“Más que un éxito para los acusadores y un revés para la defensa de Ríos Montt, este fallo fortalece el sistema judicial guatemalteco”, dijo el abogado Edgar Pérez que trabaja para la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), quien considera que la defensa del dictador ya no podrá beneficiar al exdictador con una amnistía.
La resolución dictaminada este jueves, es un símbolo de justicia y podría dar a otros casos futuros el castigo que violadores de los derechos humanos durante la Guerra Civil Guatemalteca (1960-1996) merecen.
El exdictador de 89 años de edad buscaba acogerse a una ley de amnistía que data de 1986, la cual no es vigente, pues fue reemplazada por otra aprobada en 1996.
“Simplemente la resolución vino a confirmar lo que nosotros hemos planteado, que es inaplicable la amnistía a Ríos Montt por ser una ley que ya fue derogada”, manifestó Pérez.
La ley de 1996, denominada Ley de Reconciliación Nacional, deja en claro que quedan excluidos de la amnistía los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, genocidio siendo el cargo que presenta el dictador.
Pérez consideró también que si le otorgaba esa opción al exgobernante, el país estaría rompiendo con tratados y convenios internacionales que obligan a investigar, procesar y castigar el delito de genocidio y violaciones de lesa humanidad.
“Consideramos de gran trascendencia la resolución de la Sala porque confirma que el delito de genocidio no puede tener amnistía”, afirman las organizaciones querellantes en la nota de prensa.
El 10 de mayo de 2013, tras varios meses de audiencias, un tribunal encontró a Ríos Montt culpable de genocidio y lo condenó a 80 años de prisión, la sentencia fue anulada diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad debido a errores procesales, alegados por la defensa.
El exdictador, quien fue diagnosticado con demencia en agosto pasado, se libró de un nuevo juicio ordinario por genocidio y en su lugar enfrentará un proceso especial que, de ser hallado culpable, no conlleva prisión.
Ríos Montt, enfrenta cargos por la matanza de 1771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala, entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de la guerra civil guatemalteca de 36 años.
La Guerra Civil Guatemalteca duró 36 años que dejó un saldo de 200 000 muertos o desaparecidos, el 93% de las violaciones son responsabilidad del Estado, según un informe de la ONU.
(Con información de AFP)