Jimmy Carter no era un candidato carismático, pero fue el único capaz de vender a los estadounidenses la imagen de un hombre honesto.
Le arrebató la presidencia a Ford en noviembre de 1976 porque convenció a los electores de que conseguiría devolver a Estados Unidos la dignidad arrebatada por la guerra de Vietnam, la crisis petrolera y el ominoso Watergate.
Aunque Carter jamás conoció la pobreza, sí supo de escasez. Su niñez transcurrió jugando en los algodonales georgianos durante la Gran Depresión. Tiempos aciagos en los que poco importó que su padre fuera un próspero granjero, pues su casa carecía de electricidad y agua corriente.
Cuando llegó al poder, la economía de Estados Unidos estaba en crisis. Carter tenía que demostrar que podía hacer más con menos. Apostó pues por el Presupuesto Base Cero (PBC), un esquema de gasto ideado por el empresario Peter A. Pyhrr para sanear las finanzas de una compañía electrónica.
Las ventajas teóricas del esquema son innegables: reduce los gastos 25 por ciento en promedio, elimina duplicidades programáticas y, sobre todo, permite una rigurosa rendición de cuentas.
Pero la esencia de un PBC es tan simple como intrincada es su realización: hay que comenzar de la nada.
El 100 por ciento del gasto se asigna en función de las necesidades reales de una empresa o economía, no de sus inercias. Cada programa justifica su existencia, es evaluado y si no ofrece resultados, se va.
PBC EN MÉXICO
En México, un primer intento de PBC se debate actualmente. En septiembre, la LXIII Legislatura recibió una propuesta de manos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que deberá escudriñar, reformar y votar a más tardar el 31 de octubre.
La propuesta hacendaria para el 2016 apuesta alto por un repunte en la recaudación del ISR (más mano dura sobre los contribuyentes cautivos) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava gasolinas y artículos de lujo.
Es ingenua en el rubro cambiario: el gobierno asume que la paridad promedio en 2016 será de 15.9 pesos por dólar.
Y propone una obligada reducción al gasto de 133 800 millones de pesos (0.7 por ciento), pero en el renglón equivocado.
En esta vida, grosso modo, hay dos tipos de gasto: corriente y de inversión. El primero es un grifo abierto, es necesario pero no generará ingresos futuros (se destina a nóminas, servicios, materiales). El segundo, construye riqueza futura.
Las cifras hablan fuerte sobre las prioridades de la SHCP: propone recortar sólo 3.6 por ciento el gasto corriente, pero casi seis veces más el gasto de inversión (21 por ciento).
FORMA, SIN FONDO
Al anunciar un PBC, el gobierno mexicano perseguía el mismo objetivo que el estadounidense hace cuarenta años: devolver un atisbo de dignidad a un país diezmado vía un gasto “transparente”.
Y si bien este funcionó en las empresas como Alcoa o Boston Scientific, fue efímero en Estados Unidos o en Argentina (en donde se intentó en la década de 19 80) porque la asignación del gasto público es un proceso político, no uno administrativo.
En México, en particular, los obstáculos son múltiples:
El 78 por ciento del gasto ya está etiquetado (3.3 billones de pesos en 2016) de forma inamovible para educación, pensiones, servicios de salud y seguridad nacional.
La rendición de cuentas precisa de reformas legales. El Ramo 33 (Aportaciones Federales), por ejemplo, posee fondos que nutren las carteras de los gobiernos estatales, pero adolece de mecanismos que obliguen a transparentar su ejercicio.
Rehacer el gasto es una tarea titánica en cuestión de tiempo y recursos financieros (la falta de ambos propició el fracaso de la versión de Carter). México improvisó el suyo en seis meses.
El dinero es poder. El brazo financiero del gobierno (SHCP) anuncia recortes mientras su brazo político (Segob) ofrece prebendas a los sectores que lo ponen en jaque, como el magisterio.
Nadie querrá perder privilegios en 2016, comenzando por los legisladores. Y para el anecdotario, Jimmy Carter fue presidente sólo cuatro años, su futuro estaba en la promoción de la paz, no en la gestión de presupuestos.