sur invierte en estructura ferroviaria y medidas de
seguridad no tanto para migrantes sino para mercancía. También incrementó los
puestos de vigilancia migratoria.
Con información de Sin Embargo, Animal Político, El
Economista y la Red de Documentación de las Organizaciones de Defensoras de
Migrantes.