Durante los últimos ocho años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha emitido un total de 12 recomendaciones por casos de tortura en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH).
Tras las recomendaciones por violación a los derechos humanos, los elementos que incurrieron en este tipo de prácticas se hicieron acreedores a “sanciones” del tipo administrativo, en ninguno de los casos se llevó a cabo la destitución de los involucrados.
Esto fue dado a conocer por la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a través del folio número 00073915, en el que se requirió conocer cuántas recomendaciones por tortura emitidas por la CDHEH recibió la SSPH durante el periodo que estuvo al frente Damián Canales Mena, quien tomó el cargo en 2007, tras la ejecución del exsecretario de Seguridad, Mario Souverbille, y desde que inició el actual titular del área, Alfredo Ahedo Mayorga, hasta la fecha.
De las 12 recomendaciones, ninguna fue aceptada plenamente por la Secretaría de Seguridad estatal, y se reservó el cargo del servidor público involucrado en alguno de los casos.
“A todos los servidores públicos involucrados se les inició el procedimiento administrativo, para dilucidar lo relativo a su probable responsabilidad”, se detalló.
Bajas
De acuerdo con información emitida por la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a la solicitud de información con folio número 00059215, en los últimos cuatro años, un total de 591 bajas se han dado en la corporación.
En el informe facilitado, se negó que algún elemento haya causado baja por la comisión de delitos cometidos, entre ellos, casos de tortura y abuso de autoridad.
Fue 2013 el año que concentró la mayor cantidad de elementos que abandonó las filas de la corporación durante el periodo comprendido del año 2011 a 2014 pasado.
La tendencia se mantuvo durante el año anterior, cuando se registraron 161 bajas, seguido de 2012, con 155, y 2011, con 111.
Entre los principales motivos por los que se registraron estas bajas, se informó que el mayor número de casos se dio por renuncia voluntaria con un total de 450 registros. A este motivo, le sigue el levantamiento de actas administrativas con 63.
Como tercer motivo se ubicaron las defunciones con 28 casos; en cuarto escalafón se encontró la jubilación con 20; en quinto conclusión de encargo con seis registros, y finalmente por abandono de empleo 16 causaron baja.
En el caso de la Policía Industrial Bancaria, durante el mismo periodo se presentaron 972 renuncias y 197 bajas.
Además, señala el documento, “hasta el momento la autoridad competente no ha notificado a esta dependencia alguna resolución que imponga sanción contra las autoridades señaladas en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, como probables responsables de supuestos actos de tortura”.
Entre las prácticas a que recurren agentes policiales y que han sido comprobadas por el organismo defensor de los derechos humanos, se encuentran introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido, descargas eléctricas en partes nobles, semiasfixia a través de bolsas de plástico, violación, golpes, entre otras.
Sólo este año, la SSPH ha recibido tres recomendaciones de la CDHEH, dos de ellas por tortura, en hechos donde se vieron involucrados 20 elementos.
Con fecha del 8 de junio, la CDHEH emitió la recomendación R-TB-0005-15, contra nueve elementos de seguridad pública quienes cometieron abusos a cuatro personas, por hechos ocurridos en el municipio Tulancingo.
Los detenidos, de acuerdo con el expediente, fueron golpeados con un bate, se les dislocaron miembros, además de violarlos con un palo, penetrándoles el recto, mientras les apretaban los testículos o les daban toques eléctricos en éstos, entre otros abusos.
En este caso, los responsables fueron identificados como Víctor Manuel Olave Leyva, Juan Pablo Baños Neri, Damián Román Saenz Soto, Enrique Gutièrrez Delgadillo y Samuel Hugo Martínez López, comandante y elementos, respectivamente, de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Tulancingo de Bravo.
Además de Ana Lydia Licona Mota, médica legista de Seguridad Pública de Tulancingo; Francisco Vargas Hernández y Benigno Contreras Ramírez, agentes de la Coordinación de Investigación de la Agencia de Seguridad e Investigación de Hidalgo, y Roberto Ortega Rodríguez, agente de Investigación adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro.
Otra recomendación emitida con la misma fecha, 8 de junio del presente año, se asentó con el numero R-A-0006-15, por hechos ocurridos en Apan, según el expediente CDHEH-A-0196-13.
En este caso, el afectado fue un exagente de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo municipio, a quien torturaron para obligarlo a declarar una supuesta vinculación con la delincuencia organizada, en el atentado a tiros ocurrido el 28 de abril contra instalaciones de la comandancia de seguridad en Tula, por un grupo de al menos 20 civiles armados.
A base de tortura, los responsables -identificados como Guillermo Cruz Mijangos y Erlan Martínez Hernández, agentes de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo-, habrían obligado a exelementos de Seguridad Pública a confesar su relación con los hechos.