A pesar de que en Hidalgo el aborto es legal cuando el producto es consecuencia de un abuso sexual, en los últimos cinco años no hay registro de ninguna autorización para interrumpir un embarazo originado por una violación, aún con las peticiones y exigencias de ley por parte de víctimas y familiares.
A jueces y ministerios públicos hubo solicitudes para que, por medio de la intervención quirúrgica, menores que sufrieron por este crimen tuvieran la posibilidad de no ser madres a edad temprana. Todas fueron denegadas.
De enero de 2010 a septiembre de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) recibió 2 mil 212 denuncias por violación, de acuerdo con un documento proporcionado a Criterio por la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo, el cual también señala que no hubo una sola autorización para que en clínicas de la entidad se interrumpieran embarazos no deseados ocasionado por abusos sexuales.
Geraldina García Gordillo, secretaria de Salud, argumentó que aunque está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, (por la actual legislación) se requiere de una orden judicial para practicar estas intervenciones. Pese a que, en promedio, cada mes se denuncian 32 relaciones sexuales forzadas con riesgo de embarazo, la dependencia no ha recibido estas autorizaciones.
“Siempre he defendido, no es de ahora, el derecho de las mujeres a decidir”, afirmó la funcionaria, quien añadió en entrevista que las interrupciones realizadas son, principalmente, “por razones médicas”.
No obstante, en la respuesta a la solicitud de información (folio 00170715) dirigida por Criterio, la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo precisa que por otras causales que contiene el artículo 158 del Código Penal, como la malformación congénita o que esté en riesgo la vida de la madre o el producto, tampoco han practicado abortos.
Ese documento también refiere que desde 2010 los Ministerios Público, que no han autorizado el aborto asistido por violación, recibieron denuncias contra 76 mujeres que sin orden judicial interrumpieron su embarazo, delito que se castiga con uno a tres años de prisión.
Una docena de las denuncias se realizó entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año: seis en Pachuca, dos en Ixmiquilpan, dos en Tulancingo, una en Mineral de la Reforma y otras en Tepehuacán de Guerrero.
Además, una mujer de 24 años, ya sentenciada, se encuentra recluida en el Centro de Readapatación Social (Cereso) de Tula. Actualmente, según el oficio proporcionado por el gobierno estatal, es la única presa en Hidalgo por este ilícito. No obstante, de agosto de 2012 a diciembre de 2013 se llevaron a cabo otros siete juicios penales contra mujeres por el delito de aborto y se dictó una sentencia.
En ese año había tres mujeres hidalguenses en prisión definitiva y una más en prisión preventiva, según el estudio Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, que difundió la asociación civil Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) en agosto pasado.