Familiares del preso Alejandro Rafael Islas Naga, recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, pidieron a diputados locales su intervención por la ingobernabilidad que prevalece en la penitenciaría.
Los quejosos señalaron que desde su traslado del penal capitalino, el interno Fermín Cortes Aguilar controla una de las galeras donde se ubican los dormitorios de los reclusos, sin que las autoridades del penal pongan orden pues, presuntamente, también los tiene amedrentados.
Fabiola Islas Naga, hermana de Alejandro, señaló que desde hace unos días su familiar ha recibido amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de Cortés Aguilar bajo el argumento que “no le cae bien”.
Sin embargo, el problema de antipatía con el reo no es el único caso, pues desde su llegada a Pachuca del Cereso de Tulancingo, donde presuntamente organizaba una fuga masiva, Fermín ha sacado a una veintena de internos de la galera.
A pesar que ha solicitado audiencia con el director del Cereso, Noé Vite Rivera, así como el subdirector Marcos Morales, no ha tenido respuesta, dijo la hermana.
Por la peligrosidad que representa el interno, sentenciado por homicidio, los familiares de Alejandro enviaron una carta al gobernador Francisco Olvera e interpusieron una denuncia en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
“Es una persona muy agresiva (Fermín), pues me imagino que sufre de problemas de personalidad, pues no es la primera vez que tiene problemas de este tipo (sic); las autoridades de la penitenciaría y hasta los jefes de seguridad no pueden poner orden, pues están amenazados (por el interno), pues tiene contactos con medios de comunicación”, agregó.
Los familiares del interno esperan una audiencia, la próxima semana, con el director de Prevención y Readaptación Social de Hidalgo, Jorge Lima Morales.
Este caso refleja los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (SNSP) 2014, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual señala ingobernabilidad en la penitenciaría de Pachuca, la cual fue reprobada con 5.48 de calificación.
La CNDH registró privilegios, objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población en el Cereso de Pachuca. Asimismo, deficiencia en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del penal.